La Justicia trabaja en silencio la causa del avión iraní varado en Ezeiza, analizando los resultados de al menos 60 medidas de prueba, con el propósito de definir si existen elementos para convocar a indagatoria a los 19 tripulantes imputados de terrorismo.
Mientras tanto, todos ellos continúan alojados en el Hotel Plaza Central de Canning, con custodia permanente de la Policía Federal. A24.com comprobó que los efectivos vestidos de civil se reparten en la puerta y en el lobby del hotel para monitorear durante todo el día los movimientos de los sospechosos.
Aunque están en libertad, los 5 iraníes pasan la mayor parte del tiempo en sus habitaciones. En tanto los 14 venezolanos suelen salir a recorrer el centro comercial que integra el complejo donde están hospedados.
Recordatorio: tienen impedida la salida del país debido a que sus pasaportes fueron retenidos por el tribunal. Por ahora ampliaron la reserva hasta el lunes, aunque vienen renovando su estadía cada 72 horas, esperando novedades sobre su situación procesal. La cuenta la abona por adelantado la compañía aérea Emtrasur, a través de una agencia.
Desde el día que se inició el expediente, con el allanamiento en sus habitaciones, el juez federal Federico Villena les notificó que eran objeto de investigación. Y una semana después la fiscal federal Cecilia Incardona los imputó por las irregularidades detectadas en torno al vuelo y a sus ocupantes, empezando por el piloto Gholamreza Ghasemi.
Cuando recopilen información suficiente para tipificar los presuntos delitos que podrían haberse cometido, el magistrado estará en condiciones de llamarlos a declarar. Pero si no encuentra fundamento para acusarlos, deberá devolver sus documentos y dejarlos ir.
La causa que investiga irregularidades en el Boeing 747-300 perteneciente a la compañía aérea Emtrasur comenzó a tramitar 7 días después de su llegada al país, es decir el 13 de junio pasado, con el allanamiento en el hotel donde se aloja la tripulación. En esa ocasión secuestraron teléfonos celulares, computadoras, pendrives y pasaportes. A partir de esa instancia se tomaron unas 60 medidas de prueba con el fin de evaluar si hubo delito.
En ese marco se realizó un procedimiento en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, incluida la inspección y el embargo de la aeronave, más la extracción de la caja negra. A su vez se lanzaron exhortos a Estados Unidos, Paraguay y Uruguay.
Para colaborar en la pesquisa fueron convocados la Dirección Nacional de Migraciones, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la Dirección de Aduanas, la Embajada de Estados Unidos, el FBI, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), las empresas Shell, YPF y AXION.
Entre los interrogantes que busca despejar la justicia figuran quienes son los propietarios del avión, si el vuelo que los trajo a Argentina era para traer autopartes o perseguía otros fines ligados al espionaje o el terrorismo,
La fiscal Incardona puso el foco sobre el piloto del avión, el iraní Gholamreza Ghasemi, quien según las autoridades del FBI es CEO de Oeshm Fars Air vinculada a Mahan Air, y miembro del consejo de administración de Qeshm Fars Air, una compañía aérea señalada por sus vínculos con el terrorismo.
Los investigadores conocen que el Tesoro de los Estados Unidos denunció en 2019 que esta empresa proporcionó asistencia a Qods Force y a la aerolínea iraní Mahan Air, ambas incluidas en la lista del SDGT (registro especial del terrorismo global).
Precisamente Mahan Air fue sancionada en octubre de 2011 por la OFAC por proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico para transportar armas y personal para Hezbollah.
La teoría del FBI sostiene que estas organizaciones suelen usar vuelos civiles para llevar componentes militares clandestinamente, por lo que buscan determinar si el avión de Ghasemi estaba ocultando una maniobra similar.
Por otro lado, están evaluando algunas inconsistencias en la información respecto de quienes componen la tripulación.
El juez Villena hizo lugar a un pedido del Ministerio Publico Fiscal (MPF) para pedirle a Estados Unidos que amplíe si Gholamreza Ghasemi está siendo formalmente involucrado en algún proceso de ese país o si hay alguna restricción sobre él o sobre el avión.
A todo esto, trascendió que las pericias realizadas sobre el teléfono celular del piloto permitieron detectar fotos de tanques y misiles, incluso hallaron fotografías de Ghasemi como combatiente de la Guardia Revolucionaria Al Quds.
Mientras el gobierno insiste en que no tiene ningún informe que diga que los miembros de la tripulación son de Hezbollah, la Justicia considera que las irregularidades que presentan los hechos requieren análisis para prevenir y sancionar cualquier acto de terrorismo.
En tal sentido, quieren saber si el avión vino a la Argentina exclusivamente para transportar mercadería de autopartes, o el viaje estuvo planeado como un acto de preparación para proveer bienes o dinero destinados a la financiación u organización del terrorismo.
