El policía Luis Chocobar junto a sus abogados.
El 8 de diciembre de 2017 el turista estadounidense Frank Joseph Wolek fue apuñalado por dos delincuentes en el barrio porteño de La Boca. En las inmediaciones se encontraba de civil el policía Luis Chocobar, quien persiguió a uno de los asaltantes y disparó. El joven murió y el caso desató un intenso debate en torno al accionar de las fuerzas de seguridad y la "mano dura".
El día del crimen, Wolek paseaba a pie con su cámara de fotos a pocos metros de Caminito. Fue atacado y apuñalado por Juan Pablo Kukoc y un menor de edad. Los jóvenes corrieron y uno logró escapar, mientras que Kukoc fue interceptado y retenido por transeúntes. Instantes después, llegó Chocobar, pidió que se detenga y disparó. Dos de los tiros impactaron contra el cuerpo de Kukoc, en el muslo y en la espalda.
El 24 de enero de 2018, el juez de Menores Luis Velázquez procesó al efectivo por "homicidio agravado por uso de arma y en exceso de la legítima defensa" y le trabó un embargo de 400.000 pesos sobre sus bienes. El magistrado consideró que Chocobar actuó “alejado de una actitud profesional”.
En su primera declaración ante la Justicia, el policía dijo que vio a los jóvenes forcejear con el turista, persiguió a uno de ellos (Kukok), le dio la voz de alto y como éste no la acató, primero le efectuó un balazo en una pierna y luego en la espalda, cuando el joven estaba parado y "giró sólo el tronco".
Por esos días se conoció un video de una cámara que registró el momento de los tiros. En las imágenes se ve a Chocobar disparar contra Kukoc, quien corría de espaldas a una distancia estimada de 10 metros.
Tras la decisión del juez Velázquez, el entonces presidente, Mauricio Macri, y la ex ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich recibieron al oficial en la Casa Rosada. “Estoy orgulloso de que haya un policía como vos al servicio de los ciudadanos. Hiciste lo que hay que hacer, que es defendernos de un delincuente”, le expresó Macri.
Luego de la reunión, Bullrich dijo que el agente había actuado “en ejercicio de su deber" y afirmó, además, que lo iban a ayudar en su defensa legal, por lo que pondrían abogados "que den un punto de vista alternativo al del Juez". También mostraron su apoyo el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y el entonces ministro de seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.
El 16 de febrero de ese año, la Cámara del Crimen confirmó el procesamiento contra el oficial, pero cambió la calificación del hecho al entender que hubo un exceso en el cumplimiento del deber. Ese mismo día, Macri aseguró que no compartía el fallo. “Honestamente no comparto y creo representar con lo que siento como ciudadano a la mayoría inmensa de los argentinos que no compartimos lo que expresan estos jueces”, afirmó.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional salió a responderle y expresó "preocupación" por sus declaraciones. "Resulta inadmisible que el titular de uno de los Departamentos del Gobierno Federal pretenda expresar una encendida crítica a la labor judicial", sostuvieron.
Tras los primeros días del hecho, Bullrich informó que el Gobierno iba a impulsar la modificación de la "doctrina" que consistía en culpar "de antemano" a los uniformados por disparar en un enfrentamiento.
"La mirada que tiene nuestro Gobierno es que las fuerzas de seguridad no son, como durante muchos años fueron, las principales culpables a la hora de un enfrentamiento. Estamos cambiando esta doctrina, la doctrina de la culpabilidad hacia el policía, (ya que) el policía siempre era el culpable", dijo por entonces.
Referentes opositores y de diferentes espacios políticos repudiaron los dichos de la titular de la cartera de Seguridad y advirtieron sobre la posibilidad de "una ola de gatillo fácil y represión". El entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, sostuvo que la postura del Gobierno no era “una carta libre para que la policía pueda violar la ley”.
Finalmente, el 3 de diciembre de 2018, la administración de Macri puso en marcha un nuevo reglamento para el uso de armas en las fuerzas federales que permitía a los policías disparar a sospechosos de delitos aun cuando huyeran o no estuvieran armados. Bullrich argumentó por entonces que la resolución cambiaba la antigua doctrina de los policías que "tenían que esperar que el delincuente tire primero".
La decisión generó fuertes cuestionamientos, incluso dentro de la coalición gobernante, y de organismos de derechos humanos. Diferentes provincias, como Buenos Aires, Neuquén y Río Negro, adelantaron con rapidez que no adherirían. Con el cambio de gestión, el gobierno de Alberto Fernández le puso fin al reglamento por medio de una resolución publicada el 24 de diciembre de 2019.
Chocobar comenzó a ser juzgado el 9 de octubre de 2020. Ese día, el policía no declaró y recibió un nuevo apoyo de Bullrich, quien en su cuenta de Twitter posteó una foto junto a él y expresó: "Hubo un delincuente que le dio 11 puñaladas a un ciudadano. Hubo un policía que actuó para detenerlo. Se reanuda el juicio a Chocobar, yo estoy junto a él y con todos los policías que arriesgan su vida para cuidar a la sociedad". Durante el juicio, decenas de manifestantes se reunieron en los tribunales de Comodoro Py a favor y en contra del policía.
En noviembre declaró Ivonne Kukoc, madre del asaltante que murió baleado. La mujer lamentó que su hijo no pudiera tener "un juicio justo” de la misma manera que la tuvo el efectivo.
Poco después, desde Kentucky, en Estados Unidos, y por videoconferencia, el turista estadounidense Frank Wolek defendió a Chocobar y sostuvo que ese día estaba tomando unas fotografías en la zona cercana a Caminito y vio a un grupo de jóvenes, por lo que decidió alejarse un poco. Sin embargo, dos personas lo tomaron por detrás y sin mediar palabra comenzaron a tirarle de la cámara de fotos, tras lo cual comenzó a sentir golpes en su cuerpo.
El testimonio más esperado fue el del oficial. Ante el Tribunal Oral de Menores 2 (TOM), afirmó que no quiso matar al asaltante y que le disparó hacia "los pies". justificó su accionar al decir que quiso evitar que Kukoc siguiera avanzando hacia él, ya que supuso que estaba armado.
Argumentó que persiguió al joven cuando vio al turista estadounidense tirado en la calle y que fue detrás de tres hombres que siguieron al delincuente. Cuando él llegó a la escena, estas personas le estaban pegando a Kukoc.
Una vez que los testigos recuperaron la cámara, Chocobar aseguró que gritó “alto, Policía” y disparó al aire. Dijo que no se acordaba cuántas veces pero cree que disparó dos veces. Y dijo "tirate al piso’", pero Kukoc salió corriendo y se dio vuelta, según detalló uno de sus abogados.
En su declaración, el oficial recalcó que disparó porque Kukoc "se le venía encima". El Tribunal le preguntó si tiró por la espalda y/o a matar. “Yo le disparé en el mismo momento que se vino hacia mí pero en el mismo momento vuelve a girar, como un amague, todo en un mismo momento, todo a la vez, y yo disparo a los pies, hacia abajo porque no quería matarlo”, respondió.
En sus alegatos, el defensor oficial de la familia de Kukoc, Pablo Rovatti, pidió “el máximo de la pena” para el uniformado, a quien acusó de “homicidio agravado”. Sostuvo que “Chocobar le disparó unas seis veces directamente al cuerpo de Kukoc, quien corría de espaldas y no representaba ya un peligro para nadie. (…) Es falso que haya disparado para abajo. Están las marcas que dejaron en la pared algunos balazos. Una de ellas está nada menos que a 2,4 metros de altura”.
La defensa del policía, encabezada por los abogados Fernando Soto y Luis Cevasco, pidió su absolución. El día de los alegatos finales, presentó un video en el que muestra su versión de los hechos. “No fue un caso de ‘gatillo fácil’. Este es un caso donde un policía ejerció la legítima defensa”, afirmó Soto. Según dijo, los dos disparos a Kucoc fueron en el muslo izquierdo y en la zona de la espalda. De acuerdo a sus argumentos, la bala mortal primero rebotó en la calle y de rebote impactó en el joven.
En tanto, la fiscal Susana Pernas pidió tres años de prisión en suspenso y seis de inhabilitación para ejercer funciones, al considerar que se trató de un "homicidio agravado", pero cometido con "exceso en el cumplimiento de un deber".