Se trata de una suma cercana a los 2 millones de pesos. La Justicia ya se encuentra investigando para comprender el trasfondo de esta operación.
Una de las tantas marchas organizadas para pedir Justicia por Loan (Foto: archivo).
Una causa conexa contra los presuntos integrantes de la fundación Dupuy generó revuelo tras el descubrimiento de pagos millonarios, que ascienden a más de 1.8 millones de pesos, realizados por la Intendencia de 9 de Julio. El foco de la investigación está en esclarecer si estos pagos corresponden a servicios legítimos o si, como se sospecha, fueron efectuados por trabajos que no contaban con la autorización legal necesaria, algo que podría derivar en graves consecuencias legales.
Uno de los puntos más preocupantes que surgió de la investigación es la participación de supuestos profesionales que, de acuerdo con los registros, no contaban con las habilitaciones adecuadas para llevar a cabo los servicios que facturaron. Esto incluye casos como el de Federico Colombo, quien se presentó como psicólogo, aunque solo contaba con una licencia provincial en Tucumán.
La causa avanza sobre la hipótesis de que los pagos realizados por la Intendencia de 9 de Julio a la fundación Dupuy no se corresponden con servicios debidamente autorizados o ejecutados por profesionales habilitados. En este sentido, uno de los casos que más llamó la atención es el de Federico Colombo, quien se identificó como psicólogo y cobró por servicios relacionados con el apoyo psicológico y moral a menores. Sin embargo, la investigación reveló que su licencia para ejercer como psicólogo estaba limitada a la provincia de Tucumán, lo que plantea un cuestionamiento serio sobre la legalidad de sus intervenciones fuera de dicha jurisdicción.
Este no es un caso aislado. Pablo Núñez, asesor de menores, declaró que muchos de los servicios psicológicos que la fundación Dupuy ofrecía a menores no fueron realizados por profesionales habilitados.
Otro de los nombres que aparece en la causa es el de Verónica Machuca Juni, quien, al igual que Colombo, brindó apoyo psicológico a menores sin contar con el título habilitante necesario para ejercer dicha profesión.
La defensa pública expresó una de las inquietudes más graves en este aspecto: la realización de reconstrucciones con menores, en las que se grabaron videos exponiendo públicamente a los niños sin contar con los permisos necesarios ni con la formación adecuada para tratar este tipo de casos. De acuerdo con una publicación de Infobae, estas actividades habrían sido realizadas bajo el amparo de una fundación que no contaba con la legalidad necesaria para llevarlas a cabo, lo que agrava aún más la situación.
Otro caso que se investiga en relación con la fundación Dupuy es el de Delfina Taborda, quien se presentó como abogada de Camila en diversas entrevistas y medios de comunicación. Taborda buscó instalar hipótesis que vinculaban el caso con la trata de personas. Sin embargo, la investigación ha revelado que dichas hipótesis no coinciden con la información contenida en el expediente judicial.
