Los tres primeros fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso en Córdoba enfrentarán un juicio político por mal desempeño y negligencia grave. Este hecho marca un giro institucional en una causa que lleva 19 años sin resolución.
El jurado resolvió de forma unánime avanzar con el jury contra los integrantes del Poder Judicial. Ahora el fiscal general tiene 30 días para hacer la acusación.
Los primeros tres fiscales serán sometidos a juicio político por mal desempeño.
Los tres primeros fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso en Córdoba enfrentarán un juicio político por mal desempeño y negligencia grave. Este hecho marca un giro institucional en una causa que lleva 19 años sin resolución.
Los funcionarios involucrados son Javier Di Santo (a cargo entre 2007 y 2015), Daniel Miralles (2016-2017) y Luis Pizarro (2017-2019), etapa en la que la causa fue elevada a juicio contra el exesposo de la víctima, Marcelo Macarrón.
La familia de Nora presentó la denuncia en marzo, señalando múltiples irregularidades en la investigación del femicidio ocurrido en Río Cuarto. Este jueves, el jurado integrado por Julieta Rinaldi, Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás, Walter Gispert y Aída Tarditti resolvió de forma unánime avanzar con el jury.
Este viernes se notificará formalmente al Ministerio Público Fiscal. Con esta decisión, el fiscal general Juan Manuel Delgado tendrá un plazo de 30 días para formular la acusación correspondiente.
Tras la confirmación del proceso, Mariangeles Mussolini, abogada de Facundo Macarrón, expresó a TN: “Están contentos por todo este tiempo que vienen luchando para tener justicia por Nora. Creemos que es un paso más que renueva la confianza en las instituciones”.
Por su parte, el viudo Marcelo Macarrón afirmó a ElDoce: “Es un granito más de arena para el pedido de justicia. Esto es ganar una batalla y creo que queda mucho todavía”.
Se trata del primer jury múltiple en la historia de Córdoba, posible gracias a la ley 7956, que permite unificar procesos cuando existe “conexión de hechos”, algo que el jurado consideró acreditado.
La denuncia presentada por la familia señala omisiones graves, especialmente sobre un informe clave del FBI elaborado en 2007 por el exagente Stephen Walker y Mariana Azar. Ese documento apuntaba a los obreros que trabajaban en la casa —en particular a Roberto Bárzola— como posibles sospechosos. Aunque fue entregado al entonces fiscal general Darío Vezzaro, nunca fue incorporado a la causa.
En marzo de este año, el propio Vezzaro admitió en Cadena 3 haber recibido el informe y reconoció que sus conclusiones coincidían con las de la investigación actual. También confirmó que Di Santo sabía de su existencia y decidió no sumarlo al expediente.
Mussolini recordó que la familia solicitó en reiteradas oportunidades que se investigara a Bárzola: “El archivo no perdona. Hay muchas entrevistas donde se pedía que se lo investigara y no lo hicieron”.
En 2011, se incorporó otro informe del FBI que sugería profundizar la línea de los obreros y mencionaba indicios de abuso sexual, pero tampoco se avanzó.
Bárzola declaró recién en 2022 junto a su patrón, Walter González. Reconoció haber estado en la casa de los Dalmasso el 25 de noviembre de 2006, día del crimen: “Solo hablé con ella la vez que me reprochó sobre el polvillo”, sostuvo. Contó que volvió al domicilio el día del asesinato para encontrarse con González, pero como no llegó, se fue sin tocar timbre.
Para la familia, los fiscales desoyeron pruebas clave y desatendieron una línea investigativa que recién se retomó en 2023 y 2024, cuando se obtuvieron nuevos cotejos que vinculaban nuevamente a Bárzola.
Entre 2012 y 2015, la causa quedó completamente paralizada, lo que llevó a un periodista a denunciar la inactividad y derivó en la destitución de Di Santo. Para la familia, los fiscales Miralles y Pizarro también incurrieron en negligencia al no profundizar en las pruebas disponibles.
Mussolini fue contundente: “Hubiese sido todo más claro y concreto si seguían la sugerencia del FBI. Solo tenían que tomar muestras de los obreros y cotejarlas, como se hizo recién en 2023/2024”.
En octubre, la Cámara Segunda del Crimen de Córdoba sobreseyó a Bárzola al considerar que la causa había prescripto, lo que profundizó el malestar de los Macarrón y evidenció el impacto de casi dos décadas de retrasos.
Para la familia, ese sobreseimiento confirma que la impunidad se consolidó por falta de acción judicial. Ahora esperan que el juicio político contra los fiscales permita, al menos, establecer responsabilidades por una investigación que desoyó pruebas esenciales y dejó sin respuesta uno de los casos más emblemáticos de Río Cuarto.
