En una celda del Servicio Penitenciario Bonaerense, los investigadores encontraron el celular desde el cual uno de los líderes de la organización dirigía en tiempo real los asaltos.
Los integrantes de "La Banda del Millón" en la cárcel.
La investigación por el violento robo cometido por “La Banda del Millón” contra la abuela influencer Mónica Mancini avanzó con nuevas pruebas clave y llegó directamente al penal de Melchor Romero. Allí, en una celda del Servicio Penitenciario Bonaerense, los investigadores encontraron el celular desde el cual uno de los líderes de la organización dirigía en tiempo real el asalto a la creadora de contenidos senior.
Se trata de Lucas Ezequiel Mereles, señalado como uno de los jefes de esta estructura delictiva que reclutan menores para cometer robos en la zona norte del conurbano bonaerense. Según fuentes judiciales, el joven dio instrucciones durante el ataque mientras permanecía detenido.
Durante el allanamiento al pabellón donde está alojado, los agentes secuestraron el teléfono que utilizó para realizar videollamadas junto a Brandon Brites, otro de los presuntos cabecillas del grupo. El aparato, un Samsung A32 color celeste con funda negra, contenía evidencia que compromete seriamente a la organización.
Uno de los datos que más impactó en la causa es que el celular estaba registrado y autorizado por el Servicio Penitenciario Bonaerense. En su interior tenía un papel con la inscripción: “U-45, grupo requisa, interno Ezequiel Flores Mereles”, lo que indicaba que el dispositivo contaba con aval institucional.
Tras los peritajes, el material hallado aportó nuevas pruebas al expediente que lleva adelante el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, quien investiga a la banda por una serie de delitos violentos que incluyen homicidios y robos millonarios.
El análisis forense del celular permitió reconstruir el modo en que operaba la organización. Entre los archivos, los investigadores encontraron capturas de Google Maps con domicilios marcados, fotografías de armas de fuego ofrecidas para la venta, imágenes de Mereles y Brites dentro del penal y comprobantes de transferencias de dinero que la propia Mancini fue obligada a realizar durante el asalto.
Según la pesquisa, este sistema de “marcación” les permitía seleccionar objetivos con alto poder adquisitivo, analizar accesos y planificar los golpes con precisión.
El fiscal Ferrari también vincula a la banda con otros hechos resonantes, entre ellos el homicidio del empresario Enrique De Marco, el crimen de la jubilada María Susana Rodríguez Iturriaga y los asaltos al hermano del intendente Ramón Lanús y al periodista Baby Etchecopar.
Entre las pruebas más contundentes halladas en el celular aparecen tres registros audiovisuales. El primero corresponde a una videollamada posterior al robo de Mancini, en la que los delincuentes exhiben parte del botín obtenido.
El segundo muestra la marcación previa de la casa de la influencer, material que habría sido enviado por Thiago Sandoval, otro detenido en un instituto de menores.
El tercer video registra imágenes del pabellón donde se encuentra Mereles. Según fuentes del caso, el lugar presentaba condiciones de organización interna y circulación de objetos que sorprendieron a los investigadores.
Además, los peritos recuperaron audios en los que el acusado explica la modalidad delictiva. En uno de ellos señala: “Hermano, es cuestión de que vayan y lo miren. Si les gusta, trabajamos; si no, no hay problema”. Estas comunicaciones refuerzan la hipótesis de que los robos eran planificados desde la cárcel.
Los mensajes de WhatsApp encontrados en el dispositivo permitieron reconstruir el entramado de la organización. En las conversaciones se mencionan herramientas como Nosis, Telexplorer y Datacar, utilizadas para obtener información sobre posibles víctimas, sus bienes y vehículos.
También quedaron al descubierto negociaciones para la compra de armas desde la unidad penitenciaria. En uno de los chats, Mereles discute la adquisición de una pistola Glock, lo que demuestra la capacidad logística del grupo a pesar de la detención de sus líderes.
Otro aspecto es el intento de diversificar las actividades criminales. Según los mensajes, el acusado buscó incursionar en estafas en línea mediante perfiles falsos en redes sociales.
En una conversación, le propuso a una mujer crear una cuenta en una plataforma de citas con el objetivo de engañar a adultos mayores y obtener dinero.
El contenido del celular revela además que los preparativos del asalto a Mancini comenzaron días antes del hecho. El 4 de enero, cinco días antes del robo, Mereles habría consultado a su hermana sobre la logística para cometer un nuevo golpe en la localidad de Martínez.
En otro chat menciona que el objetivo era una vivienda con una fuerte suma en dólares. También aparecen referencias a robos previos con resultados millonarios, lo que refuerza la hipótesis de una estructura organizada.
En estas conversaciones, el líder explicaba la modalidad operativa: delincuentes que ingresaban a las casas, cómplices en el exterior y coordinación permanente mediante videollamadas desde la cárcel.
Los investigadores también encontraron diálogos con una joven que sería la destinataria del dinero transferido por Mancini durante el asalto. En esos mensajes, el acusado anticipaba posibles procedimientos judiciales y manifestaba su temor a que descubrieran la evidencia.
“Si allanan, tengo que romper el celular antes de que encuentren todo”, habría dicho. Sin embargo, no logró eliminar el material. De acuerdo con las fuentes, Mereles intentó destruir el dispositivo antes de la requisa policial, pero no pudo borrar toda la información.
El caso generó fuerte repercusión por el perfil de la víctima y por el nivel de organización de la banda, integrada en gran parte por menores de edad. Para los investigadores, el hallazgo del celular es una pieza clave para desarticular la estructura.
Además, el hecho volvió a encender el debate sobre el uso de teléfonos en cárceles y la capacidad de las organizaciones criminales para operar desde el interior de los penales.
Mientras la Justicia continúa con las pericias y la identificación de cómplices, la causa avanza con nuevas imputaciones. El objetivo ahora es determinar la red completa de colaboradores, financiamiento y logística que permitió a “La Banda del Millón” ejecutar robos de alto impacto.
El expediente también podría derivar en nuevas investigaciones por homicidios y estafas, lo que ampliaría el alcance del proceso judicial.
Con el secuestro del celular y el análisis de su contenido, la Justicia logró acceder a un mapa detallado de la organización. Sin embargo, advierten que el desafío será desarticular completamente la red para evitar nuevos ataques.
