La asociación de periodismo pidió al Gobierno Nacional que atenúe el "clima de confrontación" y cuestionó el decreto que limita el acceso a la información pública.
Adepa advirtió sobre la propensión del presidente Javier Milei a insultar periodistas y medios de comunicación. (Foto: Adepa).
La Asociación de Entidades Periodísticas (Adepa) advirtió que "la propensión del presidente" Javier Milei a agraviar periodistas y medios de comunicación "perturba el debate democrático" y pidió al Gobierno Nacional que atenúen "el clima de confrontación" para garantizar las libertades de prensa y expresión.
Así lo expresó Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de Adepa y también directivo del diario La Gaceta, al leer el informe durante la 62° asamblea anual de la asociación, realizada en Posadas.
"La propensión del presidente de la Nación al agravio a periodistas y medios de comunicación perturba el debate democrático. Se contabilizan más de cincuenta periodistas y medios que han sufrido, en los últimos dos meses, imputaciones infundadas y descalificaciones estigmatizantes", señalaron desde Adepa.
Y marcaron que "si algún funcionario tiene indicios o pruebas de la comisión de delitos por parte del periodismo, o de cualquier ciudadano, está obligado a denunciarlo judicialmente e impulsar la correspondiente investigación".
Asimismo, destacaron que "la asimetría entre un presidente y un periodista es extraordinaria". Y denunciaron que "las acusaciones y los denuestos presidenciales motorizan a un ejército de troles, con el amparo del anonimato y de un financiamiento opaco, que multiplican agresiones verbales y abren así rendijas a la violencia física".
"Ese clima hostil estimula la autocensura y perturba la actividad periodística", añadieron.
En esa línea, señalaron que "todo funcionario puede contradecir, rechazar y eventualmente iniciar acciones civiles contra los responsables de contenidos periodísticos"; sin embargo, el funcionario "está también obligado, junto con el periodismo responsable, a preservar el clima en el que se desarrolla el debate ciudadano".
"Un cuestionamiento o una crítica no es una injuria. Suelen ser modalidades de un oficio, el periodístico, que debe fiscalizar al poder y exigir transparencia en la gestión de los intereses de todos", subrayaron.
Por esto, instaron a que "el Gobierno nacional, los poderes locales y la clase dirigente en su conjunto asuman con conciencia democrática la urgencia de atenuar el clima de confrontación, garantizar la plena vigencia de las libertades de expresión y de prensa y aportar al fortalecimiento de un periodismo responsable y moderno como herramienta clave para defender la institucionalidad".
En el informe presentado por Adepa, desde la asociación destacaron que "la Ley de Acceso a la Información Pública, sancionada en 2016, es uno de los hitos recientes de consolidación de la libertad de prensa". Y recordaron que hasta ese año en que se aprobó, "la Argentina era uno de los únicos tres países de Sudamérica que no tenía una ley de ese tipo, junto con la Bolivia de Evo Morales y la Venezuela de Nicolás Maduro".
"Resulta preocupante, entonces, el reciente decreto del Poder Ejecutivo por el cual se incorporan excepciones que abren las puertas a un angostamiento del nivel de acceso a información por parte del periodismo y la ciudadanía en general", advirtieron.
Y denunciaron que "estas limitaciones van a contramano de los estándares constitucionales e internacionales en la materia", porque "se trata de modificaciones que, por su ambigüedad y amplitud, chocan con el espíritu de una norma que consagra principios de “máxima divulgación” y establece excepciones de alcance limitado".
Al respecto, señalaron que "los funcionarios tienen derecho a resguardar su privacidad y hay aspectos específicos de la gestión gubernamental que, por su naturaleza, pueden quedar fuera del conocimiento público", pero "en los regímenes democráticos estas excepciones deben ser de alcance restringido, justificado y transitorio".
"La transparencia es la regla; el secreto, la excepción", destacaron.
Y recordaron que "los funcionarios públicos asumen voluntariamente la carga de un amplio grado de visibilidad personal. Y a mayor jerarquía, mayor exposición. Aspectos de la vida privada –la salud, las relaciones personales, el esparcimiento–, cuando pueden afectar la gestión o tocar intereses públicos, entran dentro de la órbita de cuestiones que la ciudadanía tiene derecho a conocer".
"La calidad de una democracia depende de la calidad del debate público. Un intercambio de ideas fluido, tolerante y libre es necesario para la existencia de una dinámica democrática intensa", indicaron desde Adepa.
En ese sentido, destacaron que "las constituciones modernas dan un tratamiento jurídico preferencial a la prensa porque la conciben como una pieza imprescindible para que la ciudadanía pueda debatir sobre cuestiones de interés colectivo apoyándose en información chequeada".
"Un debate democrático sano no excluye la exposición firme de ideas y la defensa de posiciones e intereses que entran en colisión con otros. Una convivencia pacífica de los habitantes de un país se asienta en el intercambio de opiniones basado en datos y argumentos, y en el respeto de los mecanismos institucionalizados de resolución de conflictos", continuaron.
Y marcaron que "el terreno de la ofensa es el espacio fronterizo que separa a una comunidad armónica de un grupo humano en el que impera la ley de la selva. El insulto representa un avance civilizatorio respecto de la violencia física, pero también conforma el umbral que nos lleva de regreso a la barbarie".