La ciudad de Posadas, en Misiones, no sale de la conmoción. Una mujer de 23 años y su madre, de 42, fueron detenidas acusadas de “tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil”.
Una mujer de 23 años y su madre fueron detenidas. La víctima, una nena de tres años, fue rescatada junto a sus hermanas y quedó bajo resguardo estatal.
El aberrante caso de una mamá y una abuela que lucraban de forma nefasta con una nena de 3 años.
La ciudad de Posadas, en Misiones, no sale de la conmoción. Una mujer de 23 años y su madre, de 42, fueron detenidas acusadas de “tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil”.
La víctima es una niña de apenas 3 años, hija y nieta de las imputadas. Según la investigación, las mujeres ofrecían los videos por redes sociales y cobraban $1.500 por cada envío a través de Telegram. Los mensajes, las transacciones digitales y los peritajes a sus teléfonos resultaron determinantes para confirmar el delito.
El caso salió a la luz tras una denuncia presentada por la expareja de la mujer más joven, presunto padre de la víctima. En abril pasado, el hombre acudió al Juzgado de Violencia Familiar N.º 1 de Posadas, preocupado por el comportamiento de su ex y el entorno en el que vivía la niña.
Pero esta vez su acusación fue mucho más grave: aseguró que, por su profesión de técnico informático, había encontrado fotos y videos en los que la mujer abusaba sexualmente de su hija, y que ese material era vendido por redes sociales. Los compradores realizaban los pagos a través de una billetera virtual.
El juez Alfredo Olmo Herrera tomó nota de la denuncia y derivó el caso a la Fiscalía de Ciberdelitos, a cargo de Juan Pablo Espeche, quien ordenó una investigación inmediata.
“Llega a la Fiscalía una denuncia del entorno íntimo, donde se manifiesta que vendían contenido de explotación sexual infantil. A partir de eso se inicia la investigación, se corroboran los datos y se ordenan allanamientos y detenciones”, explicó Espeche.
El padre de la nena ya había denunciado anteriormente a su expareja por malos tratos y consumo de drogas frente a la menor. Sin embargo, aquel expediente no prosperó. Los peritajes sociales resultaron “favorables” a la madre y la causa se diluyó entre acusaciones cruzadas.
El hombre insistió. En abril volvió al tribunal, esta vez con pruebas digitales. Presentó capturas de pantalla, movimientos de billeteras virtuales y nombres de chats de Telegram donde se compartía el material.
Esa evidencia fue suficiente para reactivar el caso y poner en marcha un operativo conjunto entre la Fiscalía de Ciberdelitos, la División de Delitos Sexuales y la Secretaría de Apoyo en Investigaciones Complejas (SAIC).
El viernes pasado, el juez Miguel Mattos, del Juzgado de Instrucción N.º 7, ordenó un allanamiento en el barrio Rocamora de Posadas, con acompañamiento de un equipo interdisciplinario para contener a la menor.
Al ingresar a la vivienda, los efectivos encontraron tres teléfonos celulares, una billetera virtual con múltiples transferencias y ropa infantil coincidente con las prendas que aparecían en los videos.
Se secuestraron prendas que correspondían a la nena de tres años y coincidían con el material digital bajo análisis. “Los videos se grabaron dentro de la vivienda. Coinciden los muebles, las cortinas y la ropa de la niña”, confirmaron fuentes judiciales.
En el lugar también vivían otras dos menores, que fueron inmediatamente rescatadas y trasladadas al Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia para su evaluación. Luego quedaron bajo resguardo estatal en un hogar provincial.
Durante el procedimiento, los investigadores confirmaron que la abuela vivía en la misma casa y tenía participación directa. La sospecha más fuerte es que era quien grababa las imágenes mientras la madre abusaba de la nena.
Ambas fueron trasladadas a sede judicial e imputadas por los delitos de producción, tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.
“Es una causa que conmocionó incluso a los propios investigadores. No se trata de un caso de intercambio casual de imágenes, sino de un circuito organizado para lucrar con la explotación de una menor”, dijo un funcionario con acceso al expediente.
Los peritajes informáticos fueron clave. Los agentes especializados lograron rastrear conversaciones en WhatsApp y Telegram donde las mujeres ofrecían videos por montos que rondaban los $1500 pesos argentinos.
Las transferencias se realizaban a una billetera virtual vinculada al número de teléfono de la madre.
Los investigadores obtuvieron una grabación donde se ve a la nena siendo manoseada por su propia madre. La escena fue filmada dentro de la vivienda familiar y permitió corroborar la acusación inicial.
El video fue analizado por peritos de la Dirección de Policía Científica, que confirmaron la autenticidad y coincidencia con la ropa y los objetos secuestrados.
A partir de esa prueba, el juez Mattos ordenó la prisión preventiva de ambas mujeres. La causa continúa bajo secreto de sumario, pero el material recopilado podría derivar en nuevas imputaciones por agravantes vinculados al vínculo directo con la víctima.
En las últimas horas, madre e hija fueron indagadas por el juez Mattos, quien ratificó la imputación luego de analizar la evidencia recolectada.
Ambas negaron los hechos, aunque no pudieron justificar el contenido de los videos ni el dinero recibido.
Los dispositivos secuestrados quedaron en manos de la Fiscalía de Ciberdelitos, que ampliará los peritajes para identificar posibles compradores o distribuidores.
Fuentes judiciales confirmaron que se analizarán direcciones IP y movimientos financieros asociados a las billeteras virtuales, lo que podría revelar una red más amplia de pedofilia digital.
El operativo de rescate no solo permitió detener a las sospechosas, sino también salvaguardar a tres menores de edad que vivían en la misma casa.
Las autoridades dispusieron su traslado a un entorno seguro mientras se avanza en la investigación.
Un equipo de psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses del Poder Judicial de Misiones trabaja desde entonces en la contención y evaluación de las menores.
“En estos casos, lo más importante es garantizar que las víctimas no vuelvan a estar en riesgo. Las medidas adoptadas fueron inmediatas”, indicaron desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.
