Las tres jóvenes, oriundas de La Matanza, fueron secuestradas, sometidas a torturas y finalmente asesinadas en una vivienda de Florencio Varela. La brutalidad con la que fueron atacadas conmocionó a la sociedad argentina y desató un fuerte reclamo por justicia. El hallazgo de la imagen refuerza la idea de que no se trató de un hecho fortuito, sino de una ejecución planificada con el objetivo de enviar un mensaje dentro de las disputas del narcotráfico.
Por el hecho están detenidos Magalí Celeste González Guerrero (28), Daniela Iara Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18) y Miguel Ángel Villanueva Silva (25). Todos ellos fueron imputados por homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, ensañamiento y en un contexto de género.
Los cuatro se negaron a declarar en sede judicial y permanecen detenidos en el complejo de Melchor Romero, mientras las familias de las víctimas claman por una condena ejemplar. La imputación contempla las circunstancias más graves del Código Penal argentino, lo que anticipa que, de ser hallados culpables, podrían recibir la pena de prisión perpetua.
En paralelo, la Justicia mantiene un operativo para dar con el paradero de Julito, alias “Pequeño J”, un joven narco peruano de 23 años sindicado como el autor intelectual del triple crimen. Según las sospechas, fue él quien dio la orden de ejecutar a las chicas como represalia por la fotografía con los dólares y por un supuesto robo relacionado con dinero o droga.
Los investigadores creen que el prófugo logró escapar en los días posteriores al crimen y que incluso podría haber salido del país. Su captura se transformó en prioridad para la fiscalía, que ya trabaja con fuerzas federales y con organismos de inteligencia para rastrear su posible paradero en países limítrofes.
El triple crimen de Florencio Varela no solo golpeó a las familias de Brenda, Morena y Lara, sino que también generó un profundo impacto social. La crueldad con la que las jóvenes fueron torturadas y asesinadas, sumada a la posibilidad de que todo haya sido desencadenado por una simple foto con dólares, despierta indignación y miedo en la comunidad.
La sociedad argentina, marcada en los últimos años por una creciente violencia ligada al narcotráfico, observa este caso como un ejemplo de cómo la lógica del crimen organizado puede arrastrar a víctimas inocentes. El pedido de justicia se multiplica en marchas, concentraciones y redes sociales, donde las familias no dejan de exigir que los responsables paguen por lo que hicieron.
Para los peritos judiciales, la imagen con los dólares no es un simple detalle anecdótico. Su circulación a través de teléfonos celulares y su llegada hasta “Pequeño J” muestran cómo funciona la red de información en el mundo narco, donde cualquier señal puede ser interpretada como una amenaza o una burla.
La Justicia busca ahora determinar en qué contexto fue tomada la foto, si los dólares eran reales o parte de una puesta en escena, y quiénes estaban al tanto de su difusión. Esa línea de investigación podría ayudar a esclarecer el verdadero motivo del secuestro y la brutal ejecución de las tres jóvenes.
El expediente que instruye el fiscal Arribas ya cuenta con numerosas pruebas: testimonios de vecinos, análisis de cámaras de seguridad, registros de llamadas telefónicas y pericias sobre los cuerpos de las víctimas. La foto con los dólares se suma a este cúmulo de evidencias que apuntan a reforzar la hipótesis del ajuste de cuentas.
En las últimas semanas, además, se incorporaron declaraciones de allegados a las víctimas que aportaron detalles sobre sus últimos movimientos y contactos. El objetivo es reconstruir paso a paso cómo fue el secuestro y quiénes participaron en cada etapa de la macabra secuencia.
Mientras tanto, los familiares de Brenda, Morena y Lara atraviesan el doloroso proceso de duelo. Cada aparición pública de sus padres, hermanos o amigos está marcada por un mismo mensaje: “Queremos justicia”. Para ellos, no hay dudas de que las jóvenes fueron utilizadas como piezas en un engranaje criminal mucho más grande.
Las marchas en La Matanza y Florencio Varela se repiten cada semana. Allí, con carteles y fotos de las víctimas, los vecinos reclaman no solo justicia para este caso, sino también seguridad en sus barrios, donde la violencia narco crece sin freno.
El caso del triple crimen vuelve a poner en discusión la penetración del narcotráfico en la Argentina y la capacidad del Estado para enfrentarlo. La presencia de bandas extranjeras, la facilidad para fugarse del país y la brutalidad con la que se cometen los crímenes muestran un panorama preocupante.
Para los especialistas en criminología, lo ocurrido en Florencio Varela es una advertencia: el narco no solo disputa territorios y negocios, sino que también impone reglas de violencia que arrasan con la vida de jóvenes inocentes. Y, en este contexto, una simple foto con dólares puede convertirse en la chispa que desate una tragedia.
