Fabio Dante Cattani, de 56 años, está en terapia intensiva. Perdió el bazo, un testículo, tiene ocho fracturas costales y un pulmón que no le funciona.
Fabio tiene 56 años y está muy grave.
El ataque a Fabio Cattani conmovió a la comunidad de Puerto Deseado, en Santa Cruz, y abrió un nuevo capítulo de violencia sindical. El contratista, de 56 años, conocido por haber luchado como padre por justicia tras el abuso y posterior suicidio de una de sus hijas adolescentes, hoy pelea por su vida tras ser golpeado salvajemente por una patota que, según testigos, estaría vinculada a la UOCRA local.
El hecho ocurrió el 11 de agosto, en una obra del Sindicato de Judiciales de Puerto Deseado. Allí, un grupo de entre 30 y 40 personas arribó en camionetas y autos, bajó con violencia y atacó directamente al contratista. Según testigos, uno de los líderes del grupo dio la orden: “A Cattani hay que matarlo”.
Minutos después, el contratista estaba en el piso, recibiendo golpes de puños y patadas, sin que la Policía provincial interviniera. Hoy, Fabio se encuentra internado en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva de Alta Complejidad del Hospital Zonal de Caleta Olivia, en coma inducido, con un cuadro médico desesperante.
La golpiza dejó consecuencias devastadoras. Según el parte médico y los testimonios de allegados, Fabio sufrió:
Tras una cirugía de urgencia en la que se le realizó una esplenectomía total y se le transfundieron cinco litros de sangre, el paciente debió ser inducido a coma para estabilizarlo. Desde entonces, su evolución es incierta.
El episodio ocurrió mientras dos patrulleros estaban presentes en el lugar. Sin embargo, los efectivos no intervinieron para detener la golpiza ni para dispersar a los agresores. Según la denuncia presentada por la esposa de la víctima, Sonia, la Policía se limitó a trasladar a Fabio al hospital local, donde increíblemente le dieron el alta horas después. Solo cuando se descompensó en la madrugada fue nuevamente internado en terapia intensiva.
La denuncia judicial fue radicada por Sonia y acompañada por compañeros de trabajo de la víctima que presenciaron el hecho. En la presentación se enumeraron nombres y apodos de los agresores: Franco Moreyra, Fabián Hernández —hermano de la jueza que debía intervenir en el caso—, Carlos Tapia y Oscar “Cachumba” Aranda.
La acusación formal es por tentativa de homicidio agravada y robo, ya que además de golpearlo, los atacantes se llevaron su pistola 9 milímetros —registrada en la ANMaC— y su teléfono celular.
El panorama judicial agrava aún más la situación. Puerto Deseado cuenta con una sola fiscalía, a cargo de Ariel Quinteros, y el único juez penal que había se jubiló recientemente. En su lugar subroga Jésica Hernández, titular de un juzgado de primera instancia.
Pero Hernández se excusó de intervenir en el caso porque su hermano figura como uno de los agresores señalados en la denuncia. En consecuencia, no hay juez actuando directamente sobre el expediente.
La familia de Fabio denunció: “Por el momento desconocemos qué medidas se tomaron. Entendemos que no muchas. Están todos individualizados y no hay ningún detenido”.
La situación genera indignación no solo entre allegados a la víctima, sino también entre referentes sociales y sindicales que ven en este episodio un ejemplo de la impunidad con la que actúan grupos violentos amparados en estructuras de poder local.
La vida de Fabio ya estaba atravesada por el dolor. Años atrás, enfrentó otro drama cuando una de sus hijas adolescentes fue víctima de una violación. Tras meses de lucha judicial, la joven no pudo soportar el trauma y se quitó la vida. Desde entonces, Fabio se convirtió en un referente silencioso de la pelea por justicia en Puerto Deseado.
Ese historial de lucha y resistencia lo convirtió en alguien respetado por muchos vecinos. Hoy, quienes lo conocen dicen que “es un hombre que ya sufrió demasiado” y que el ataque brutal representa un golpe imposible de dimensionar para su familia.
Ahora, mientras Fabio permanece internado, su familia exige justicia y detenciones inmediatas. Reclaman que se designe un juez imparcial y que el expediente avance sin más dilaciones. La sensación de impunidad crece cada día, ya que los agresores fueron identificados por al menos tres testigos, pero siguen en libertad.
Los allegados remarcan que si la justicia no actúa con celeridad, el caso podría quedar en el olvido, como tantos otros episodios de violencia sindical en la provincia de Santa Cruz.
En las redes sociales y en medios locales, el caso generó una ola de indignación y pedidos de solidaridad. La figura de Fabio se transformó en un símbolo de resistencia, y muchos vecinos reclaman que el ataque no quede impune.
