Se definió cuál será el salario mínimo para 2026 que impactará en todos los trabajadores.
Con el cierre del calendario político y económico de 2025, Colombia asistió a uno de los anuncios más trascendentes del año: la definición del salario mínimo para 2026. Tras semanas de negociaciones tensas, reuniones sin consenso y cruces públicos entre sindicatos, empresarios y funcionarios del Ejecutivo, el presidente Gustavo Petro optó por firmar el decreto presidencial que fijó el nuevo ingreso base de millones de trabajadores.
La medida no solo puso punto final a la agenda económica del año, sino que reabrió un debate estructural sobre el modelo salarial del país, el rol del Estado en la fijación de ingresos y el impacto real de los aumentos sobre el empleo, la inflación y el consumo interno. El dato central no pasó desapercibido: el salario mínimo aumentó un 23,7%, convirtiéndose en el incremento más alto desde la promulgación de la Constitución de 1991.
Según cifras oficiales, más de 2,4 millones de trabajadores que perciben el salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) serán impactados de forma directa por la decisión, mientras que millones más lo sentirán de manera indirecta a través de los valores indexados a ese ingreso.
El aumento del salario mínimo para 2026 fue definido por decreto presidencial, luego de que la mesa de concertación salarial fracasara una vez más en su objetivo central: alcanzar un acuerdo entre las partes. Empresarios y centrales obreras mantuvieron posiciones distantes hasta el último momento, sin lograr un punto de equilibrio.
Mientras los gremios empresariales advertían sobre los riesgos inflacionarios y el impacto en los costos laborales, los sindicatos reclamaban una recomposición profunda del poder adquisitivo perdido durante años. En el medio, el Gobierno defendió una postura que priorizó el ingreso real de los hogares trabajadores, incluso a costa de asumir el costo político de una decisión unilateral.
Finalmente, Gustavo Petro firmó el decreto antes de finalizar diciembre, cumpliendo con el plazo legal y dejando definido uno de los pilares económicos del inicio de 2026.
El nuevo salario mínimo quedó fijado en 1.750.905 pesos colombianos, una cifra que marca un salto significativo respecto del valor vigente en 2025. A ese monto se le suma el subsidio de transporte, que fue establecido en 249.095 pesos, llevando el ingreso mensual total de los trabajadores que ganan el mínimo a dos millones de pesos.
Este número no es menor en el contexto económico del país. El aumento del 23,7% supera ampliamente la inflación interanual de noviembre, que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) se ubicó en 5,3%, y también deja atrás las propuestas presentadas durante la negociación.
Los empresarios habían puesto sobre la mesa un ajuste del 7,21%, mientras que los sindicatos exigían un incremento del 16%. La decisión final del Ejecutivo no solo superó ambas posiciones, sino que rompió con los parámetros históricos de ajuste salarial en Colombia.
Uno de los aspectos más relevantes del anuncio fue la reafirmación de un nuevo enfoque: el salario mínimo vital. A diferencia del salario mínimo tradicional, este concepto se apoya en los estándares promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y busca garantizar que el ingreso básico permita cubrir las necesidades esenciales de una familia trabajadora.
Estas necesidades incluyen alimentación, vivienda, vestimenta, salud, educación y transporte, elementos que, según el Gobierno, no siempre quedan cubiertos con los ajustes basados exclusivamente en inflación o productividad.
Durante su intervención del 23 de diciembre, el presidente Petro fue explícito: “El salario que calculamos no es individual, es familiar”, afirmó, al explicar que el modelo considera la canasta mínima vital familiar y el promedio de personas que aportan ingresos en cada hogar.
Este cambio de paradigma representa, según analistas, una modificación estructural en la forma de concebir el ingreso base en Colombia, alejándose de una lógica puramente macroeconómica para incorporar variables sociales.
El incremento de 2026 no puede analizarse de manera aislada. En 2025, el salario mínimo había aumentado un 9,54%, alcanzando los 1.423.500 pesos. Con el nuevo decreto, el aumento acumulado durante los cuatro años del gobierno de Petro alcanza niveles sin precedentes.
Desde el Ejecutivo sostienen que esta política salarial ha tenido efectos positivos sobre el mercado laboral. El presidente ha insistido en que, contra lo que plantean algunos economistas tradicionales, el aumento del salario mínimo no genera desempleo, sino que, por el contrario, contribuye a dinamizar la economía y fortalecer la demanda interna.
Esta postura, sin embargo, sigue siendo objeto de debate. Sectores académicos y empresariales advierten que los incrementos abruptos podrían presionar la informalidad, especialmente en pequeñas y medianas empresas.
El nuevo salario mínimo no solo impacta a quienes lo perciben de manera directa. Decenas de variables económicas están indexadas al SMMLV, lo que significa que el aumento repercutirá en múltiples áreas.
Entre los valores que se ajustan automáticamente se encuentran las cotizaciones a salud y pensión, las multas, los aportes laborales, las cuotas de algunos servicios y el auxilio de transporte. Esto implica un reordenamiento general de costos tanto para empleadores como para trabajadores.
De acuerdo con estimaciones preliminares, más de tres millones de trabajadores formales se verán beneficiados de manera directa, mientras que el aumento del ingreso disponible podría impulsar el consumo interno durante el primer semestre de 2026.
Desde el Gobierno confían en que este efecto dinamizador contribuya a la reactivación económica, especialmente en sectores como comercio, servicios y producción local.
Uno de los puntos que más expectativa genera es el auxilio de transporte, un componente clave del ingreso de los trabajadores que devengan el salario mínimo. Los primeros cálculos indican que este beneficio podría ubicarse entre 170.000 y 185.000 pesos en 2026, dependiendo del ajuste final que se determine.
Este auxilio representa aproximadamente el 10% del salario mínimo legal mensual y está directamente vinculado a la evolución del SMMLV. Si el incremento se acerca al 12%, el total que recibiría un trabajador —incluyendo salario y auxilio— podría superar los 1.780.000 pesos mensuales, una cifra que marcaría un nuevo récord histórico para los ingresos más bajos del país.
La decisión del Gobierno no estuvo exenta de reacciones. Las centrales obreras celebraron el anuncio, destacando que se trata de un paso firme hacia la recuperación del poder adquisitivo y la reducción de la desigualdad.
Del otro lado, los gremios empresariales expresaron preocupación, señalando que el aumento podría elevar los costos operativos, afectar la competitividad y generar presiones inflacionarias en el mediano plazo.
Analistas económicos coinciden en que el verdadero impacto del aumento se medirá a lo largo de 2026, cuando se puedan evaluar variables como empleo formal, inflación, consumo y crecimiento económico.
Más allá de las cifras, el aumento del salario mínimo para 2026 reinstala una discusión de fondo: ¿cuál debe ser el rol del Estado en la garantía de condiciones de vida dignas? Para el Gobierno de Gustavo Petro, la respuesta es clara: el salario no debe ser apenas un número, sino una herramienta de justicia social.
Con el decreto firmado y el año cerrado, Colombia inicia 2026 con el salario mínimo más alto de su historia reciente, en un contexto económico desafiante y con una sociedad que observa atentamente los efectos de una decisión que promete seguir dando que hablar.
