Ocurrió el martes a la noche. Incendiaron colchones y sábanas y colgaron banderas. Días atrás, el Gobierno determinó el cierre del funcionamiento de los centros de estudiantes fuera del horario en el que los internos asisten a clases.
Un motín causó caos en el penal de Devoto: trapos quemados, banderas y un reclamo al Gobierno. (Foto: X)
Un motín en el penal de Devoto generó pánico entre los vecinos del barrio porteño, luego de que los internos iniciaran una protesta contra la decisión del Ministerio de Seguridad Nacional de cerrar los Centros de Estudiantes universitarios dentro de la prisión.
Durante la noche del martes, reclusos de la cárcel ubicada en Bermúdez 2651 iniciaron disturbios en rechazo al cese de actividades estudiantiles. Las imágenes de la protesta se viralizaron en la madrugada, mostrando a los presos incendiando objetos y exhibiéndolos por las ventanas de sus celdas.
La protesta se llevó a cabo en los pabellones 1 y 5, donde los presos quemaron colchones y sábanas y colgaron banderas en las ventanas.
“Tenemos derecho a la educación 1985-2025″, es uno de los mensajes que llegan a leerse en uno de los trapos que sobresalen en la cárcel ubicada en la calle Bermúdez al 2651, en el barrio porteño de Villa Devoto. “La Universidad es de todos. CUD. 40 años”, decía otra las banderas colgadas en el penal.
Uno de los detenidos, identificado como Miguel, explicó en diálogo con Crónica que la medida que se llevó adelante fue una “batucada” y no un motín, y aclaró: “Se debe a la imposibilidad del ejercicio al derecho a la educación y cómo se realiza este derecho en las cárceles porque se prohíbe la creación de centros de estudiantes”.
La situación fue controlada durante la madrugada.
El Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Resolución 372/2025, resolvió no habilitar el funcionamiento de centros de estudiantes en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y restringir la permanencia de internos en los centros educativos fuera del horario de cursada.
La medida fue firmada por la ministra Patricia Bullrich y publicada en el Boletín Oficial. La resolución se basa en la normativa vigente sobre ejecución de la pena privativa de la libertad, que establece como objetivo central la reinserción social de los internos a través del régimen de "progresividad".
Según el ministerio, la existencia de centros de estudiantes en las cárceles distorsiona este propósito, al permitir la permanencia prolongada de los internos en espacios educativos sin que cumplan con las actividades obligatorias de reinserción, como el trabajo y el mantenimiento de espacios comunes.
En particular, se señala que en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires (CPFCABA), en el Complejo Penitenciario Federal I (CPF I) y en el Complejo Penitenciario Federal IV (CPF IV) existen agrupaciones de internos que se identifican como representantes estudia
Sin embargo, de acuerdo a la cartera de Bullrich, estos grupos no están reconocidos por la administración penitenciaria ni por la legislación vigente, y su actividad genera problemas de seguridad y alteraciones en la disciplina carcelaria.
La resolución también destaca que los internos que forman parte de estos centros permanecen en las aulas durante toda la jornada, incluso fuera del horario de cursada, lo que interfiere con el cumplimiento del tratamiento penitenciario obligatorio.
En ese sentido, el ministerio subraya que la educación en contexto de encierro es un derecho garantizado por la ley, pero que su ejercicio no puede impedir la realización de otras tareas esenciales para la reinserción social.
Por último, la resolución aclara que la Procuración Penitenciaria de la Nación sigue garantizando los derechos de los internos y que las medidas adoptadas buscan armonizar el acceso a la educación con las exigencias del régimen penitenciario.
El Gobierno estableció meses atrás que los presos de cárceles federales tienen la obligación de realizar tareas de mantenimiento de los lugares comunes como son los pabellones y las celdas.
