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POLÍTICA

La apuesta de Alberto: más impuestos para financiar el programa de economía popular

La apuesta de Alberto: más impuestos para financiar el programa de economía popular
Se aceleró la venta de granos por la incertidumbre con las retenciones

El mega proyecto será presentado esta mañana por el ministro Martín Guzmán y sería tratado el jueves en Diputados. El presidente advirtió que Argentina "se quedó sin dólares"

¿Qué pasa?

Alberto Fernández cumplirá hoy una semana como presidente de la nación, en coincidencia con la presentación de su primer plan económico y social.

El ministro de economía, Martín Guzmán, lo dará a conocer a partir de las 10 de la mañana, durante una conferencia de prensa que tendrá lugar en el palacio de Hacienda.

Se trata del pretencioso mega proyecto de ley de “Solidaridad y Reactivación Productiva”, mediante el cual se establecería la emergencia económica, social y sanitaria.

La iniciativa, que sería tratada el próximo jueves en el recinto de la cámara de Diputados, es el primer paso del gobierno nacional para “volver a encender los motores de la economía”, tal como Fernández proclamó durante su campaña electoral.

Consiste, básicamente, en un aumento de impuestos sectoriales para financiar al tesoro nacional, con el objetivo de obtener fondos para “poner plata en el bolsillo a la gente”.

Es decir, lo que se presentará hoy es un plan para aliviar en lo inmediato a los estratos ubicados en la base de la pirámide social y avanzar hacia la reactivación del consumo en el corto plazo.

Los detalles del plan

La primera medida de este plan, ya implementada este lunes a través de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, es el incremento de las retenciones del campo.

Para el caso de la soja, el más polémico, se dejó sin efecto el tope de 4 pesos por dólar que había sido establecido por el gobierno macrista. De este modo, la exportación sojera pasará a pagar una retención del 30%.

La medida obligó a una improvisada reunión entre el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y las urgidas entidades que integran la Mesa de Enlace.

Tras ese cónclave, el presidente de la Federación Agraria, Carlos Achettoni, opinó que “las retenciones son un mal impuesto” y advirtió que el sector “no puede asumir más esfuerzos”. En tanto, grupos regionales, por ahora minoritarios, ya reclaman la implementación de medidas de fuerza.

“No queremos agitar el fantasma de la venganza”, decían anoche los dirigentes rurales, recordando la malograda experiencia de las resolución 125, implementada, precisamente, cuando el actual presidente era jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. “Ojalá que esto sea transitorio”, rogaban.

Lo cierto es que por esta medida el gobierno aspira a tener un ingreso en caja de 100.000 millones de pesos, equivalentes a unos 1.800 millones de dólares.

El pacto fiscal, en la mira

Otra decisión que ya está tomada es la suspensión del pacto fiscal entre la nación y las provincias. Implementado en 2017, este acuerdo debía alcanzar plena vigencia en 2022 y establecía una baja de impuestos nacionales y provinciales, entre ellos el impuesto al cheque y los ingresos brutos. Son dos gravámenes que el sector empresario considera “distorsivos”.

En el caso del impuesto al cheque, el sector empresario esperaba que el cómputo a cuenta de ganancias avanzara del 33% al 66%. En tanto, según el pacto vigente, la alícuota máxima de Ingresos Brutos debería ser fijada en un 4% para restaurantes y hoteles y en un 2% para la construcción. En ambos casos, según el distrito, las bajas previstas (ahora improbables) son de hasta el 33%.

En ese sentido, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal acaba de dar a conocer un documento a través del cual estima que “este cambio sería directamente negativo para aquella actividades que se han generado a partir del nuevo flujo esperado de impuestos (...) pudiendo derivar en un impacto negativo sobre el empleo previsto para cada proyecto”.

El polémico dólar turista y las PYMES

La otra medida que ganó espacio en la tapa de los diarios es el impuesto del 30% (ayer se analizaba una cuota inferior) que empezará a regir sobre los consumos en dólares hechos con tarjetas de crédito en el país y en el exterior. Por esta medida, la expectativa de Hacienda es llegar a recaudar hasta 1.600 millones de dólares.

Por su parte, las PYMES serían beneficiadas con una moratoria, con un período de gracia de 6 meses y 10 años de plazo para el pago.

Asimismo, las empresas que accedan a mejorar los ingresos de sus empleados podrán ser beneficiadas, como contrapartida, por una exención parcial o total de los aportes patronales.

En el marco del plan de emergencia social, ya se dio a conocer un acuerdo con los laboratorios para reducir el costo de los medicamentos en un 8%, algo que el presidente festejó en Twitter.

Mientras tanto, según anunció el presidente a última hora del lunes, el gobierno se dispone a:

  • Congelar las tarifas de servicios públicos hasta junio
  • Otorgar un aumento a jubilados y un bono de $ 5.000 en diciembre y otro en enero para los que cobran la mínima
  • Entregar un bono de $ 2.000 a los beneficiarios de la Asignación Universal por hijo
  • Implementar el Plan Alimentar, por el cual mujeres embarazadas y madres con un hijo de hasta seis años recibirán $ 4.000. En el caso con dos o más hijos serán $ 6.000
  • Devolver el impuesto a los Bienes Personales al nivel que tenía en 2015

Después del plan, la deuda

Planteadas estas medidas, el ministro de economía se dispondrá a viajar a Estados Unidos, con el fin de avanzar en el principal objetivo del flamante gobierno peronista. Esto es la reestructuración de la deuda externa, que le podría permitir a la flamante administración aliviar los compromisos por al menos dos años. El objetivo de mínima es alcanzar un acuerdo que congele los pagos de capital e intereses por ese período. El de máxima, una amplia reestructuración por hasta 20 años.

Mientras tanto, la Casa Rosada sigue de cerca la situación que se registra en la provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador, Axel Kicillof, anticipó que la caja recibida no alcanza para cubrir el pago de salarios, para el cual necesita unos 35.000 millones de pesos.

Esta situación, que es negada por la ex gobernadora, María Eugenia Vidal, también podría requerir la intervención directa de la nación.

Por lo pronto, la primera pulseada entre el nuevo oficialismo y la nueva oposición tendrá lugar este jueves, en la cámara baja del parlamento nacional. Será la primera prueba de fuego para el “albertismo”, que deberá garantizar el quorum y luego la media sanción para la iniciativa que a grandez razgos supone un “impuestazo”, por un lado, y un “salariazo”, por el otro.

Talpone
por Esteban Talpone
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