La cónsul de Bolivia solicitó revertir la situación, pero rechazaron su petición, manteniendo con firmeza la decisión de que la atención médica para los extranjeros sea paga.
Bolivia pidió a Salta que la atención médica para los ciudadanos sea gratuita, pero la provincia lo rechazó
La cónsul de Bolivia en Argentina visitó recientemente el Hospital de Orán con la intención de solicitar la exención de tarifas para la atención médica de ciudadanos bolivianos. Sin embargo, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, confirmó que no revertirá la medida implementada que establece el cobro por atención médica a extranjeros.
En ese marco, el gerente del Hospital San Vicente de Paul, Fabián Valenzuela, fue quien recibió el mensaje por parte de la cónsul de Bolivia, que proponía la formulación de nuevos convenios que revisen la medida.
"Recibí a las autoridades consulares que están radicadas acá en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. Les manifesté los alcances de la ley y ellos nos manifestaron que de sus compatriotas tenían esta inquietud en cuanto que no recibían ahora en forma gratuita los servicios hospitalarios", sostuvo en diálogo con A24 Valenzuela.
Y completó: "Y bueno, fue firme la situación, les dije que nosotros vamos a ser estrictos en el cumplimiento de la ley como ellos son estrictos en su país".
Las autoridades del consulado pidieron una reunión para dar lugar al requerimiento el 13 de agosto. “Le dije que una solicitud de esa naturaleza estaba fuera de lugar, es como si yo le pidiera a ella que no cumpla la ley en su país”, afirmó Valenzuela.
Luego, continuó diciendo: “Me plantearon la intención de realizar nuevos convenios para que exista un arancel diferencial para los bolivianos, debido a que reciben mucha quejas de parte de sus compatriotas por la aplicación del cobro, que es reciente”.
El funcionario desvió la responsabilidad y recomendó que se lo soliciten a su propio Estado, gobernado por Luis Arce. “Les dije que lo que podían hacer es pedir presupuesto para hacerse cargo de los costos desde el consulado. Los aranceles se aplicaron por una ley provincial, la 8.421, y nosotros no podemos hacer otra cosa que aplicarla”, insistió.
"Estamos viviendo una situación presupuestaria muy difícil en toda la Argentina y los hospitales no son ajenos a eso. Pero lo que nosotros vemos, es que la medida es beneficiosa, porque tenemos más disponibilidad de camas, de recursos y de turnos. Antes acá, gente que vivía a dos cuadras del hospital tenía que irse evacuada a Salta, por ejemplo, porque no tenía disponibilidad de cama acá en el hospital. Y estaba ocupado por ciudadanos extranjeros y con todo lo que implica irse a Salta a capital", remarcó el gerente del Hospital San Vicente de Paul.
Cabe remarcar que, según datos del Ministerio de Salud, en 2023 el 10% del presupuesto de salud pública se destinó a la atención de ciudadanos extranjeros. Desde la implementación del cobro, el número de pacientes bolivianos disminuyó. En promedio recibían más de 300 personas y ahora pasaron a tener 6 ó 7 por día.
El cobro de la atención se aplica para tratamientos específicos, consultas con especialidades y prácticas quirúrgicas. En el caso de las urgencias en las que corra riesgo la vida de las personas el servicio continúa siendo gratuito.
En ese marco, la intendencia de Orán, en uno de los departamentos que limitan con el país vecino, informó que en lo que va del año el área de salud ahorró 60 millones de pesos a partir de la medida implementada, sólo en esa jurisdicción.
Antes de la sanción de la ley por parte de los legisladores salteños, tanto Salta como la provincia de Jujuy, habían firmado convenios de reciprocidad con el gobierno boliviano a fin de sostener la gratuidad de atención en los hospitales argentinos sin distinción de nacionalidad a cambio de que los argentinos reciban el mismo trato en el país vecino.
Sin embargo, la repetición de casos en los que ciudadanos argentinos perdían la vida en Bolivia al ser rechazados por los hospitales de ese país ante situaciones de urgencia, hizo que los gobiernos locales revisaran su posición. Ese fue el argumento principal esgrimido por Sáenz al momento de impulsar la decisión.
