El amigo, de 16 años y acusado del crimen, continuará alojado en un centro de salud mental hasta tanto estén los resultados de las pericias psiquiátricas.
Los estremecedores detalles de la autopsia del menor de 10 años asesinado por su amigo
La muerte de un niño de 10 años en una vivienda de Tucumán continúa generando conmoción y nuevas precisiones judiciales. En las últimas horas, la Fiscalía recibió el informe preliminar de la autopsia, un documento clave que empieza a reconstruir lo ocurrido en la madrugada del lunes.
La pericia confirmó que el menor murió por estrangulamiento manual, mientras que un adolescente de 16 años, señalado como el presunto autor del crimen, permanece internado en un centro de salud mental bajo resguardo judicial.
El caso es investigado por el fiscal Pedro Gallo, quien ordenó una serie de medidas urgentes para establecer el contexto del ataque, la responsabilidad penal del sospechoso y el estado psicológico en el que se encontraba al momento del hecho.
La autopsia confirmó que el niño murió por asfixia por estrangulamiento manual, una maniobra ejercida directamente con las manos sobre el cuello de la víctima. Según los peritos, la muerte habría ocurrido durante la madrugada, dentro de la casa ubicada en pasaje Paraguay al 100, donde el niño vivía junto a dos hermanos menores bajo la tutela de un tío abuelo.
Tras conocerse el informe, Gallo dispuso nuevas pericias para profundizar aspectos técnicos de la mecánica del crimen, mientras espera estudios complementarios en criminalística y análisis psicológicos de los involucrados.
Este martes, la jueza Judith Solórzano encabezó una audiencia crucial para definir la situación procesal del joven acusado. Allí ordenó la conformación de una junta médica interdisciplinaria, integrada por médicos, psiquiatras y psicólogos, para evaluar su imputabilidad.
Si bien un primer examen médico-forense determinó que el adolescente “comprendía la realidad” y no presentaba alteraciones psíquicas graves, los especialistas recomendaron profundizar con estudios adicionales.
Esta junta tendrá 15 días para emitir un informe final. Hasta entonces, el acusado permanecerá alojado en el Hospital de Salud Mental Infantojuvenil Obarrio, mientras la causa avanza bajo estricta supervisión judicial.
Además, el fiscal Gallo ordenó que los dos hermanos de la víctima, de 15 y 11 años, declaren bajo el sistema de Cámara Gesell, un protocolo diseñado para evitar la revictimización de menores.
La secuencia que llevó al crimen continúa siendo objeto de análisis. Según la familia del acusado, el adolescente tenía un vínculo cercano con los tres hermanos y se quedaba a dormir con frecuencia en su casa. “Era amigo de los chicos”, confirmó su propia hermana.
El lunes, alrededor de las 7 de la mañana, el joven llegó a su casa y, según relató su madre, confesó que “había cometido un error”. Poco después, él mismo avisó sobre la presencia del cuerpo sin vida del niño y brindó detalles del episodio que lo involucraba. Fue entonces cuando la Policía lo detuvo y el fiscal dispuso su traslado inmediato a un Centro de Admisión y Derivación (CAD) para menores en conflicto con la ley.
En paralelo, peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) trabajaron durante horas en la vivienda donde ocurrió el crimen, recolectando huellas, registros fotográficos, elementos de contexto y cualquier indicio que permita reconstruir la mecánica del hecho.
La familia del adolescente aseguró que el joven se encontraba bajo tratamiento psicológico y que había atravesado episodios de angustia, aunque nunca había mostrado comportamientos violentos. Relataron que, ante situaciones de malestar emocional, tenía la costumbre de “salir a caminar para tranquilizarse”.
Su hermana también reveló que, después del crimen, el joven llegó llorando, abrazó a su mamá y le pidió perdón. Minutos más tarde, envió mensajes a una tía residente en Buenos Aires, donde expresó intenciones suicidas y remordimiento. “Lo último que me mandó fue un mensaje diciéndome que nos vayamos a vivir a otro lado”, relató.
Estos elementos serán evaluados por la junta médica, que deberá determinar si el adolescente comprendía la criminalidad de sus actos, un punto clave para definir si es imputable bajo la normativa vigente.
