La resolución de la Cámara Federal de Apelaciones que respalda a la jueza María Eugenia Capuchetti en la causa del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner fue interpretada en Comodoro Py como un respiro para la magistrada, que tiene claro que la querella no la quiere al frente de la investigación.
La “papa caliente” está ahora en manos del fiscal Carlos Rívolo, quien será el encargado de definir posibles nuevas medidas de prueba. Fuentes judiciales admitieron que el caso estaba a punto de pasar a la etapa de juicio oral, pero ante los reclamos de la querella la Cámara Federal concedió seguir revisando otras pistas que habían dado por concluidas.
En este sentido, los jueces de alzada avalaron el planteo de la vicepresidenta para seguir trabajando la pista Casablanca, pues según expresaron “dada la gravedad institucional del hecho aquí investigado -el intento de dar muerte a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Elisabeth Fernández- tornan imperiosa la producción de todas aquellas diligencias probatorias que puedan resultar pertinentes y útiles para el descubrimiento de la verdad, sin escatimar esfuerzos y premura, aunque optando siempre por la alternativa que resulte menos lesiva para las garantías constitucionales en juego".
Así, el tribunal de apelaciones optó por una decisión salomónica, facilitada por la distancia que tomó Capuchetti en el manejo del expediente para tratar de evitar nuevos incidentes.
Por su parte, los abogados de la vicepresidenta evalúan si apelarán esta decisión, una determinación que depende de una sola persona: Cristina Fernández de Kirchner.
El juez Leopoldo Bruglia, de la Cámara Federal de Apelaciones respaldó a la jueza María Eugenia Capuchetti en la causa del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Rechazó la recusación formulada por los abogados de la vicepresidenta porque no encontró evidencia que demuestre ausencia de imparcialidad.
Agregó que las críticas a la jueza sustentan un claro desacuerdo de la querella con las decisiones adoptadas por ella, pero no hubo apelaciones al respecto que sirvan como antecedente.
En cuanto al pedido de secuestro de los teléfonos de las dos asesoras del diputado Gerardo Milman para investigar contactos y llamadas, la Cámara respondió que aunque la jueza actuó con acierto al mantener las garantías constitucionales de ambas testigos, por tratarse un hecho de enorme gravedad institucional resulta pertinente avanzar con las medidas limitando estrictamente el objeto de análisis.
Finalmente, considero necesario ampliar la declaración testimonial recibida del denunciante Jorge Abello, llamar como testigo al diputado Mario Leito, quien según Abello estaba en una mesa cercana en el Bar Casablanca, y al diputado Marcos Cleri, quien presentó una captura de pantalla de su teléfono celular con el mensaje de Abello.
La denominada “pista Casablanca” fue el desencadenante del planteo de Cristina Fernández de Kirchner para apartar a la jueza Maria Eugenia Capuchetti de la investigación del atentado contra su vida.
La cuestión se incorporó a la causa 22 días después del ataque, a través de la denuncia del ex diputado por la provincia de Santa Fe, Jorge Alberto Abello, quien actualmente es asesor del diputado del Frente de Todos, Marcos Cleri. Se mantuvo en un expediente reservado entre otras hipótesis que fueron consideradas “versiones de bar”, aunque la orden de la jueza fue avanzar con medidas de prueba.
Según declaró Abello dos días antes del intento de homicidio a la vicepresidenta, cuando se encontraba junto a su cuñado, Sebastián Rende, en el bar Casablanca, en la esquina del Congreso Nacional, observó al diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, sentado en una mesa cercana junto a dos mujeres jóvenes. En esa ocasión escuchó que el dirigente decía: “Cuando la maten yo estoy camino a la Costa”.
Dijo que cuando el 1 de septiembre se enteró por las noticias del atentado, “empezó a caer todo lo que había escuchado en Casablanca”.
Con esa declaración, Capuchetti solicitó al bar Casablanca todas las cámaras de seguridad ubicadas en su interior y exterior para corroborar la presencia del testigo Abello y todos los mencionados por él en el bar el 30 de agosto. También ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que revise las grabaciones de la Ciudad de Buenos Aires.
A principios de noviembre, el diputado Marcos Cleri aportó al expediente una constatación a través de escribano público de los mensajes que le envió Abello por Whatsapp el 1 de septiembre.
La querella que representa a Cristina Kirchner, el 5 de octubre pidió en un escrito que se disponga todo lo necesario para corroborar lo expuesto por el testigo y propuso una serie de actuaciones, entre ellas el allanamiento al domicilio de Milman.
La jueza solamente accedió a citar al cuñado de Abello, identificar a las dos mujeres que estaban con el diputado de Juntos por el Cambio y analizar las cámaras de seguridad.
Las imágenes corroboraron que Milman estuvo el 30 de agosto por la tarde en Casablanca, el cuñado del testigo dijo que no escuchó nada, mientras que las dos secretarias de Milman, Ivana Bohdziewicz y Carolina Elizabeth Gómez Mónaco, negaron la conversación incluída en la denuncia.
Los abogados de Cristina Kirchner solicitaron el secuestro de los teléfonos celulares de ambas mujeres, pero Capuchetti lo rechazó.
Cuando el tema trascendió en los medios de comunicación, Gerardo Milman se presentó en Tribunales y denunció al testigo Abello por “falso testimonio”, lo que derivó en otro caso judicial a cargo del juez Julian Ercolini.
Las causas judiciales de los ex presidentes Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri forman parte de la agenda judicial en esta última parte del año.
En principio, este martes la vicepresidenta tendrá la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras ante el Tribunal Oral Federal 2 a cargo de la causa Vialidad. Ese día anunciarán cuando darán a conocer el veredicto.
Para Cristina Kirchner los fiscales pidieron 12 años de cárcel por considerarla supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta, junto con Lázaro Báez, el exministro de Planificación Julio De Vido y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti.
Por otro lado, en la Cámara de Casación Federal está deliberando si revocan los sobreseimientos de la ex presidenta en los expedientes Memorándum con Irán, y Los Sauces y Hotesur. De acuerdo a los plazos ordenados por el Código Penal, el tribunal debería resolver antes de Navidad.
En el expediente que investigaba el supuesto encubrimiento a los iraníes sospechados de atacar a la AMIA, la querella de los familiares de las víctimas del atentado reclamó la reapertura de causa pues al suspender el juicio oral "se los privó de conocer la verdad que puede ofrecer la cosa juzgada, que resulta de un proceso penal".
En tanto el fiscal de Cámara, Javier De Luca, desistió de reclamar que se haga el juicio, pues consideró que “la firma de un tratado internacional entre dos potencias soberanas no puede ser la base fáctica de un delito”.
La defensa de la vicepresidenta pidió a la Cámara Federal de Casación que ratifique su sobreseimiento y cierre del caso, por "inexistencia manifiesta de delito" de la denuncia que lo originó, presentada en 2015 por el fallecido fiscal Alberto Nisman.
Los implicados en este proceso son Cristina Kirchner, Eduardo Zuain, Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Angelina María Esther Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroqcausaue, Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Alejandro Khalil y Ramón Allan Bogado.
En Los Sauces y Hotesur, la defensa de Kirchner pidió que se mantenga cerrada la causa por inexistencia de delito porque “fuera de toda posible discusión y sin necesidad de llevar a cabo un juicio oral, porque los hechos no satisfacen ninguna tipicidad penal”.
En cuanto al fiscal de Casación, Mario Villar, rechazó los sobreseimientos porque se “han devastado años de investigación, de recopilación de prueba de difícil obtención, de labor extenuante de distintos actores del Ministerio Público Fiscal frente a personas que ostentan un gran poder político y económico, sin siquiera darle a esta parte la posibilidad de debatir todas las cuestiones en un plano de mayor transparencia e igualdad”.
La suspensión del juicio fue dictaminada por el Tribunal Oral Federal 5 basándose en un informe preliminar de los peritos contadores.
Este proceso investiga el presunto lavado de dinero a través de una supuesta asociación ilícita integrada -entre otros- por la vicepresidenta, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, su sobrina Romina Mercado, Cristóbal López, Lázaro Báez, sus hijos Leandro, Martín y Luciana, y el ex socio de Máximo Osvaldo San Felice.
Otro pendiente está relacionado con la causa contra Mauricio Macri por el supuesto espionaje ilegal de los familiares del submarino ARA San Juan. La sala segunda de Casación fijó el 21 de diciembre como fecha de audiencia para escuchar a la querella, que apeló el sobreseimiento del expresidente, dispuesto por los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones.
El fiscal Raúl Plée, pidió que se reabra el proceso porque consideró que el cierre fue prematuro. En su dictamen señaló que con las tareas de inteligencia detectadas en esta investigación, se vulneraron los derechos de intimidad y privacidad de un grupo de personas que se reunía para pedir el descubrimiento de la verdad, en los hechos que tuvieron como víctimas a familiares directos o allegados.
Recordemos que la Cámara Federal le dictó el sobreseimiento a Macri porque consideró que las actividades de inteligencia cuestionadas “tuvieron como único objetivo la seguridad presidencial y/o la seguridad interior, y por esa razón se encuentran justificadas.
