Más de 13 millones de ecuatorianos comenzaron a votar este domingo en Ecuador en unas polarizadas elecciones presidenciales, marcadas por un rebrote de la pandemia de coronavirus, la crisis económica que deja un Gobierno altamente impopular y el correísmo que busca retomar el poder.
El proceso eleccionario arrancó a las 7 (9 hora argentina) y terminará a las 17 (19 de Argentina), y en él los ecuatorianos eligen a su próximo presidente, pero también a 137 miembros de la Asamblea Legislativa y cinco representantes del Parlamento Andino en los 4.276 recintos habilitados en el país y otros 101 dispuestos en el exterior.
Aunque la carrera presidencial la integran 15 hombres y una mujer -un récord en la historia de la democracia ecuatoriana-, solo dos parecen perfilarse para una probable segunda vuelta el 11 de abril: el banquero Guillermo Lasso y el protegido de Correa, el economista Andrés Arauz.
Según los últimos sondeos, publicados antes de la veda electoral el 29 de enero, el favorito era Arauz, con una media de 35,4% de los votos, seguido por Lasso, con un promedio de 26,3%, y tercero figuraba Yaku Pérez, candidato del partido Pachakutik, brazo político del movimiento indígena, con una media de 16,2%.
Según estos datos ningún aspirante obtendría la mayoría absoluta de votos válidos ni el 40% de los sufragios, con una diferencia de 10% sobre la segunda fuerza, necesarios para alzarse con el triunfo en primera vuelta.
Los indecisos, en tanto, suman promedio del 14% y los votos blancos y nulos alrededor del 17% y será la franja que defina la elección, en un contexto donde el llamado voto oculto -que no se cuenta en los sondeos- y las persecuciones políticas serán relevantes.
Los comicios suponen el principio del fin del Gobierno de Lenín Moreno, quien termina su mandato sumido en un ocaso político, en plena crisis económica y sanitaria, con un criticado manejo de la pandemia, socialmente deslegitimado y tildado de "traidor" por el movimiento correísta que lo llevó al poder hace cuatro años.
Poco después de su asunción en 2017, el mandatario rompió con su predecesor, a quien acusó de corrupción y endeudamiento irresponsable, e inició un giro radical en materia económica y un alineamiento con Washington.
Buscó nuevos acuerdos comerciales, alianzas con el sector privado y una apertura de la minería a nivel industrial, pero la economía nunca despegó y se ahondaron las tensiones sociales, por lo que terminó engrosando la deuda pública al acudir a organismos de crédito como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
