Un oficial de la policía de la Ciudad mira el auto en el que iba Lucas González.
El asesinato de Lucas González a manos de oficiales de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Barracas volvió a colar dentro del debate público el rol de las fuerzas de seguridad. Lejos de mostrarse como un caso aislado de violencia institucional, los números y datos oficiales evidencian ciertas prácticas sistemáticas en la fuerza porteña.
“Casos como este son los que se ven porque tienen un nivel de gravedad alto y una repercusión pública enorme”, afirma a A24.com Emelina Alonso, directora de Asistencia a Personas Privadas de la Libertad y coordinadora del programa contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa (MPD) de la Ciudad. “Sin embargo, este hecho se explica en una situación cotidiana de muchos episodios más sutiles de violencia institucional”, recalca.
Según detalla, a su secretaría llegan aproximadamente 100 casos de violencia institucional por mes, que en el 90 por ciento de los hechos involucra a la Policía de la Ciudad. "Hay otras fuerzas que intervienen en territorio porteño, pero la mayoría son de la Policía de la Ciudad”, asegura.
En rigor, los últimos datos estadísticos del MPD muestran 472 hechos de violencia institucional durante el segundo semestre de 2021, un promedio de 94 hechos mensuales y más de 3 diarios.
De acuerdo a Alonso, hay dos situaciones que se pueden identificar con respecto a este tipo de violencias: los casos de detenciones donde "la fuerza es desproporcionada" y la persona recibe golpes, maltrato psicológico, discriminatorio o de manera verbal; y también las situaciones donde "las detenciones son directamente arbitrarias".
Según el MPD, los principales contextos en los que se enmarcan los casos de violencia institucional son situaciones de personas haciendo uso del espacio público de modo recreativo, situaciones que involucran a personas desarrollando actividades de subsistencia y detenciones en contexto de violencia de género.
“Esto nos muestra una continuidad de situaciones que se dan con cierta sistematicidad y que tal vez son más sutiles en comparación con los hechos que vimos estos días porque no terminan en la muerte de alguien, como en el caso de Lucas González. Lo que vemos ahora es la punta de un iceberg. Esto pasa todos los días. Falta control y trabajo para poder modificar una conducta que se repite”, concluye Alonso.
No son los únicos números. De acuerdo a la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, "son 121 hechos de gatillo fácil en estos 5 años de existencia (de la policía de la Ciudad), aparte las muertes en comisarías". Según consignó esta semana el diario Tiempo Argentino, en la mayoría, la edad de las víctimas ronda entre los 15 y los 25 años.
Los tres efectivos de la Policía de la Ciudad que participaron del operativo en que dispararon contra Lucas González formaban parte de la brigada de investigaciones de la Comisaría Vecinal 4D, del barrio de Barracas, cuyos integrantes patrullan la ciudad vestidos con ropa de civil y en automóviles sin identificación.
"Existen dos tipos de tareas que se realizan de civil, una cuando está la orden judicial en una situación específica; y otra es cuando actúan en prevención, para, por ejemplo, ubicar puntos de venta de drogas, marcadores de salideras bancarias", detalló este sábado en conferencia de prensa el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’ Alessandro, en relación a la Policía.
"Un requisito fundamental e inquebrantable es que, al momento de actuar, siempre el policía debe identificarse", recalcó, y remarcó que, en el caso de Lucas González, esto no sucedió. En este marco, es claro que la no identificación de la policía en un procedimiento y la falta de uso del uniforme está permitido en la Ciudad de Buenos Aires, pero siempre y cuando un juez o un superior lo ordene.
En rigor, el artículo 159 la Ley de Sistema Integral de Seguridad Pública de CABA establece que “el personal con estado policial usa obligatoriamente el uniforme reglamentario y su debida identificación en todos los actos de servicio, salvo en los casos de excepción que, por autorización expresa, realice la superioridad o exista orden emanada de autoridad judicial”.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) explican a este portal que este artículo presenta dos ambigüedades. La primera está vinculada a cuáles serían aquellos “casos de excepción” que permitirían su habilitación. "No hay limitaciones precisas o prohibiciones acerca de qué tipo de tareas no podrían hacerse bajo ningún punto de vista sin vestir el uniforme de la fuerza", argumentan.
La segunda ambigüedad recae sobre la figura de la “superioridad”, que se entiende como una persona con rango mayor dentro de la fuerza respecto de la persona “expresamente autorizada” a realizar tareas indefinidas por la propia ley. Con relación a las formalidades de los vehículos en los que los efectivos pueden o deben trasladarse, desde el CELS sostienen que la ley no dice nada preciso.
En nuestro país, no hay fuerza policial que no tenga brigadas. Son los policías que conocen la zona y quienes, de civil, circulan para detectar desarmaderos de autos, lugares de reducción de artículos robados, prostíbulos, locales de venta de droga, entre otros. Desde la CORREPI, afirman a A24.com que en muchos casos, las fuerzas de seguridad utilizan estos conocimientos para “gerenciar esos lugares”, "recaudar" y hasta “cobrar peaje”.
“Coma la ley vigente establece lo que se denomina el 'Estado policial', que es la condición de policía 24 por 24, entonces los agentes de civil andan con el arma. Tienen la facultad no solo de la portación, sino también del uso. Por eso, decimos que, ya que no podemos restructurar todo, una medida concreta que bajaría el gatillo fácil sería sacar el arma reglamentaria a los que no están en servicio y de uniforme”, concluye María del Carmen Verdú.