La protesta también es contra la Corte Suprema de Justicia por tramitar el retiro de inmunidad a magistrados constitucionales, que con sus fallos han frenado varios intentos de políticos por detener la lucha contra la corrupción e impunidad.
Además, apuntan contra la fiscal general Consuelo Porras por haber solicitado el retiro de inmunidad de los magistrados constitucionales y su falta de acción en persecución penal en algunos temas de corrupción.
Lo que colmó la paciencia de la ciudadanía guatemalteca fue el manejo que se le dio a la discusión del presupuesto en el Congreso, que terminó aprobando unos 12.700 millones de dólares la madrugada del miércoles mientras la población dormía.
El presupuesto aprobado por 116 de 160 diputados en el Congreso, entre diputados oficialistas y aliados, redujo dinero en temas para la atención primaria a pacientes de COVID-19, educación, lucha por los derechos humanos, la atención a nutrición, entre otros. En contraste, fortaleció ministerios como Infraestructura y Vivienda que en gobiernos anteriores han sido botín de corrupción.