El septiembre del año pasado, después de burlar a la Justicia durante cinco meses, Pedro Olmos fue detenido en su casa de Burzaco acusado de violar a una nena de 13 años. Estaba a punto de recibir su condena cuando estalló la pandemia de coronavirus y desde hace tres semanas cumple prisión domiciliaria a pocos metros de distancia de donde vive la víctima.
La defensa del imputado había hecho un primer intento por mandarlo a su casa a fines de marzo pasado. En ese momento, sin embargo, el juez de Garantías de Lomas de Zamora rechazó el pedido y ordenó además que Olmos fuera trasladado a una cárcel común.
Poco después de la resolución, la defensora insistió y presentó una acción de hábeas corpus por el supuesto agravamiento de las condiciones de detención de Olmos. Pero el golpe de gracia lo dio el riesgo de contagio del COVID-19 y el 3 de abril pasado el juez de la Cámara de Casación penal bonaerense Víctor Violini le concedió el arresto domiciliario debido a su edad. Olmos tiene 67 años.
Al fundamentar el fallo, el magistrado señaló que el acusado sufría hipertensión crónica y que había padecido neumonía, y que por eso tenía que ser incluido en el grupo de riesgo de presos con peligro de vida ante un caso de contagio masivo de coronavirus en la cárcel.
La llamativa ausencia de algún informe médico que avalara dichas patologías fue lo que, según informó el diario La Nación, dio origen al recurso presentado ante el Máximo Tribunal provincial por fiscal Carlos Altuve.
"La acción de hábeas corpus ha sido resuelta sin documentación respaldatoria médica, en ausencia de historia clínica e informe ambiental y teniendo solo en consideración los dichos de la defensora particular del imputado", sostuvo el funcionario.
Altuve remarcó además que la resolución judicial incumplió con la llamada ley de víctimas, ya que ni la nena abusada ni su familia habían sido informadas de que el acusado estaba de vuelta en su casa.
