La trama se ramifica hacia varios nombres del circuito narco peruano en Buenos Aires, lo que sugiere la existencia de una red más amplia de distribución.
Brenda, Morena y Lara, las tres víctimas del crimen narco.
Durante años, el nombre de Alex Roger Ydone Castillo circuló entre expedientes judiciales, órdenes de allanamiento y pedidos de captura. Ahora su rastro aparece ligado a uno de los casos policiales más impactantes de los últimos tiempos, el triple femicidio narco de Florencio Varela.
Castillo nació en Perú y, según registros judiciales a los que tuvo acceso A24.com, mantuvo vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico de cocaína entre Lima y Buenos Aires.
En febrero de 2020 fue detenido en nuestro país por un pedido de captura internacional emitido desde Perú. La solicitud de extradición estaba vinculada con causas por narcotráfico, pero el trámite se demoró. En medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus, la justicia argentina ordenó su excarcelación con el argumento de reducir los riesgos de contagio en las cárceles.
La resolución, se apoyó en “criterios humanitarios”. Ni bien Ydone Castillo recuperó la libertad, desapareció. Durante su paso por el sistema penitenciario argentino había conseguido un DNI provisorio, un documento que le permitió circular dentro del país con una identidad regularizada.
El detalle parece mínimo, pero es una muestra de cómo las estructuras burocráticas se entrelazan exponiendo la fragilidad institucional. De esa manera, un narco requerido por la justicia extranjera podía, al mismo tiempo, estar habilitado legalmente para moverse impunemente dentro de la Argentina.
Cinco años después de su liberación, su nombre volvió a sonar. Los investigadores creen que Ydone era el verdadero dueño de la droga robada y que el crimen fue una represalia por esa pérdida.
La trama, de acuerdo con las fuentes del expediente, se ramifica hacia otros nombres del circuito narco peruano en Buenos Aires, lo que sugiere la existencia de una red más amplia de distribución.
El derrotero judicial de Ydone está plagado de omisiones. Tras su liberación, el Estado peruano no envió a tiempo la documentación necesaria para formalizar la extradición, lo que derivó en el archivo temporal del caso. Cuando los papeles finalmente llegaron, el acusado ya no estaba en el país.
En los años siguientes, los pedidos de cooperación internacional se reactivaron, pero la circular roja de Interpol aún no figura como plenamente vigente. Esa demora administrativa, un vacío burocrático en apariencia menor, le dio margen para escapar. Los investigadores creen que pudo haberse movido entre Perú, Bolivia y el norte argentino, aprovechando sus viejas conexiones y las rutas del tráfico de cocaína.
