Cambiar el apellido paterno en Argentina requiere motivos fundados y, en la mayoría de los casos, la autorización de un juez.
Cambiar el apellido paterno en Argentina requiere una justificación legal.
En Argentina, modificar el apellido paterno no es un trámite automático. La ley establece que cualquier cambio debe estar fundamentado en motivos sólidos y requiere la autorización de un juez, con el objetivo de proteger los derechos de todas las personas involucradas. El procedimiento puede iniciarse en el Registro Civil o directamente ante un juzgado de familia, según la complejidad del caso y las razones que motivan la solicitud.
Cuando se trata de ajustes sencillos, como corregir errores de escritura o cambiar el orden de los apellidos, el trámite suele ser más rápido y de carácter administrativo. En cambio, si la intención es eliminar o reemplazar un apellido por completo, especialmente en situaciones delicadas, se necesita un proceso judicial completo, donde se evalúan cuidadosamente las causas y el impacto del cambio.
Durante este procedimiento, el juez puede requerir informes psicológicos y sociales para comprender cómo el apellido afecta al solicitante. Además, se realizan publicaciones de edictos, que permiten que terceros puedan expresar objeciones si tienen motivos legales. Tras analizar toda la información, el juez dictará una resolución que autorizará o rechazará el cambio.
Entre los fundamentos más comunes que permiten modificar un apellido paterno se encuentran:
Que el apellido genere perjuicio psicológico o afecte la salud emocional.
Que esté vinculado a violencia familiar, abandono o delitos graves.
Que el menor haya sido criado por una figura parental distinta al padre biológico.
Que exista un error registral o una inscripción incorrecta.
Que se quiera modificar el orden de los apellidos por razones personales o afectivas.
En casos de identidad de género, para que nombre y apellido reflejen la experiencia real de la persona.
En todos estos casos, el juez evalúa cada solicitud considerando estos factores y, cuando se trata de un menor con madurez suficiente, tiene en cuenta su opinión.
Cuando el cambio de apellido lo solicita un menor, el proceso requiere una atención especial, siempre guiado por el interés superior del niño o adolescente, tal como establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño, incorporada a la legislación argentina.
El juez debe garantizar que la modificación proteja el bienestar emocional y social del menor. Por eso, se suelen solicitar informes psicológicos y sociales que analicen el entorno familiar, el impacto del apellido actual y las razones detrás del pedido.
A partir de los 13 años, si el menor demuestra madurez suficiente, su opinión tiene un peso relevante en la resolución judicial. El objetivo es asegurar que el cambio respete su identidad, dignidad y sentido de pertenencia, y que contribuya a su desarrollo personal y protección emocional.
No todos los cambios de apellido requieren un proceso judicial. Según el artículo 69 del Código Civil y Comercial de la Nación, algunas personas pueden solicitarlo directamente ante el Registro Civil si existen “justos motivos”, definidos por el Código y por resoluciones del Renaper. Entre ellos se incluyen:
Procesos de cambio de identidad de género.
Ser víctima de apropiación ilegal, terrorismo de Estado o alteración del estado civil.
Recuperar una identidad suprimida o corregir una inscripción incorrecta.
En la práctica, muchas otras situaciones no están contempladas como “justos motivos”, por lo que cuando el cambio se basa en conflictos familiares, violencia, abandono o razones personales complejas, la vía judicial sigue siendo la opción más segura y habitual.
