Uno de los fragmentos que llamó especialmente la atención de los investigadores fue el siguiente: “Re enamorado de vos, pongámonos las pilas para diciembre, falta poco, vos me habías dicho para tu cumple en febrero, yo dije antes en diciembre quiero estar con vos”. Para los peritos, este mensaje deja entrever una clara intención de avanzar hacia un encuentro personal, lo que refuerza la hipótesis de un intento de delito contra la integridad sexual.
El caso se tornó más grave cuando los especialistas en delitos informáticos del MPF confirmaron que el sospechoso habría eliminado parte de las conversaciones mantenidas con la víctima. Sin embargo, mediante un procedimiento de recuperación digital y análisis forense del teléfono celular del imputado, los técnicos lograron recuperar mensajes y registros que habrían sido borrados intencionalmente, además de corroborar que el número de contacto estaba agendado bajo un alias.
De acuerdo con fuentes judiciales, la denuncia fue presentada por los padres de la menor, quienes notaron cambios en el comportamiento de su hija y decidieron revisar el contenido de su teléfono. Al encontrar mensajes sospechosos, acudieron de inmediato a la fiscalía, donde se activó el protocolo de protección de víctimas menores de edad. La adolescente declaró luego en Cámara Gesell, un procedimiento reservado y adaptado para evitar la revictimización. En esa instancia, relató con detalle cómo el acusado la había contactado y las estrategias de manipulación que utilizó para mantener el vínculo.
Los especialistas del equipo interdisciplinario destacaron que el relato de la niña fue coherente, espontáneo y verosímil, un factor determinante para sostener la acusación. Además, las pericias de psicología forense confirmaron que la menor habría atravesado un proceso de manipulación emocional, característico de los casos de grooming, donde los adultos simulan empatía, afecto o afinidad con el objetivo de vulnerar la confianza de sus víctimas.
Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Moro argumentó que el acusado “abusó de su posición de poder y confianza”, al tratarse de un docente con acceso directo a menores y con conocimiento de su entorno familiar. “No estamos ante un hecho aislado ni accidental. El imputado desarrolló una estrategia de acercamiento sostenida en el tiempo, con una planificación que excede lo meramente circunstancial”, sostuvo la funcionaria judicial ante la jueza.
La defensa del acusado, por su parte, negó las acusaciones y cuestionó la validez de algunas pruebas digitales, alegando que el teléfono secuestrado podría haber sido manipulado antes del peritaje. Sin embargo, el tribunal rechazó el planteo y avaló la solicitud del Ministerio Público, disponiendo que el caso avance a la etapa de instrucción preparatoria por un período inicial de cuatro meses.
Durante este tiempo, el equipo de investigación continuará recabando pruebas y testimonios, con el objetivo de determinar si existieron otros posibles casos vinculados al mismo imputado. Según trascendió, la fiscalía analiza nuevas denuncias que podrían haber sido formuladas por otras familias cuyos hijos tomaban clases en el mismo centro ecuestre.
El delito de grooming se ha convertido en una de las principales preocupaciones del sistema judicial argentino en los últimos años. Las estadísticas del MPF muestran un crecimiento sostenido de las denuncias, especialmente desde el auge de las redes sociales y las plataformas de mensajería. Este tipo de delitos, explican los especialistas, no sólo vulneran la intimidad de los menores, sino que también pueden derivar en situaciones de abuso sexual, extorsión o difusión de material íntimo.
En el caso de Cipolletti, el impacto comunitario fue inmediato. Padres y madres del entorno educativo expresaron su preocupación por la falta de controles en las actividades extraescolares, mientras que distintas organizaciones dedicadas a la protección infantil ofrecieron acompañamiento a la familia de la víctima. La fiscalía, en tanto, recomendó mantener la reserva de identidad de la menor y pidió evitar la difusión de cualquier información que permita identificarla.
Fuentes judiciales consultadas destacaron que el caso “podría sentar un precedente importante en la provincia”, ya que se investiga un posible uso del vínculo docente-alumno como medio para la comisión del delito, un agravante ético y social que el tribunal deberá tener en cuenta en futuras instancias.
Mientras avanza la investigación, el acusado permanece en libertad bajo medidas restrictivas, que incluyen la prohibición de acercamiento y contacto con la víctima y su entorno, así como la obligación de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público. La jueza también ordenó el bloqueo de sus dispositivos electrónicos y la retención preventiva del pasaporte, a fin de evitar una posible fuga o destrucción de evidencia.
El entorno familiar de la menor continúa recibiendo asistencia psicológica y acompañamiento judicial. Desde el Ministerio de Educación de Río Negro confirmaron que se activó un protocolo interno para evaluar la conducta profesional del imputado, y que la institución donde dictaba clases fue notificada de la imputación.
En declaraciones a medios locales, la fiscal Moro remarcó la importancia de que los padres supervisen la actividad digital de sus hijos y mantengan una comunicación abierta sobre los riesgos de interactuar con desconocidos en línea. “Cada vez vemos más casos en los que los agresores se ocultan tras identidades falsas. Por eso es clave que las familias estén atentas y que las víctimas sepan que pueden pedir ayuda sin miedo”, subrayó.
La investigación aún se encuentra en su etapa inicial, pero los investigadores confían en que el análisis forense de los dispositivos secuestrados aportará más elementos sobre la conducta del imputado. En caso de ser encontrado culpable, el hombre podría enfrentar una pena de hasta cuatro años de prisión, además de una posible inhabilitación para ejercer actividades con menores.
A medida que el proceso judicial avanza, el caso reabre el debate sobre la responsabilidad de los adultos en el entorno digital y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención en escuelas, clubes y espacios recreativos. El grooming, advierten los especialistas, no distingue clases sociales, edades ni entornos, y su detección temprana depende en gran medida del acompañamiento familiar y educativo.
En Cipolletti, la comunidad aguarda con expectativa el desarrollo del juicio, mientras la justicia busca establecer la verdad detrás de los mensajes, las manipulaciones y las promesas falsas que marcaron esta historia. Lo que comenzó como un vínculo de confianza entre docente y alumna terminó convirtiéndose en un caso judicial que pone de relieve los peligros del mundo digital y la urgencia de proteger la infancia frente a los delitos invisibles que se esconden detrás de una pantalla.
