El presunto jefe de Los Compadres de Trujillo fue detenido en Recoleta después de que Perú emitiera una circular roja de Interpol. La Policía Federal ya lo seguía desde hacía meses.
La caída del presunto narco peruano en el barrio porteño de Recoleta. (Foto: prensa Ministerio de Seguridad).
Deivi Junior Romero Ulillen, conocido como “El Jorobado Deivi”, quedó detenido en Recoleta durante un operativo del Departamento Antisecuestros Sur de la Policía Federal, tras la emisión de una circular roja de Interpol ordenada por la Justicia de Perú. Las autoridades argentinas seguían los movimientos del presunto cabecilla de Los Compadres de Trujillo, una organización señalada en su país por asesinatos, sicariato, secuestros y extorsiones.
La captura se realizó el pasado 13 de noviembre en el barrio porteño de Recoleta donde "El Jorobado Deivi" fue capturado por oficiales de la Policía Federal.
Pero la primera pista concreta surgió a mediados de año, cuando una brigada de elite viajó hasta una vivienda baja de la calle Canadá al 800, en General Rodríguez. El área antisecuestros de la Policía de Perú, la DIVISE, había señalado ese lugar como posible escondite del fugitivo. La gravedad de su prontuario obligaba a seguir de cerca la versión de que había cruzado la frontera. Los investigadores argentinos abrieron entonces un expediente en la UFECO, el área de la Procuración que investiga delitos de crimen organizado, con la intervención del fiscal Santiago Marquevich.
El trabajo inicial dejó una sorpresa cuando los investigadores descubrieron que “El Jorobado” había tramitado un DNI argentino, con número que ronda los 96 millones, y su domicilio registrado coincidía con la casa de General Rodríguez, sin revoque, ubicada en una calle de tierra. Los agentes tocaron puertas, preguntaron por él y recorrieron la zona. Nadie decía conocerlo. Esa vivienda, sospecharon, era una fachada. Más tarde comprobarían que Romero Ulillen llevaba al menos tres años residiendo en el país.
El caso cambió de ritmo cuando lograron identificar su número de teléfono. A partir de allí se reconstruyó su presencia real en Buenos Aires mediante impactos de antenas. La vida que llevaba estaba lejos de la humilde casa de General Rodríguez porque se movía por Recoleta, alquilaba departamentos en dólares en zonas como French y Uriburu, comía en restaurantes del barrio y frecuentaba locales de ropa deportiva de marcas internacionales. Su vestimenta incluía zapatillas de doscientos dólares. También hizo viajes internos, como Mendoza y Cataratas del Iguazú, donde se presume que se reunió con otro integrante de Los Compadres radicado en Chile. Todo mientras la Justicia peruana todavía no reclamaba formalmente su captura.
A comienzos de noviembre, su geolocalización se estabilizó en un departamento ubicado en Cerrito. Poco después, las autoridades trujillanas emitieron la orden internacional de detención. El Departamento Antisecuestros Sur lo arrestó en la calle, con su registro de conducir peruano, tres tarjetas SIM y el DNI argentino que había usado para ocultarse.
La noticia estalló de inmediato en Perú. Medios locales repasaron su presunta vinculación con un atentado contra una fiscal trujillana y compararon sus fotografías de prontuario con las obtenidas durante el procedimiento en Buenos Aires. La diferencia física sorprendió: su rostro lucía suavizado, casi editado, y en Lima se preguntaron si se había sometido a cirugías estéticas.
La duda más relevante, sin embargo, era otra: ¿vino a la Argentina a descansar, comprar zapatillas y hacer turismo o a reorganizar actividades criminales?
El Gobierno argentino difundió la detención mencionando un posible lazo entre Los Compadres y Los Pulpos de Trujillo, grupo señalado por el triple crimen narco de Florencio Varela, una información atribuida a fuentes policiales peruanas. Dentro de la investigación local, el vínculo no aparece tan definido. En Perú, en cambio, el enfrentamiento entre ambas organizaciones lleva años bajo escrutinio periodístico.
Lo que sí quedó expuesto es el rol incómodo de la Argentina en la dinámica del delito transnacional: el país funciona como territorio de enfriamiento para prófugos o como plataforma para nuevas operaciones. En el caso de Romero Ulillen, se sospecha que no actuaba solo y que contaba con una red de apoyo.
Su situación tampoco resultó aislada. En los últimos meses ingresaron otros perfiles pesados sin circular roja. La PFA detuvo en Flores al uruguayo Luis Fernández Albín, investigado por el atentado contra la fiscal Mónica Ferrero y por intentar traficar dos toneladas de cocaína, cuyo seguimiento se realizó de forma casi calcada al de “El Jorobado”. En su caso, había entrado legalmente al país, aunque sin solicitar DNI.
Otro antecedente reciente es el del ex policía peruano Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “El Señor Jota”, acusado del triple femicidio de La Matanza y con pedido de captura en su país. También él había logrado obtener un DNI argentino con un domicilio inexistente en Gerli. Sus vínculos locales eran notorios: la UFI de Homicidios de La Matanza lo apuntó como jefe directo de “Pequeño Jota”, y una arrepentida declaró que presenció los asesinatos por videollamada.
En este contexto, la caída de “El Jorobado Deivi” vuelve a exhibir un patrón: prófugos internacionales que se instalan en la Argentina sin advertencias previas y que logran montar una vida cómoda mientras esperan órdenes judiciales que tardan en llegar.