El paro convocado por la CGT dejó más dudas que certezas. ¿Fue un paro legítimo o se trato de una extorsión? ¿Es una medida política?
El paro de la CGT desde un drone (Foto: CGT)
El paro general convocado del 9 de mayo generó algunos interrogantes en la opinión pública que se partió el medio: a favor de la medida o en contra. La sociedad quedó dividida, como en la grieta kirchnerismo-antikirchnerismo o Milei anti Milei. O estás de un lado, o del otro.
Algunas preguntas que surgieron en torno a este nuevo conflicto entre la CGT y el Gobierno.
Contrario a algunas especulaciones, el paro no tiene que ver con cuestiones de “caja sindical”; de hecho, la Ley Bases (uno de las consignas de la convocatoria) no habla de ese tema.
Tampoco el paro es por la situación inflacionaria, que ya venía desbordada desde antes.
La razón principal del paro es la falta de respuestas del Gobierno a los representantes gremiales a demandas puntuales y una gestión que no da respuestas a los temas laborales y sociales.
Para ser más claro. La mayoría de los representantes sindicales nunca pudo hablar con el secretario de Trabajo Julio Cordero. El Gobierno los desconoce como actores y les deniega su representación.
La única alternativa que les queda a los gremios es parar para visibilizar sus reclamos.
El contraste con la gestión de Alberto Fernández es evidente: los números de aquella presidencia fueron malísimos, pero el presidente siempre cedió a todos sus pedidos, al punto de enfrentarse para ello con la propia vicepresidenta.
La política laboral del Gobierno preocupa a la CGT y es uno de los puntos de conflicto. En la ley bases hay cuatro cuestiones que afectan directamente a los trabajadores, desde la mirada de los sindicatos.
Los sindicatos tienen como función primordial representar los intereses de SUS trabajadores afiliados.
En muchos casos, el paro no es planteado desde las cúpulas -como se quiere hacer creer- sino que son las propias bases las que reclaman las medidas de fuerza.
Si los líderes no cumplen con ese mandato, corren el riesgo de perder legitimidad y tener que irse.
Algo así pasa en distintas actividades donde la izquierda gana protagonismo, o -hace unos años- pasó en la UOM, donde el histórico líder Antonio Caló perdió las elecciones a manos de Abel Furlán.
Porque es la única medida contundente de visualización de las demandas -junto con las movilizaciones- y es un método de protesta garantizado por la Constitución.
Sí, es político. Y no está mal. El gobierno debería tomar nota del malestar de una parte de la gente y hacer algo al respecto. Hay una parte de la población que la está pasando mal (“gente de bien” y el Gobierno tiene la obligación de escucharlos e intentar dar alguna respuesta.
En una sociedad moderna conviven distintas identidades, intereses, ideas, miradas e historias de vida.
La política es el arte de intentar encausar esas ideas y hacerlas convivir en un marco democrático.
El gobierno moderó en las últimas semanas su postura frente a los sindicatos. Por primera vez en cuatro meses los recibió un funcionario de alto nivel: el ministro del Interior Guillermo Francos.
Pero ese canal de diálogo es considerado insuficiente por algunos sectores, que plantean que el diálogo del día a día tiene que ser con el secretario del área, Julio Cordero.
Hasta ahora, la mayoría de los representantes gremiales, cuentan que no lo conocen y que no hay previsto ningún encuentro.
En los primeros días de gestión, un funcionario de esa secretaría se reunió con el líder de Comercio, Armando Cavalieri. A los pocos días fue echado.
Por ahora el Gobierno no da muestras de querer recomponer su relación con los sindicatos; ¿será demasiado tarde?
