Érika sufrió de abuso sexual en un centro asistencial y aún no se encuentra al responsable
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Érika padece una discapacidad motriz y mental severa que no le permite hablar y la tiene postrada en una silla de ruedas. Su madre, Clara, recibió una llamada el miércoles 1 de junio por parte del Hogar terapéutico Proyecto de Vida, ubicado en La Reja, partido de Moreno. Allí le decían que su hija de 34 años estaba embarazada de 4 meses.
Estaba claro que Érika había sufrido un abuso sexual. "Mi hija no tiene capacidad de tomar decisiones de ningún tipo, mucho menos la de tener relaciones sexuales”, aseveró Clara.
Retiraron lo antes posible a Érika del lugar y la llevaron a la comisaría de la mujer de la zona para hacer la denuncia que quedó asentada y asignada a la UFI N°8 de Moreno, a cargodel fiscal Gabriel López.
Ese fue el inicio del calvario ya que Érika tuvo que someterse a un aborto. Mientras tanto, a pesar de que la sospecha es que el violador es alguien que trabaja o vive en la institución, Proyecto de Vida sigue funcionando como si nada y no removieron a ninguno de sus empleados. Incluso sigue recibiendo pacientes.
Érika sufre desde que nació síndrome de Landauklaffner y distrofia muscular de Duchennebecker, dos enfermedades sumamente degenerativas que afectan distintas funciones de su cuerpo.
“Ella ingresó al hogar terapéutico Proyecto de Vida en el año 2007. Allí estuvo hasta hace unas semanas, cuando decidimos sacarla por lo que pasó. Estamos hablando de una institución privada que llega a costar más de 200 mil pesos por mes”, contó una persona cercana a la víctima.
Érika fue al Hospital Posadas para hacerse un aborto, ingresó con un embarazo de 16 semanas. La fiscalía estaba enterada de la situación, por eso solicitó que el feto sea resguardado para poder tomar muestras de ADN para así intentar descubrir quién fue el abusador.
“No podemos agarrar a todos los hombres del instituto y mandarles a hacer muestras de ADN. Por lo tanto, hay que ser muy precisos. Por ejemplo, tenemos que descartar a aquellos pacientes que no tienen capacidad de embarazar a una mujer por su patología. También hay que correr a los empleados que no estuvieron trabajando el día del abuso. Para hacer todo eso necesitamos informes que tardan en llegar”, explica un investigador en la causa.
La lista de los posibles sospechosos tiene que ser depurada para que pueda continuar al cotejo con el ADN.
Un dato que inquietó a la familia fue que uno de los empleados habría viajado a Brasil y presentó la renuncia a la institución desde allá. “¿Y si no vuelve? ¿Cómo hacemos para sacarle ADN? ¿Y si él es el culpable?”, se preguntan familiares de Erika.