"Con motivo de la actual emergencia sanitaria internacional" todas las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa "se desarrollarán sin la presencia física de fieles", indicó la Prefectura de la Casa Pontificia, al tiempo que aseguraron que las audiencias de los miércoles el Ángelus dominical se realizarán mediante streaming, al menos hasta 12 de abril.
Asimismo, durante la misa matutina, el Santo Padre se refirió a la pandemia y afirmó: "Hoy quisiera hacer una oración especial con todos ustedes por las personas que con su trabajo garantizan el funcionamiento de la sociedad: los trabajadores de las farmacias, supermercados, transporte, policías" y agregó: "Oremos por todos aquellos que trabajan para que la vida social, la vida en la ciudad, pueda continuar en este momento".
España
Durante el primer día de confinamiento masivo en toda España, con la policía y el Ejército como principales protagonistas de la cuarentena que se extenderá por 15 días, se registraron 7.753 infectados, de los cuales 382 están en terapia intensiva; y 288 fallecidos, según informó el Ministerio de Sanidad.
En las últimas horas, el Covid-19 registró un 40% de aumento en los infectados: solo en Madrid se contabilizaron 3.544 casos, aunque estiman que estos números serían aún más elevados ya que advirtieron que no se hacen análisis para aquellos que cuenten con síntomas leves.
Con la campaña #EsteVirusLoParamosUnidos, el gobierno que lidera Pedro Sánchez busca achatar la tasa de contagio que se registra en el país ibérico, ya que la gran cantidad de pacientes está colapsando el sistema público de salud.
Con el objetivo de que el confinamiento impuesto por el Gobierno sea acatado por los ciudadanos, la vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo, en un comunicado, explicó que "las sanciones pueden incluir multas, delito de desobediencia, todo aquello que puede ocurrir cuando te saltas una norma".
Según informaron, quienes no acaten lo impuesto por la gestión de Sánchez podrían ser sancionados con 30.000 euros en los casos más graves, o 60.000 a los que ponen en riesgo la salud pública. En tanto, si se incumplen estas restricciones de manera reiterada, la pena puede ser de un año de prisión o 600.000 euros.