La legislación argentina permite modificar el apellido paterno solo cuando existen “justos motivos”.
La legislación argentina permite modificar el apellido paterno solo cuando existen “justos motivos”.
Cambiar el apellido paterno en Argentina no es un trámite automático. La legislación vigente establece que cualquier modificación del apellido debe fundarse en la existencia de “justos motivos” y, como regla general, requiere una decisión judicial, con el objetivo de resguardar el derecho a la identidad y la seguridad jurídica.
El Código Civil y Comercial de la Nación reconoce al nombre (que incluye el prenombre y el apellido) como un atributo esencial de la personalidad, en el artículo 62, y dispone, en su artículo 69, que su modificación solo puede darse cuando existan “justos motivos”, cuya valoración queda en manos del juez.
Si bien en determinados supuestos el trámite puede realizarse ante el Registro Civil, cuando la solicitud apunta a suprimir, reemplazar o desvincular el apellido paterno, la vía judicial resulta la más habitual.
La ley no define de manera cerrada qué se entiende por un “justo motivo”. El propio artículo 69 utiliza una enumeración no taxativa, lo que habilita a los jueces a analizar cada caso según sus particularidades.
La jurisprudencia sostiene que los justos motivos deben consistir en “razones serias, razonables y fundadas”, capaces de justificar una excepción al principio de estabilidad del apellido. En ese marco, se evalúa si el apellido paterno provoca un perjuicio concreto (material, moral o emocional) y si el cambio solicitado afecta el orden público o los derechos de terceros.
En el caso de niños, niñas y adolescentes, el criterio judicial suele ser más flexible, dado que el apellido aún no tuvo una proyección social consolidada. En estos supuestos, se prioriza el interés superior del menor por sobre la regla de inmutabilidad.
A partir de este marco legal, la práctica judicial muestra que los pedidos de cambio del apellido paterno prosperan cuando se acredita que su mantenimiento genera un impacto negativo concreto en la vida de la persona. No alcanza con una preferencia personal o un desacuerdo familiar: el solicitante debe demostrar un perjuicio real y actual.
Los tribunales admiten la modificación cuando el apellido paterno se encuentra vinculado a violencia familiar, abandono, abuso o hechos graves que afectaron el vínculo parental, o cuando su uso provoca un daño psicológico o compromete la estabilidad emocional.
También se consideran atendibles los casos en los que la persona fue criada exclusivamente por una figura parental distinta al padre biológico y el apellido no refleja su historia familiar ni su identidad, así como aquellos en los que existen errores registrales o inscripciones defectuosas.
Asimismo, la Justicia evalúa pedidos fundados en razones culturales, étnicas o religiosas que inciden directamente en la identidad personal, y en situaciones en las que el apellido paterno posee una connotación socialmente vejatoria o estigmatizante.
En todos los supuestos, el juez analiza las circunstancias particulares del caso, la prueba producida y el impacto concreto del apellido en la vida cotidiana de la persona solicitante, y verifica que la modificación no afecte el orden público ni los derechos de terceros.
Existen situaciones en las que la ley reconoce de antemano la existencia de “justos motivos” y no exige intervención judicial para modificar el apellido. Entre ellas se encuentran los trámites vinculados a la identidad de género, regulados por la Ley 26.743, que se realizan por vía administrativa ante el Registro Civil, los casos de desaparición forzada, apropiación ilegal de personas o alteración o supresión del estado civil o de la identidad, y la corrección de errores registrales manifiestos.
El inicio del trámite depende del caso. Cuando el pedido se encuadra en supuestos expresamente reconocidos por la ley, la solicitud puede realizarse directamente ante el Registro Civil, sin necesidad de una decisión judicial previa.
En cambio, cuando se busca suprimir, reemplazar o desvincular el apellido paterno por razones personales, familiares o vinculadas a un perjuicio emocional o identitario, el trámite debe iniciarse por la vía judicial. En estos casos, la presentación se realiza ante un juzgado de familia, con patrocinio de un abogado, y el juez evalúa si existen “justos motivos” que justifiquen el cambio.
Si la resolución judicial resulta favorable, se ordena la inscripción de la modificación en el Registro Civil, lo que permite luego la actualización del DNI y del resto de la documentación personal
