Mientras tanto, la comunidad que seguía de cerca el embarazo de Lali quedó envuelta en una mezcla de dolor, desconcierto e impotencia. Apenas se confirmó la noticia, comenzaron a multiplicarse mensajes de despedida, fotografías compartidas y palabras que intentaban resumir la personalidad de la joven madre. “No podemos creerlo”, escribió una de sus amigas más cercanas. “Tu felicidad era contagiosa, tu ilusión por tu bebé también. No alcanzan las palabras para entender esto.”
Ese desconcierto rápidamente se transformó también en una necesidad concreta: garantizar el bienestar de la beba recién nacida. Por esa razón, un grupo de amigos y familiares decidió publicar un mensaje pidiendo ayuda para cubrir gastos inmediatos y ofrecer apoyo emocional y material a la familia. La publicación, que se viralizó en cuestión de horas, afirmaba: “Hoy esa pequeña necesita de todos nosotros. Por eso estamos pidiendo tu ayuda. Cualquier aporte, por más pequeño que parezca, hace una gran diferencia.”
El pedido reflejó, por un lado, el desamparo repentino en el que quedó la beba; y por otro, la solidaridad que suele emerger en momentos de tragedia. Muchas personas respondieron compartiendo la publicación, otras ofreciendo donaciones, ropa, pañales o colaboración para afrontar los primeros días. En contexto de shock, la comunidad buscó una forma de abrazar a la recién nacida, de extenderle un sostén simbólico en ausencia de su madre.
Sin embargo, más allá del dolor, también comenzaron a surgir interrogantes inevitables. ¿Qué ocurrió en la sala de parto? ¿Existió alguna complicación previa? ¿Podría haberse evitado el desenlace? Ante estas preguntas, la Justicia inició una investigación formal para esclarecer las circunstancias de la muerte.
Al momento del deceso, se hizo presente en el Hospital Rawson el oficial subinspector Jesús Vargas, de la Comisaría 5ta, quien tomó conocimiento de lo ocurrido e informó a sus superiores. Poco después, la causa pasó al Ministerio Público Fiscal, y se presentaron en el lugar el ayudante fiscal Martín Morando y la ayudante fiscal Agostina Ventimiglia, pertenecientes a la UFI Delitos Especiales, unidad que interviene en casos donde existe la posibilidad de algún tipo de responsabilidad profesional o institucional.
La investigación se centra en reconstruir los últimos momentos de vida de María: qué tipo de intervención recibió, cómo evolucionó su estado durante el parto y cuáles fueron las decisiones médicas tomadas por el equipo que la atendió. Para ello, se encuentran recolectando testimonios del personal sanitario, informes médicos, historia clínica, registros internos del hospital y cualquier otro elemento que permita determinar si existió algún tipo de negligencia, error de procedimiento o complicación inesperada.
Hasta ahora, las autoridades judiciales señalaron que no se presentó ninguna denuncia formal por presunta mala praxis, lo cual no detiene la investigación, pero sí indica que la familia aún no acusó a nadie en particular. En escenarios como este, es habitual que primero se analicen los informes periciales para determinar si existe un indicio claro de irregularidad antes de avanzar en acciones penales.
Los investigadores buscan establecer si la muerte tuvo relación con hemorragias, complicaciones derivadas del embarazo, fallas en la asistencia o factores externos que no pudieron ser controlados. En muchos casos, la causa exacta del fallecimiento solo se confirma tras estudios forenses complementarios que pueden tardar varios días. Mientras tanto, el silencio del hospital Rawson —al menos de manera oficial— alimenta el clima de expectativa y cautela.
Para la familia de Lali, cada minuto transcurre entre el dolor insuperable de la pérdida y la necesidad de sostener a la beba recién nacida. Voceros cercanos señalaron que la prioridad absoluta ahora es garantizar su bienestar, mientras intentan procesar una tragedia que consideran incomprensible. Algunos allegados expresaron su esperanza de que la Justicia determine con claridad qué fue lo que pasó, no con ánimo de confrontación, sino con la necesidad humana de obtener respuestas frente a un desenlace que nadie esperaba.
El caso también reabrió un debate silencioso pero persistente sobre la mortalidad materna, un tema que suele quedar por debajo de otras urgencias sanitarias, pero que sigue siendo una preocupación en distintas regiones del país. Aunque en la mayoría de los hospitales los protocolos para partos están ampliamente desarrollados y las estadísticas muestran mejoras en los últimos años, episodios como este recuerdan que los riesgos nunca son nulos y que cada muerte materna es considerada, desde el punto de vista sanitario, un evento crítico.
En redes sociales, varias mujeres compartieron sus propias experiencias de parto en el mismo hospital, algunas positivas, otras cargadas de reclamos por la falta de atención o por demoras en procedimientos obstétricos. Si bien estas publicaciones no tienen valor judicial, reflejan una sensibilidad creciente de la comunidad respecto a la calidad de las prestaciones médicas y al trato que reciben las pacientes en situaciones de alta vulnerabilidad.
El caso de Lali, además, tiene un elemento emocional profundo: su embarazo había sido público, compartido, celebrado colectivamente. Su entusiasmo se había vuelto parte de la narrativa cotidiana de quienes la seguían. Por eso su muerte generó no solo dolor individual, sino también un impacto colectivo, como si la tragedia los alcanzara a todos.
Hoy, mientras la pequeña recién nacida permanece bajo cuidados y acompañamiento, la comunidad de Rawson continúa procesando la pérdida. En las redes sociales, los mensajes siguen acumulándose. “No hay palabras para describir esta injusticia”, “te llevaste un pedazo de todos nosotros”, “tu hija será cuidada como vos lo hubieras hecho”, se lee en decenas de comentarios que buscan despedir a la joven madre.
La investigación judicial continúa, y se espera que en los próximos días se den a conocer resultados preliminares sobre la causa del fallecimiento. Hasta entonces, la incertidumbre permanece, y la historia de María Liliana Ledesma Yacanto se convierte en un caso más que expone las fragilidades del sistema, pero también la capacidad de una comunidad de unirse frente al dolor.
