La Cámara Nacional de Apelaciones anuló el sobreseimiento por prescripción y ordenó reabrir la investigación contra el principal sospechado del homicidio.
Cristian Graf, el dueño de la casa del barrio porteño de Coghlan donde aparecieron los restos de Diego Fernández Lima, volverá a ser investigado por la Justicia, que revisará su posible participación tanto en el homicidio como en un eventual encubrimiento. Así lo resolvió la Cámara Nacional de Apelaciones este viernes.
En su fallo, el Tribunal dio marcha atrás con el sobreseimiento por prescripción que había dictado el juez de primera instancia (Alejandro Litvack) y explicó, en sus 18 páginas, que es necesario profundizar “en orden a las hipótesis que razonablemente surgen del expediente para esclarecer si el imputado tiene o no relación, en cualquiera de los términos de los artículos 45 y 46 del Código Penal, con el homicidio de Fernández Lima”, ocurrido hace 41 años.
El presidente de la Sala, Ignacio Rodríguez Varela, señaló que la acusación por “encubrimiento agravado” estaba artificialmente recortada en un contexto en el que nada se decía del homicidio, que debe ser investigado.
Por su parte, el juez Julio Marcelo Lucini indicó que “resulta insoslayable que la propia defensa reconoció en la audiencia que en el terreno en que se perpetró el homicidio y desmembramiento de Fernández habitaba en ese momento y continúa haciéndolo Graf, y que el deceso acaecido en 1984 verifica un vínculo entre la víctima y el encausado en tanto resultaban ser ni más ni menos que compañeros de colegio, circunstancia suficientemente demostrada mediante informes y testimonios de quienes coincidieron con ambos en aquella época”.
En otro pasaje de la resolución, agregó: “No hay posibilidad de desvincular, a esta altura, al nombrado del homicidio, ya sea como autor, cómplice o cualquier otro grado de participación y en una línea temporal evidentemente distinta y excluyente a la del delito por el cual se pretende limitar el examen de su eventual responsabilidad".
En su argumentación, Rodríguez Varela consideró “totalmente inverosímil” la postura de los abogados de Graf respecto de que Diego Fernández hubiera sido enterrado en el lote lindero, y mencionó una teoría de la defensa sobre un posible culpable que “convenientemente está muerto”.
En tanto, el juez Hernán López afirmó: “Debe propiciarse la continuación de la investigación por el delito precedente (homicidio) y esclarecer la desaparición y posterior muerte de la víctima, sin perjuicio de la eventual decisión que corresponda una vez identificados el autor y/o cómplices”.
Y agregó: “No es posible declarar la extinción de la acción penal más allá del tiempo transcurrido desde la denuncia de desaparición de Fernández Lima. Con más razón, en tanto el razonamiento del juez soslaya datos imprescindibles que se desconocen. Al no tener identificado al autor, no podemos saber si existieron causales interruptivas de la acción penal, si se trató de un delito cometido en ejercicio de la función pública o si existió cualquier otra circunstancia relevante”.
Diego tenía 16 años cuando fue visto por última vez, la tarde del 26 de julio de 1984. Ese día había almorzado con su mamá y salió rumbo a la casa de un amigo tras pedirle unos pesos. Su rastro se perdió en la zona de Rómulo Naón y Monroe, en Villa Urquiza.
Sus padres, Juan Benigno Fernández e Irma Lima, denunciaron la desaparición en la entonces Comisaría 39, pero la causa terminó archivada bajo la presunción de una simple “fuga del hogar”.
Desde ese momento, la familia inició una búsqueda que se extendió por años, con volanteos, llamados a programas de televisión y presencia constante en los medios. El padre de Diego murió en 1986 sin haber logrado respuestas.
El giro llegó el 20 de mayo del año pasado cuando obreros que trabajaban en un terreno de avenida Congreso encontraron restos humanos en un sector lindero de la casa donde la familia Graf vivía desde los años ’70.
La investigación quedó en manos del fiscal Martín López Perrando y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que analizó 151 fragmentos óseos hasta lograr confirmar que pertenecían a Fernández Lima.
Los peritos determinaron que el adolescente murió tras recibir una puñalada en el tórax, que dejó una lesión visible en la cuarta costilla derecha. Después del ataque, intentaron desmembrarlo (sin lograrlo completamente) y finalmente lo enterraron en una fosa precaria, a unos 60 centímetros de profundidad.
