El juez federal Ariel Lijo ordenó un operativo en el Aeropuerto de San Fernando como parte de la investigación por el vuelo privado que utilizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para viajar a Punta del Este durante el último feriado de Carnaval.
El juez federal Ariel Lijo ordenó el operativo para secuestrar documentación comercial y determinar quién financió el vuelo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hacia Punta del Este.
El juez Lijo ordenó el allanamiento de las oficinas de la empresa dueña del jet que trasladó a Adorni a Punta del Este. (Foto: A24).
El juez federal Ariel Lijo ordenó un operativo en el Aeropuerto de San Fernando como parte de la investigación por el vuelo privado que utilizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para viajar a Punta del Este durante el último feriado de Carnaval.
El procedimiento se realizó en la empresa Alpha Centauri S.A., señalada como responsable del traslado. Según el periodista Gabriel Iezzi de A24, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lleva adelante el procedimiento "a los fines de que aporte la totalidad a la documentación comercial" del vuelo que se realizó desde esa terminal área hacia el Aeropuerto Laguna del Sauce de Punta del Este. Se trata de luelos realizado por Adorni el 12 y 17 de febrero, fechas en las que salió y retornó al país.
De esa manera, el juez dio lugar al planteo del fiscal Gerardo Pollicita quien requirió dar con la documentación comercial contable y bancaria de operaciones llevada a cabo Alpha Centauri S.A. La PSA debe secuestrar documentación vinculada a "presupuestos, solicitada de servicio, informar el carácter en el que intervino la firma, si fue como operadora efectiva del vuelo o como operadora directa al vuelo, como bróker o como coordinadora".
De acuerdo con la investigación, el traslado habría sido abonado por la productora Imhouse, vinculada al periodista Marcelo Grandio, trabajador de la TV Pública y amigo personal de Adorni.
En ese contexto, el magistrado dispuso además levantar el secreto bancario de Grandio con el objetivo de analizar movimientos financieros y detectar eventuales contrataciones con el Estado que pudieran tener relación con el caso.
La causa busca establecer si el pago del vuelo podría configurar una dádiva o un posible enriquecimiento ilícito. Uno de los puntos bajo análisis es la factura del viaje de regreso desde Uruguay. En un primer momento se indicó que había sido abonada por un intermediario, pero luego esa versión fue descartada y volvió a señalarse a la productora como responsable del pago.
Los investigadores intentan determinar también si existieron otros viajes financiados por terceros y si el funcionario pudo haber recibido beneficios indebidos.
Tras conocerse el operativo, Adorni sostuvo que el traslado fue abonado con recursos propios y evitó brindar detalles al señalar que hay una causa judicial en trámite. “No tengo nada que esconder. Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno y estamos poniendo toda la información a disposición de la Justicia”, afirmó.
