La investigación sostiene que ambas funcionarias habrían omitido tomar medidas que podían haber evitado la distribución de medicamentos afectados. Según la acusación, el 3 de enero de 2025 recibieron un informe elaborado a partir de una inspección en Laboratorios Ramallo, en el que se advertían irregularidades graves y se recomendaba detener la producción e impedir la circulación del fentanilo elaborado allí. Sin embargo, las medidas correspondientes se adoptaron más de un mes después.
(Foto: captura de pantalla)
Los fiscales Laura Roteta y Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), sostuvieron que “las funcionarias conocían el escenario de riesgo elevado generado por las condiciones en las que ambos laboratorios fabricaron el medicamento y que se podían provocar muertes y lesiones”.
La referencia apunta a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Este último estaba a cargo de la elaboración de las ampollas de fentanilo que luego eran comercializadas a través de HLB Pharma. Ambas compañías pertenecen a Ariel García Furfaro, señalado como uno de los principales acusados de la causa y quien continúa detenido.