El fallo de la Sala IV fue en el marco del proceso por el hundimiento del ARA San Juan, pero se podría aplicar a la fiscalía de Corrientes que investiga el paradero del nene desaparecido en 2024.
Casación habilitó más fiscales para juicios complejos y podría ser clave para la causa.
La Cámara Federal de Casación Penal avaló la participación de equipos fiscales ampliados en juicios complejos, una decisión que podría marcar un precedente directo en la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña. Esta medida impacta ante el Tribunal que debe dar inicio al debate y lo obliga a que se expida de manera urgente sobre la cuestión.
El fallo fue firmado por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, integrantes de la Sala IV, en el marco de la causa que investiga el hundimiento del ARA San Juan.
La resolución fue celebrada por el fiscal general de Corrientes, Carlos Schaefer, quien impulsa la participación de un equipo más amplio de fiscales en el juicio por la sustracción de Loan. Junto a su adjunta, Tamara Pourcel, solicitó que se revise de manera urgente la limitación impuesta por el tribunal oral, que había autorizado solo dos acusadores.
El planteo cobra relevancia a pocos días de una inspección clave y con el inicio del juicio cada vez más cercano. El 19 de mayo, en la localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes, se producirá un momento bisagra: el reconocimiento judicial de lugares y objetos.
En su fallo, Casación destacó la autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal y validó la posibilidad de conformar equipos según la complejidad de cada causa. Los jueces señalaron que la legislación permite expresamente la intervención conjunta o alternativa de varios fiscales cuando el caso lo requiera.
Además, consideraron que limitar el número de fiscales carece de sustento legal y puede afectar el normal desarrollo del proceso judicial.
Uno de los puntos centrales del fallo fue el análisis del principio de igualdad de armas. La Cámara sostuvo que este no depende de la cantidad de acusadores o defensores, sino de la posibilidad real de ejercer el derecho de defensa.
También cuestionó que el tribunal oral haya impuesto restricciones no previstas en la ley, como impedir alegar a fiscales que no hubieran estado presentes en todas las audiencias.
La decisión refuerza la capacidad del Ministerio Público para organizar su estrategia en causas complejas y sienta un precedente relevante para futuros juicios de alto impacto.
En ese marco, la resolución podría ser determinante para el desarrollo del caso Loan, donde la magnitud y sensibilidad del expediente exigen una estructura acusatoria acorde a su complejidad.