Así lo determinó el Juzgado Federal de Goya una vez terminada la instrucción de la investigación. Los imputados están acusados de la sustracción del menor.
Se elevó a juicio la causa contra los siete detenidos por la desaparición de Loan.
Loan Danilo Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el Paraje Algarrobal, localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes y desde entonces se desató una intensa búsqueda que terminó con siete detenidos. En ese sentido, el Juzgado Federal de Goya resolvió elevar a juicio el caso por la sustracción y el ocultamiento del nene que cumplió 6 años estando desaparecido.
Esta decisión fue tomada por la jueza Cristina Pozzer Penzo e impacta en Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez y Walter Adrián Maciel, quienes enfrentarán cargos por la sustracción y ocultamiento del menor.
La etapa del inicio del debate oral llega luego de haberse terminado la investigación en la que intervino el Ministerio Público Fiscal, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y la querella particular representada por los padres de Loan Peña.
Según el requerimiento fiscal, los siete imputados “intervinieron de manera coordinada en la sustracción y posterior ocultamiento de Loan Danilo Peña”. El 13 de junio pasado, el niño asistió junto a su padre a un almuerzo familiar en la casa de su abuela, Catalina Peña, en el Paraje Algarrobal y desapareció camino a un naranjal cercano.
El Ministerio Público Fiscal sostiene que Caillava, Pérez, Ramírez, Millapi, Benítez, Laudelina Peña y el comisario Maciel “tomaron intervención en la sustracción del menor... Para luego ocultarlo hasta el día de hoy”.
La acusación detalla que, tras la desaparición, se montó un escenario para simular la pérdida del niño, incluyendo la plantación de un botín en un lodazal y la difusión de una falsa noticia sobre su hallazgo.
Las defensas de Laudelina Peña, María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez plantearon la nulidad del requerimiento de elevación a juicio y solicitaron el sobreseimiento de sus asistidos, argumentando falta de individualización de las conductas, insuficiencia probatoria y violaciones a las garantías procesales.
La jueza rechazó estos planteos, señalando que “el requerimiento de elevación a juicio cumple con las exigencias previstas... la defensa ha podido conocer el hecho y ejercer cabalmente las funciones propias de su ministerio”.
El artículo 146 del Código Penal prevé una pena de entre 5 y 15 años de prisión para quien “sustrajere a un menor de 10 años del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él, y el que lo retuviese u ocultare”.
En la actualidad, todos los imputados permanecen detenidos en distintas unidades del Servicio Penitenciario Federal, salvo Millapi, quien cumple arresto domiciliario en la provincia de Neuquén.
