La defensa también cuenta con tres especialistas internacionales. Entre ellos se encuentra Marcelo Kohen, ex secretario general del Institut de Droit International y ex juez ad hoc del Tribunal del Mar, quien representó a la Argentina en el caso de la fragata Libertad, cuando en 2012 el organismo ordenó la liberación del buque mediante una medida provisional. El equipo se completa con Nico Schrijver, ex presidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, y Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra.
El argumento argentino contra la explotación petrolera
Durante la apertura de las audiencias, Oyarzábal sostuvo que la Argentina buscó reiteradamente alcanzar acuerdos de cooperación con el Reino Unido, pero que Londres avanzó de manera unilateral con la entrega de permisos para la exploración de hidrocarburos.
En ese sentido, afirmó que el Gobierno británico, “en lugar de cooperar, concedió licencias de exploración de forma unilateral”.
El representante argentino recordó que ambos países firmaron en 1995 una declaración conjunta sobre cooperación en actividades marítimas en el Atlántico suroeste. Sin embargo, señaló que el Reino Unido se apartó de los compromisos establecidos al otorgar licencias para la explotación de recursos, entre ellas las vinculadas con el yacimiento Sea Lion.
Además, planteó que las decisiones británicas contradicen la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) y la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de adoptar medidas unilaterales mientras continúa la disputa por la soberanía de las islas.
Por su parte, Kohen defendió la competencia del Tribunal del Mar para resolver el pedido argentino de medidas provisionales. Según explicó, el objetivo es impedir el inicio o la continuidad de proyectos petroleros autorizados por el Reino Unido en las proximidades de las costas de Malvinas hasta que exista una decisión definitiva sobre la soberanía.
Kohen aclaró que el planteo argentino “no requiere en modo alguno una decisión sobre a quién pertenecen las islas, ni sobre cuál de las partes es el Estado ribereño”. En cambio, sostuvo que la intervención urgente busca evitar cualquier “alteración irreversible de la plataforma continental en disputa” y “prevenir nuevas actuaciones susceptibles de agravar la controversia”.
La respuesta del Reino Unido ante el Tribunal del Mar
La delegación británica rechazó los argumentos argentinos y sostuvo que no existen dudas sobre su soberanía de las islas Malvinas. A partir de esa posición, afirmó que tiene derechos soberanos sobre las áreas marítimas cercanas y, por lo tanto, facultades para autorizar la explotación de hidrocarburos.
La fiscal general del Reino Unido, Ellie Reeves, defendió esa postura durante su exposición ante el tribunal de Hamburgo: “El Reino Unido no alberga duda alguna sobre su soberanía en las islas y, por ende, sobre su soberanía y derechos soberanos en las áreas marítimas adyacentes”, afirmó.
El eje de la respuesta británica fue cuestionar la competencia del TIDM. “Este caso constituye una disputa sobre soberanía territorial terrestre que escapa a la competencia del tribunal”, señaló.
En respaldo de su posición, la funcionaria afirmó que la soberanía británica sobre las islas se remonta a 1765 y que el Reino Unido mantiene una presencia y administración ininterrumpida, efectiva y pacífica desde enero de 1833. También sostuvo que “la única interrupción a la administración pacífica británica fue la invasión armada perpetrada por Argentina en 1982”.
El Reino Unido defendió su soberanía sobre las islas y rechazó la competencia del organismo para intervenir en el caso. (Foto: Presidencia)
La fiscal general también hizo referencia al referéndum realizado en las islas en 2013 para definir la continuidad de su estatus político como Territorio Ultramar del Reino Unido. Según su exposición, la consulta se llevó adelante ante la persistente intimidación política y hostilidad de la Argentina y contó con un respaldo del 99,8% de los votantes a favor de mantener el vínculo con el Reino Unido.
“Argentina insiste, no obstante, en imponer su agenda política de reivindicación de soberanía", expresó Reeves.
A continuación, aseguró que “el Reino Unido ha reiterado constantemente su disposición a cooperar con Argentina en temas de interés mutuo en el Atlántico sur y de forma más amplia”.
Cómo sigue el cronograma de las audiencias
La segunda ronda de exposiciones se desarrollará este miércoles 11 de noviembre. La delegación argentina tendrá la palabra de 10:30 a 12, mientras que la representación británica expondrá de 17:30 a 19, según el horario de Hamburgo. Las presentaciones se realizarán en inglés o francés y podrán seguirse a través de una transmisión en vivo en el sitio web del Tribunal del Mar.
El pedido de medidas provisionales forma parte del arbitraje que el Gobierno argentino inició contra el Reino Unido el 28 de septiembre, en el marco de la Convemar.
Sin embargo, como el tribunal arbitral todavía no fue constituido, el 13 de octubre la Argentina recurrió al organismo con sede en Hamburgo para solicitar que se impida el inicio o la continuidad de la extracción de hidrocarburos en la plataforma continental.
También pidió que el Reino Unido se abstenga de adoptar nuevas medidas que agraven la controversia y deje de obstaculizar el cumplimiento de las obligaciones argentinas de protección del medio marino.
El argumento central del Gobierno es que el avance de la explotación petrolera podría generar un hecho consumado irreversible y provocar daños irreparables a los derechos argentinos. Por ese motivo, considera que el reclamo requiere una respuesta urgente y no puede quedar supeditado a los plazos habituales para la conformación del tribunal arbitral.
Las empresas involucradas prevén comenzar las perforaciones durante 2027 y alcanzar la producción comercial en 2028.