Elecciones 2023

Campaña electoral: la CNE busca prevenir y sancionar el uso de fondos provenientes del narcotráfico

La Cámara Nacional Electoral pidió información a los tribunales que tengan a cargo causas por delitos relacionados con el narcotráfico en las que se encuentren involucradas figuras políticas.
La Cámara Nacional Electoral pretende evitar que el narcotráfico financie a la política. (Foto CIJ)

La Cámara Nacional Electoral pretende evitar que el narcotráfico financie a la política. (Foto CIJ)

La Justicia Nacional Electoral controla, según las reglas de la ley 26.215, el financiamiento de los partidos políticos y de sus campañas electorales a nivel nacional.

En ese marco, la Cámara Nacional Electoral se pronunció en el día de hoy resaltando la necesidad de promover políticas institucionales para prevenir, detectar y sancionar el ingreso de dinero del narcotráfico y en el financiamiento de la actividad de las agrupaciones políticas.

Mediante la Acordada Extraordinaria N° 45/2023, firmada por sus tres integrantes, los Dres. Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas, la Cámara solicitó información a todos los tribunales a cargo de investigaciones penales por delitos relacionados con el narcotráfico en los que se encuentren involucradas figuras de las organizaciones políticas.

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Los argumentos de la Cámara Nacional Electoral

Del mismo modo, el Tribunal señaló que la experiencia comparada indica que los intentos del narcotráfico para influir - a través del financiamiento de campañas- en los comicios para cubrir cargos públicos electivos suele presentar más riesgos cuando se trata de cargos locales con algún control territorial, ya que su regulación y fiscalización quedan fuera del régimen nacional.

Sobre ese punto, se explica que "los avances que nuestra República ha hecho en materia de transparencia y control del financiamiento político partidario se deben profundizar con lazos de cooperación entre las entidades estatales (nacionales, provinciales y municipales) con las que resulte útil el intercambio de información para prevenir, detectar y sancionar el uso de fondos de origen ilícito".

Para ello, señaló la conveniencia de que el Congreso Nacional evalúe la posibilidad de establecer un “régimen integral y unificado de control patrimonial, invitando a las provincias a adherir al mismo”.

Sin embargo, en tanto ello no ocurra y con el mismo propósito, el Tribunal se dirigió a los gobiernos de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, proponiéndoles hacer acuerdos interjurisdiccionales e impulsar acciones legislativas, operativas y de cooperación, para el adecuado del control del financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, con una perspectiva integral que coordine los esfuerzos de las autoridades competentes en los distintos órdenes jurisdiccionales.