Además, se dictó una prohibición de acercamiento mientras avanzaban las pericias y las declaraciones de testigos. Días después, el juez Gil dispuso que Silva cumpliera prisión preventiva en su domicilio con tobillera electrónica, para garantizar el cuidado de su hija menor.
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Julieta Silva habló desde la prisión domiciliaria y sostuvo que su marido la extorsionó.
El fiscal consideró que existía riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, ya que la mujer habría incumplido una orden judicial previa de no contacto con el denunciante.
Amenazas, denuncias cruzadas y desobediencia
La trama judicial se amplió cuando la expareja de Giménez denunció a Silva por amenazas. Según su relato, la mujer le dijo: “Yo te voy a comer el hígado y los riñones a vos y a tu hija. Las voy a dejar en la calle”.
La fiscalía también investigó un posible episodio de desobediencia: el 16 de julio, Silva se habría comunicado nuevamente con Giménez y su hija, pese a tener una restricción de acercamiento. Sin embargo, en su declaración la acusada negó el hecho y aseguró que fue su marido quien la buscó.
Finalmente, la Justicia la sobreseyó en tres causas (privación ilegítima de la libertad, amenazas agravadas y desobediencia), pero confirmó la condena por lesiones leves.
El antecedente: el caso Genaro Fortunato
Julieta Silva fue noticia nacional en 2017, cuando atropelló y mató a su novio, el rugbier Genaro Fortunato, a la salida de un boliche en San Rafael.
Durante el juicio, la fiscalía y la querella sostuvieron que el hecho fue intencional, pero el tribunal la condenó por homicidio culposo, una figura que descarta la intención de matar. Silva recibió tres años de prisión domiciliaria al ser madre de dos menores, y el fallo generó una fuerte polémica en Mendoza y en todo el país.
Tras cumplir esa pena, rehízo su vida y se casó con Lucas Giménez, quien años después la denunció por violencia de género, reabriendo así un capítulo judicial que parecía cerrado.