San Martín

Allanamiento en San Martín: para el municipio es prioritario que se aclare la situación

El municipio de San Martín emitió un comunicado sobre la investigación a dos supuestos empleados del Concejo Deliberante.

La policía Federal allanó la municipalidad de San Martín. (Foto: Google).

La policía Federal allanó la municipalidad de San Martín. (Foto: Google).

Después de que la jueza federal Alicia Vence ordenó el allanamiento de la municipalidad de San Martín, por una denuncia de una persona que figuraba como empleado del organismo y no lo era, el Municipio publicó un comunicado en donde dice ser “el principal interesado en que se esclarezca el hecho”.

El Municipio de San Martín se notificó de los hechos a través de la causa que llegó en noviembre de 2023. Se trata de una denuncia que involucra a dos personas que figuraban como empleadas del Honorable Concejo Deliberante, supuestamente sin tener conocimiento de ello”, destacó el comunicado oficial.

Uno de los denunciantes se enteró de esta situación cuando le cortaron el plan social y al averiguar el motivo descubrió que alguien cobraba un sueldo del municipio con su nombre. Según la investigación, serían dos los casos que llevaron al allanamiento del palacio municipal.

Por lo que le comunicado de San Martín, amplía: “El Municipio es el principal interesado en que se esclarezca el hecho. En todo este tiempo respondió y colaboró con todo lo solicitado por la Justicia. De hecho, el 22 de marzo, se presentó como querellante en la causa”.

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Fernando Moreira, intendente de San Martín, no podrá salir del país por la causa. (Foto: archivo)

Fernando Moreira, intendente de San Martín, no podrá salir del país por la causa. (Foto: archivo)

El Municipio se mostró colaborativo con la justicia

Y por último, el texto cierra: “Continuaron las diligencias procesales hasta el allanamiento de hoy en el Palacio Municipal, donde nuevamente el Municipio se prestó a toda colaboración para contribuir a la causa”.

La Justicia tiene confirmados dos casos de personas que aparecían en los registros como empleados municipales, pero nunca se desempeñaron en tales cargos. A su vez, investiga un listado de diez nombres que también serían empleados fantasma, que cobraban salarios de $300.000.

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