Vialidad: el fiscal federal Diego Luciani finalizó este lunes su alegato contra Cristina Fernández de Kirchner.
Pasadas las 15 horas de este lunes, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola comenzaron a dar a conocer este lunes el pedido de penas para los acusados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Kirchner, por presuntas irregularidades en la obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Para todos los funcionarios acusados pidieron la inhabilitación perpetua, es decir que no puedan volver a ocupar cargos públicos. Asimismo, pidió una pena de 12 años para CFK.
El pedido de condena fue formulado por el fiscal Diego Luciani ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, tras considerar que la exmandataria fue la "jefa de la asociación ilícita", a la que se acusa además de haber cometido el delito de administración fraudulenta contra el erario público.
Luiciani también pidió que se condene a 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez, mientras reclamó penas de 10 años de cárcel para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José Francisco López; y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti.
Antes de solicitar las condenas, el fiscal le habló a los jueces y utilizó su tiempo también para referirse al impacto de la corrupción: "Sin justicia no hay orden ni paz social. Hoy la sociedad reclama justicia. Está en sus manos, señores jueces. Una sentencia ejemplar puede constituir el primer paso para que las instituciones recuperen la confianza", dijo.
"Señores jueces, este es el momento: es corrupción o justicia", añadió en dirección a los magistrados del TOF 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andres Basso, y aprovechó el tiempo también para afirmar que la sociedad debería estar "orgullosa" del trabajo de la fiscalía.
El representante del ministerio público fiscal también requirió el decomiso de unos 5.321 millones de pesos para ser destinados a instituciones de bien público, dado que para la acusación ese es el monto del supuesto perjuicio para las arcas del Estado.
"Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad. Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país", aseguró el fiscal en la parte final de su alegato, justo antes de formular los pedidos de pena.
Antes de adentrarse en los años de condena que pediría para cada uno de los imputados, el fiscal volvió a referirse, aunque en forma genérica, a los supuestos delitos investigados y a la participación atribuida a cada uno de los imputados.
Los párrafos más críticos se los dedicó a la ex mandataria, a quien acuso de haber defraudado "las expectativas de los ciudadanos que la votaron" y a quien le espetó el haber "demostrado desprecio hacia la ciudadanía en general y hacia los ciudadanos de Santa Cruz en especial".
También, antes de pasar al "petitorio", el fiscal le solicitó al tribunal que extraiga testimonios en relación a situaciones ocurridas durante el juicio, a fin de que se investigan posibles delitos de acción pública que hasta aquí no habían sido tratados, como la supuesta participación de las empresas Petersen y Esuco en los hechos.
En paralelo, Cristina Fernández de Kirchner pidió esta mañana ampliar su declaración sobre la causa Vialidad, previo al pedido de condena de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en el juicio por corrupción en la obra pública en Santa Cruz.
El viernes pasado Diego Luciani se refirió a la calificación penal de las conductas atribuidas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez; el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Kirchner; el Director Nacional de Vialidad, Nelson Periotti; los ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, Raúl Daruich y Mauricio Collareda; y los ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez.
El fiscal consideró que “cuando existen acuerdos espurios entre empresarios y funcionarios, que perduran en el tiempo con el fin de manipular, direccionar, avasallar la rectitud de las licitaciones públicas, con el consecuente saqueo de las arcas del Estado, como ha ocurrido en este caso, es perfectamente posible y adecuado encuadrar las acciones delictivas, en el delito de asociación ilícita”.
A su vez, el fiscal Sergio Mola delineó el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Sostuvo que a excepción de Lázaro Báez, Cristina Kirchner y los demás ex funcionarios públicos nacionales o provinciales, tenían a su cargo la administración del patrimonio público.
En este aspecto, Mola apuntó que “la ex presidente tuvo el dominio sobre los funcionarios cómplices y el empresario fiel, para que llevaran a cabo de manera sostenida la maniobra”.
Es así que concluyeron que la supuesta asociación ilícita que defraudó al Estado, tenía como jefes al fallecido Néstor Kirchner y a Cristina Fernández. En tanto, sus organizadores eran De Vido, López y Periotti. Los demás fueron considerados coautores del delito de administración fraudulenta.
El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mantuvieron hoy un contacto telefónico luego del pedido del fiscal Diego Luciani para que la expresidenta sea condenada a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa por supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, informaron fuentes oficiales.
"La charla fue posterior al alegato del fiscal, conversaron sobre la situación, compartieron opiniones y quedaron en verse pronto", indicaron las fuentes, y refirieron que la conversación fue "muy afectuosa, como siempre".
Apenas conocido el pedido del fiscal, poco antes de las 17.30, Fernández había transmitido su "más profundo afecto y solidaridad" hacia la Vicepresidenta.
"Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas", escribió Fernández en su cuenta de Twitter, y agregó: "Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner".
Y un comunicado oficial del Ejecutivo resaltó que "el Gobierno Nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad".
El jefe de Estado ya había dado a conocer su opinión sobre el juicio de 'Vialidad' el 19 de julio pasado, luego de que la Vicepresidenta dijera que su sentencia en la causa "ya estaba escrita".
En aquella oportunidad, Fernández criticó el manejo de la justicia realizado durante la gestión de Mauricio Macri, apuntó contra los jueces de la Corte Suprema y contra los integrantes del tribunal que hoy juzga a quien fue su compañera de fórmula.
"La Vicepresidenta ha afirmado que en una causa en la que se la enjuicia y en la que el fiscal aún no ha formulado su acusación, su sentencia ya está escrita. Esa afirmación pone en crisis la objetividad del sistema de justicia y la idoneidad moral de los miembros del tribunal", había señalado el Presidente.
