La mujer, que atropello y mató a su novio en 2017, ahora quedó imputada por una decena de hechos de privación ilegítima de la libertad de su esposo, Lucas Giménez.
Julieta Silva con su marido, Lucas Giménez: la Justicia investiga si lo privó de la libertad.
Julieta Silva, la mujer mendocina que en 2017 fue condenada por atropellar y matar a su novio, el rugbier Genaro Fortunato, vuelve a estar en el ojo de la mirada judicial. Esta vez, la acusan de privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo, amenazas y desobediencia, en base a denuncias de su actual esposo, Lucas Giménez, y de la expareja de este.
Según el fiscal de San Rafael, Fabricio Sidoti, Silva habría encerrado en reiteradas oportunidades a Giménez en la casa donde convivían, impidiéndole salir durante horas y, en algunos casos, durante toda la noche.
La investigación comenzó el 12 de julio, cuando Giménez denunció que Silva lo había golpeado en el rostro en medio de una discusión. La acusación inicial fue por lesiones leves agravadas por el vínculo y desobediencia. Luego se sumó el cargo de privación ilegítima de la libertad por los episodios de encierro.
Pocas semanas después de su detención con prisión domiciliaria y tobillera electrónica, Silva dijo: “No pasó más que una discusión, pero mi nombre pesa. Solo eso voy a decir”.
Sin embargo, no respondió sobre los rasguños e hinchazones que presentaba su esposo, que quedaron acreditados en el expediente. Tampoco se refirió a la denuncia que ella misma realizó contra Giménez en la Unidad Fiscal de Violencia de Género, un hecho que fue confirmado por fuentes judiciales.
La trama judicial sumó otro capítulo cuando la expareja de Giménez denunció que, en diciembre pasado, Silva la amenazó a ella y a su hija menor de edad.
En su testimonio, la mujer afirmó que Silva le dijo: “Yo te voy a comer el hígado y los riñones a vos y a tu hija. Las voy a dejar en la calle”.
Según la Fiscalía, el 16 de julio y a pesar de tener una orden de restricción, Silva volvió a comunicarse tanto con Giménez como con la niña. Esto, según los fiscales, constituye el delito de desobediencia judicial.
Tras esta denuncia, Silva fue trasladada a una penitenciaría de San Rafael. Sin embargo, días más tarde, el juez Claudio Daniel Gil volvió a otorgarle arresto domiciliario mientras avanza la investigación.
El nombre de Julieta Silva quedó grabado en la memoria pública por el hecho ocurrido la madrugada del 9 de septiembre de 2017, cuando atropelló y mató con su auto a su novio Genaro Fortunato, de 25 años, a la salida de un boliche en San Rafael.
La fiscalía y la querella sostuvieron en aquel juicio que el hecho había sido intencional. Sin embargo, la Justicia la condenó por homicidio culposo, descartando la intención de matar.
La sentencia incluyó prisión domiciliaria debido a que Silva era madre de dos menores, un fallo que provocó un fuerte debate social en Mendoza y a nivel nacional sobre la proporcionalidad de la pena y el tratamiento judicial del caso.
Silva cumplió su condena, rehízo su vida y se casó con Lucas Giménez. Sin embargo, ahora vuelve a enfrentar acusaciones graves que podrían derivar en una nueva condena y en la reapertura del debate sobre sus antecedentes y el accionar judicial.
Fuentes judiciales indicaron que en las próximas semanas se sumarán nuevas declaraciones testimoniales, tanto de la expareja de Giménez como de vecinos de la pareja, para establecer un patrón de conductas. También se revisará si hubo incumplimientos anteriores a la orden de restricción que no fueron denunciados.
La Fiscalía no descarta solicitar medidas más restrictivas en caso de que se compruebe que Silva incumplió las condiciones de la prisión domiciliaria.
Mientras el proceso judicial avanza, el caso Silva continúa siendo tema de debate en Mendoza. Las denuncias de violencia y privación de libertad suman una nueva capa de complejidad a una historia que comenzó hace más de seis años con un hecho trágico y que, hasta hoy, sigue despertando fuertes reacciones en la sociedad.