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La Procuración General de la Nación volvió a reclamarle al Gobierno Nacional que tome medidas para evitar que los jefes narcos sigan manejando el negocio ilícito desde las cárceles federales. Los fiscales volvieron a insistir en que se le preste atención a un informe de octubre 2021 donde ya se planteaba que había que tomar medidas “de manera urgente”.
Entre las ideas que aborda ese documento, al que tuvo acceso A24.com, se propone la instalación de inhibidores de celulares, el incremento en las requisas de los pabellones, la limitación de beneficios y estímulos; y el registro de las llamadas apuntado a los destinatarios con los que cada preso se comunican.
El informe lleva como título “Análisis institucional sobre el fenómeno de la Narco-criminalidad cometida desde el interior de establecimientos penitenciario”.
El paper apunta a la actividad carcelaria de 19 de los más temidos capos narcos detenidos en complejos federales.
Los principales son Mario Segovia, “el rey de la efedrina”, Néstor “loko” Rojas, Carlos “Cachito” Bareiro, Ariel Máximo “Guille” Cantero, Cesar Humberto “El loco”, Moran De La Cruz, Esteban Alvarado, Julio “el peruano” Rodríguez Granthon, Ricardo Raúl “Coya” Rojas y Reynaldo “Delfín” Castedo.
"Se advirtió que las organizaciones se sirven de contactos del exterior, que en la mayoría de los casos conforman un entramado delictivo, que instrumentan las acciones ordenadas por los líderes que se encuentran detenidos (condenados en casi todos los casos) y, pese a ello, continúan interviniendo en complejas maniobras de narcocriminalidad. Para esto último se sirven fundamentalmente de dispositivos de telefonía celular que los mantienen en contacto con quienes se encargan de ejecutar las acciones”, indica el duro documento de los fiscales.
Además de la nota enviada al Gobierno Nacional, la Procuración General va a pedirle ayuda a la Corte Suprema. Será el propio procurador Eduardo Casal quién le pedirá al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, que se promueva un abordaje entre distintos organismos del Poder Judicial para continuar con el análisis de propuestas sobre el tema.
Vale recordar que en la última semana se hicieron allanamientos en las cárceles de Trelew, Ezeiza y Marcos Paz, donde están detenidos muchos de los narcos mencionados en el informe. En varios lugares se encontraron celulares, y hasta un mecanismo tipo “boquete-buzón” por donde los presos pasan los dispositivos electrónicos para esquivar una requisa.
La clave parece estar en descular el nivel de complicidad de agentes penitenciarios con el crimen organizado. La que parece la madre de todas las batallas
