La medida afecta los viajes marítimos y aéreos entre ambos países y obliga a presentar documentación para cruzar las fronteras. El gobierno italiano justificó la decisión por razones de seguridad, mientras que Madrid cuestionó las críticas de Roma sobre la política migratoria española.
El gobierno italiano justificó la decisión por razones de seguridad, mientras que Madrid cuestionó las críticas de Roma sobre la política migratoria española. (Foto: Reuters)
Italia suspendió de manera temporal el régimen de libre circulación con España en medio de la crisis migratoria que afecta a Ceuta y abrió un nuevo frente de tensión política entre la primera ministra Giorgia Meloni y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
La decisión implica la reintroducción de controles fronterizos en las conexiones marítimas y aéreas entre ambos países y la obligación de presentar documentos de identidad para viajar. Sin embargo, el Gobierno italiano aclaró posteriormente que las verificaciones serán aleatorias y alcanzarán únicamente a ciudadanos de países que no integran la Unión Europea que lleguen desde territorio español.
El Ministerio del Interior de Italia dispuso la medida luego de la llegada masiva de migrantes a Ceuta, el enclave español ubicado en el norte de África, donde miles de personas ingresaron desde Marruecos en los últimos días.
Meloni defendió la decisión y sostuvo que responde a razones de seguridad nacional. A través de sus redes sociales, explicó que Italia decidió "suspender temporalmente el régimen de libre circulación previsto por el Acuerdo de Schengen en las conexiones marítimas y aéreas con España, reintroduciendo los controles fronterizos".
"Se trata de una medida extraordinaria, adoptada para proteger la seguridad nacional y prevenir posibles repercusiones para nuestro país. La medida permanecerá en vigor únicamente durante el tiempo necesario, prestando especial atención a limitar cualquier impacto sobre los flujos turísticos del verano", afirmó.
La primera ministra también expresó el respaldo de Italia a eventuales iniciativas de la Unión Europea para colaborar con España en el control de sus fronteras exteriores.
"Italia está dispuesta a apoyar toda iniciativa europea de respaldo a las instituciones españolas que sea necesaria para restablecer el pleno control de las fronteras exteriores de la Unión Europa y afrontar con determinación la situación actual", señaló.
Además, remarcó que "defender las fronteras significa defender la seguridad de los ciudadanos, combatir la inmigración irregular y golpear a las redes criminales que trafican con seres humanos".
La decisión provocó una fuerte reacción política en España y profundizó las diferencias entre ambos gobiernos sobre la gestión migratoria.
El foco de la discusión gira en torno a la responsabilidad compartida de los países europeos frente a los flujos migratorios y a los principales puntos de ingreso al continente, entre ellos Ceuta y la isla italiana de Lampedusa.
La tensión aumentó luego de que el viceprimer ministro y canciller italiano, Antonio Tajani, cuestionara la política migratoria del Ejecutivo español y afirmara que Madrid había otorgado la ciudadanía española y europea a más de 500.000 inmigrantes irregulares.
El Gobierno español rechazó esas declaraciones y aclaró que las medidas adoptadas por Sánchez consistieron en la regularización de personas que ya residían y trabajaban en el país, sin que ello implicara la concesión de la ciudadanía.
En ese contexto, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, convocó al embajador italiano en Madrid y calificó como "impropio" el mensaje de Tajani. Además, reclamó solidaridad europea frente a la crisis migratoria y cuestionó el uso político del tema.
Según explicó Albares, la situación en Ceuta no está vinculada con los procesos de regularización impulsados por el Gobierno español, sino con una reciente sentencia de la Corte Suprema que impide repatriar a las personas que ingresan a nado al territorio español.
La controversia entre Madrid y Roma se produjo mientras continúan los debates en la Unión Europea sobre cómo afrontar el aumento de los flujos migratorios y reforzar el control de las fronteras exteriores del bloque.
