La Cámara baja bonaerense respondió a la presentación del juez Federico Guillermo Atencio y negó haber obstaculizado la investigación.
La Cámara de Diputados bonaerense rechazó las acusaciones y negó haber obstaculizado la investigación del caso “Chocolate” Rigau. (Foto: archivo).
La Cámara de Diputados bonaerense respondió a la denuncia presentada por el juez de Garantías Federico Guillermo Atencio, quien pidió investigar un posible encubrimiento en el marco de la causa que tiene como protagonista a Julio “Chocolate” Rigau. La Legislatura rechazó los cuestionamientos, aseguró que actuó “ajustada a derecho” y negó haber intentado obstaculizar el avance de la investigación.
El descargo, del que participaron todos los bloques de la Cámara baja, se produjo después de que Atencio realizara una presentación ante la Justicia penal a raíz de lo ocurrido con los pedidos para acceder a los “memos de propuesta de designación” de empleados de la Legislatura. Esos documentos son considerados relevantes para determinar quién impulsó las contrataciones de las personas cuyas tarjetas de débito estaban en poder de Rigau.
Uno de los principales argumentos de Diputados es que el archivo de las actuaciones fue aprobado el 28 de mayo de 2026, mientras que la orden de presentación dictada por Atencio ingresó a la Cámara el 19 de agosto, casi tres meses después.
Además, la Legislatura remarcó que aquella decisión fue adoptada durante una sesión pública, transmitida en vivo y registrada oficialmente, y sostuvo que no existió una maniobra destinada a ocultar información.
Otro punto central del descargo apunta a la identificación de las actuaciones judiciales. Según la postura de Diputados, los requerimientos que terminaron archivados correspondían a la denominada causa Rodríguez, vinculada originalmente con una investigación por hurto, y no directamente al expediente seguido contra “Chocolate” Rigau.
La Cámara sostuvo, además, que respondió los requerimientos judiciales vinculados con la investigación de Rigau y utilizó como argumento el avance de esa causa hasta instancias posteriores del proceso.
En su respuesta, la Cámara baja bonaerense también invocó las garantías constitucionales de los integrantes del Poder Legislativo y puso el foco en el artículo 96 de la Constitución bonaerense, referido a la protección de las opiniones y votos emitidos por los legisladores en ejercicio de sus funciones.
“Resulta inadmisible que se pretenda perseguir penalmente a legisladores por los votos emitidos en ejercicio de sus funciones”, sostuvo la Cámara en su descargo.
La Legislatura también encuadró la controversia dentro del principio de división de poderes. Si bien reconoció las facultades de control de la Justicia, planteó que estas no pueden utilizarse para condicionar el funcionamiento del Poder Legislativo.
La denuncia de Atencio quedó radicada ante la UFI 11 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, que deberá determinar si existieron conductas con relevancia penal vinculadas con el tratamiento de los pedidos judiciales.
El conflicto tiene como eje los denominados “memos de propuesta de designación o contratación”. La fiscal Betina Lacki comenzó a requerirlos a la Cámara en abril de 2025 para intentar establecer quién había propuesto la contratación de los empleados vinculados con las tarjetas utilizadas por Rigau.
La Justicia considera esos documentos relevantes porque podrían permitir reconstruir quién impulsó cada una de las contrataciones. El pedido comprende al propio Rigau y a otros empleados legislativos vinculados con las tarjetas investigadas.
Antes de que ingresara la orden judicial del 19 de agosto, la Cámara ya había tomado una decisión sobre las actuaciones. El 28 de mayo, durante una sesión de Diputados, se aprobó un proyecto que ratificó lo actuado por las autoridades legislativas y dispuso el archivo de expedientes entre miles de resoluciones administrativas.
Según la reconstrucción periodística de aquella sesión, la votación demandó apenas 38 segundos. El proyecto fue tratado junto con aproximadamente 7.800 resoluciones administrativas y obtuvo más de dos tercios de los votos de los legisladores presentes, aunque la modalidad utilizada no permite individualizar el sentido del voto de cada diputado salvo en casos específicos registrados en el Diario de Sesiones.
