La Justicia ratificó el decomiso millonario contra la expresidenta. Rechazaron su planteo y avalaron el uso del IPC para actualizar el monto.
Cristina Kirchner deberá devolver $684 mil millones en la causa Vialidad.
Un fallo clave de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal determinó que Cristina Kirchner deberá devolver $684 mil millones por los delitos por los que fue condenada en la causa Vialidad. La decisión, firmada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, dejó firme la resolución del Tribunal Oral Federal N° 2 y desestimó todos los planteos de la defensa de la ex mandataria.
La Justicia ratificó que el monto del decomiso debía actualizarse según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), para reflejar el valor real del presunto beneficio ilícito.
La defensa de Cristina Kirchner había cuestionado el cálculo de los peritos de la Corte Suprema, quienes fijaron el monto con el IPC. Según sus propios técnicos, el decomiso debería ser de solo $42.000 millones, aplicando en cambio la tasa pasiva promedio del Banco Central.
Además, sostuvo que la justicia civil y comercial federal debía intervenir en este proceso, y no el fuero penal. Los jueces, sin embargo, consideraron que el método adoptado por el tribunal oral no es arbitrario y preserva el valor del dinero frente a la inflación, por lo que rechazaron los argumentos de la defensa.
En su fallo, los magistrados remarcaron que el decomiso es una consecuencia accesoria obligatoria de la condena penal, prevista en el Código Penal y en las convenciones internacionales contra la corrupción. También señalaron que la defensa no demostró errores de interpretación normativa ni arbitrariedad en el cálculo realizado.
Por eso, declararon abstractos otros planteos de los abogados de CFK, como una nulidad rechazada previamente y la oposición a la negativa de otorgar efecto suspensivo al recurso de casación.
Cristina Kirchner presentó un escrito en el que afirmó que el cálculo con IPC “se tomó como definitivo sin debate previo, afectando el derecho de defensa” y remarcó: “No tuve ni tengo bienes que sirvan a esos fines y que puedan ser ejecutados”.
La expresidenta también dijo que no posee bienes ni ganancias que sean producto del hecho investigado, por lo que no pueden ser decomisados.
Su abogado, Carlos Beraldi, cuestionó que los peritos no justificaron por qué usaron el IPC del INDEC y no otras referencias, como tasas bancarias, y advirtió que la cifra “es técnicamente inadecuada y genera valores artificialmente altos”.
Además, recordó que en otros expedientes ligados a Vialidad, como Hotesur-Los Sauces, la Justicia aplicó la tasa pasiva del Banco Nación, que arrojaría cifras “100 veces menores”. Por eso, pidió suspender la ejecución de la medida hasta que haya sentencia firme.
