Judicialización de la pandemia

Alberto baja la confrontación política y analiza cómo destrabar el conflicto por las clases presenciales

Ante la incertidumbre de un fallo adverso de la Corte Suprema, centra la defensa del DNU sobre tres ejes: la constitucionalidad, el problema sanitario y la presencialidad en las aulas.
Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
El Gobierno defiende la constitucionalidad del DNU y ya analiza extender restricciones después del 30 de abril (Foto: Presidencia).

El Gobierno defiende la "constitucionalidad" del DNU y ya analiza extender restricciones después del 30 de abril (Foto: Presidencia).

Alberto Fernández ordenó bajar el tono a la confrontación política y judicial en la que quedó enredado con Horacio Rodríguez Larreta. El Gobierno puso el eje central en defender la constitucionalidad del DNU 241 que estableció suspender las clases presenciales en el AMBA y durante toda la jornada del miércoles dio las puntadas finales al escrito que presentará en las próximas horas ante la Corte Suprema de Justicia. Con una foto con Nicolás Trotta, ya avisó que piensa medidas para no tener que mantener la suspensión total de la presencialidad luego de esa fecha. Y mandó a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, a advertir que podría extender las restricciones a todo el resto del país.

Alberto eligió como vocera a Vizzotti, que centró la defensa del DNU y la suspensión de las clases presenciales en escuelas del AMBA en los informes que demuestran un agravamiento exponencial de la situación epidemiológica que ya se expande a la mayoría de los distritos del país y pone en riesgo de colapso al sistema sanitario.

En la misma línea, el Presidente se mostró recomponiendo la relación con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, -que se oponía a la suspensión total de las clases presenciales- y analizaron un plan para volver a "la presencialidad administrada” en las clases después del 30 de abril, cuando vence el actual decreto de necesidad y urgencia.

Así, en un nuevo giro discursivo, el Presidente envió gestos de intentar recomponer la relación con el electorado de clase media y los porteños que repudiaron todas las medidas restrictivas y ordenó al gabinete trabajar sobre tres ejes estratégicos:

El eje político-Judicial

El Procurador General del Tesoro, Carlos Zannini, junto al equipo de juristas de la Casa Rosada que comanda la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, concretaban la línea bajada desde la Jefatura de Gabinete y de Alberto para escribir el informe que presentará en las próximas horas el Gobierno ante la Corte para rechazar el planteo de amparo presentado por Rodríguez Larreta.

Bajo la consigna de que “el DNU 241 es constitucional porque tiene estatus de ley federal”, en la Casa Rosada aseguraban que está por encima de cualquier normativa y de la justicia local.

“Rodríguez Larreta se equivocó, se fue al pasto, tiene varias denuncias penales por desacato y sedición”, repetían algunos funcionarios en los pasillos de la Casa Rosada mientras se terminaba de definir la presentación de Zannini ante la Corte. Remarcaban que entre esas denuncias hay varias organizaciones sociales y gremiales.

El eje sanitario

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Pero apoyan ese eje de defensa político-judicial en el eje epidemiológico sanitario.

En esa línea, actuó la ministra Vizzotti en la conferencia de prensa el miércoles en la Casa Rosada, donde ofició de única vocera oficial del Gobierno sobre el conflicto político y la pandemia.

Vizzotti salió a bajar el tono de la confrontación política y judicial. No hablaron, en cambio, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, o el ministro de Justicia, Martín Soria, quienes desde el primer día cuando Rodríguez Larreta anunció que no acataría las restricciones anunciadas por Alberto Fernández salieron con los tapones de punta a acusar al jefe de Gobierno de los delitos penales de “rebelión”, “desacato” y hasta “sedición”.

Hasta última hora del miércoles, luego de la presentación pública de Vizzotti, el equipo jurídico y Cafiero, que se reunió por la tarde con Alberto Fernández en la Casa Rosada, terminaba de recopilar los datos epidemiológicos suministrados por el Ministerio de Salud sobre los cuales basan uno de los ejes de defensa del DNU:

“Estamos ante una situación de contagios exponenciales que ya afecta a la mayoría del país, que pone en riesgo de colapso al sistema sanitario y las medidas se tomaron para cuidar la salud en todo el territorio nacional”, dijo Vizzotti.

Mientras, por orden del Presidente, Vizzotti analizó la extensión de las medidas a tomar para cuando venza el 3 de mayo el actual DNU. Lo hizo primero en reunión virtual con los ministros de Salud de todas las provincias y de CABA en el marco del Consejo Federal de Salud. Y después con el Presidente.

Vizzotti mostró un nuevo mapa epidemiológico que dio escalofríos por la velocidad exponencial de los contagios que ya se difunden en todo el país. Hace una semana eran 89 los distritos en rojo; hoy son 158. Son aquellos que tienen más de 150 contagios cada 100 mil habitantes.

En CABA, la última semana eran más de 300 los nuevos contagios por cada 100 mil habitantes”, señalaron a A24.com fuentes de la Casa Rosada que también se mostraban expectantes por la decisión que esperan que tomen en los próximos días los distintos gobernadores.

De eso hablaron Alberto con gobernadores como el de Santa Fe, Omar Perotti, que ya dejó entrever que en cualquier momento anuncia el cierre de las clases presenciales. En ese mapa rojo, el Ministerio de Salud nacional también ubica a Córdoba, Mendoza, Santa Cruz, Tierra del Fuego, entre otras.

El eje educativo

En medio de las expectativas sobre un eventual fallo desfavorable de la Corte, la propia Vizzotti salió a admitir públicamente que las restricciones se deberían extender luego del 30 de abril si persiste la curva exponencial de contagios y que es una situación transitoria, pero inédita, que se da en todo el mundo.

Paralelamente, el Presidente -como un gesto de admitir cierto error de cálculo político- se mostró recibiendo en Olivos al ministro de Educación, Nicolás Trotta, analizando la posibilidad de volver escalonadamente a la presencialidad en las clases, pese al aumento de los contagios.

El Gobierno analiza cambios respecto al funcionamiento de las escuelas no solo porteñas sino en todo el país, con un nuevo plan que Trotta ya había presentado la semana pasada a sus pares provinciales en el marco del Consejo Federal de Educación.

Se trata de "alternativas de clases presenciales" más espaciadas que las aprobadas previo a la segunda ola de coronavirus en CABA.

Presencialidad "cuidada" y "administrada", la llamó Trotta y establece pautas y protocolos más espaciados, con burbujas que asisten una semana de por medio, no todos los días como sucedía en la Ciudad, para disminuir la circulación en transporte público.

Es una manera indirecta del Gobierno de reconocer que se equivocó y que hará todo el esfuerzo posible para que las clases presenciales vuelvan escalonadas, después del 3 de mayo, ante los fuertes reclamos de padres y alumnos de CABA.

No obstante, Trotta y su par de Justicia, Martín Soria, enviaron el miércoles cartas a las escuelas privadas de la Ciudad para que se abstengan de dar clases presenciales.

La decisión que aún no tomó pero que ya analiza Alberto Fernández para el post DNU que vence el 30 de abril es, al menos, intentar descomprimir la confrontación política en medio del peor momento de la pandemia y con un mensaje con triple objetivo: concientizar a la población, a gobernadores y a la propia Casa Rosada de la necesidad de dejar de lado las peleas para volver a administrar lo peor del pico de la pandemia frente al temor a que haya argentinos que no puedan acceder a una cama de terapia intensiva o a un respirador.

En la Rosada advierten que antes del 30 de abril volverán a analizar la evolución de la curva y el objetivo es frenar la velocidad en que se reproducen los contagios: no bajar los casos porque eso, en medio del pico de la segunda ola, admiten, es imposible.