El Tribunal Oral Federal 7 avanzó con la lectura de las acusaciones y de los testimonios de varios imputados colaboradores. En esta nueva audiencia, se detalló cómo habría sido la cartelización de la obra pública.
Qué declararon los empresarios arrepentidos y cómo describieron el sistema de coimas.
Este jueves se realizó la novena audiencia del juicio por la causa Cuadernos, centrada en las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de obras viales. El Tribunal Oral Federal 7 avanzó con la lectura de las acusaciones y de los testimonios de varios imputados colaboradores, quienes describieron un esquema de aportes económicos obligados a cambio de destrabar pagos del Estado.
Entre los relatos más relevantes se encuentran los de Aldo Roggio, Carlos Wagner, Ángelo Calcaterra, Ernesto Clarens y José López, cuyas declaraciones detallan cómo habría funcionado el circuito de presuntas coimas entre empresas constructoras y exfuncionarios del Ministerio de Planificación.
En su testimonio, el empresario Aldo Roggio aseguró que sufrió “aprietes durante el kirchnerismo”. Según relató ante el TOF 7, Julio De Vido le dijo en una oportunidad que “no se puede hacer política sin plata”.
Roggio afirmó que fue informado de la existencia de un sistema de aportes vinculados a la obra pública vial, aunque negó haber participado. Indicó que, tras no aceptar las supuestas condiciones impuestas, fue “ralado” y luego enfrentó demoras en los pagos, falta de redeterminaciones de precios e intereses adeudados, lo que los habría llevado a realizar aportes monetarios para sortear el ahogo financiero.
Según su declaración, los ejecutores de estos pedidos eran Julio De Vido, José López, Roberto Baratta y Claudio Uberti, y los pagos eran recibidos por el financista Ernesto Clarens. Las entregas, dijo, rondaban los 100.000 dólares por vez, sumando un total aproximado de 3 millones de dólares.
El arrepentido Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, explicó que las dádivas que entregó “eran con dinero propio” y que los montos eran difíciles de precisar.
Indicó que, desde 2006, la Dirección Nacional de Vialidad comenzó a retrasar pagos y redeterminaciones de precios, lo que generó una situación financiera insostenible para muchas empresas. Ante esto, algunos contratistas, entre ellos su empresa Esuco, acudieron a Clarens para lograr que se liberaran los fondos.
Los pagos, según Wagner, no guardaban proporción con el monto de los contratos y se mantuvieron hasta 2011, generalmente en pesos.
El empresario Ángelo Calcaterra, otro imputado colaborador, sostuvo que en algunas ocasiones recurrieron a Clarens para destrabar pagos pendientes como contratistas del Estado, entregándole luego una retribución económica.
Aseguró que la situación financiera de su empresa era crítica y que, en una reunión de 2004 con la Cámara del sector, fueron “ninguneados” y se les indicó que solo podrían ser subcontratistas, pese a ser una de las compañías más grandes del rubro. También remarcó que ganaban muy pocas licitaciones en relación con la cantidad de obras a las que se presentaban.
El financista Ernesto Clarens, señalado como operador clave del sistema, explicó que recibía el dinero, lo cambiaba a dólares y lo entregaba a José López, cobrando una comisión por la diferencia de cambio.
Entre 2011 y 2013, afirmó que los empresarios pactaban con López el pago de deuda atrasada y luego debían abonar un 3% en sus oficinas. Dijo que la deuda de Vialidad era tan alta que López les pedía a las empresas reducir el ritmo de obra para evitar generar más compromisos.
La declaración de José López, leída nuevamente en la audiencia, es una de las más extensas. Entre otros puntos, afirmó:
López también relató una entrega de 8 millones de dólares en 2007 en el domicilio de la calle Uruguay, presuntamente destinada a la campaña electoral. Señaló que fue el propio De Vido quien le explicó el sistema de recaudación y que respondía a órdenes de Néstor Kirchner.
Tras la muerte del expresidente, aseguró que el mecanismo se detuvo temporalmente hasta que en 2011 Cristina Kirchner lo citó y le mostró uno de los cuadernos donde Néstor anotaba los movimientos.
La causa involucra a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a Julio De Vido, a José López y a otros exfuncionarios y empresarios, acusados de asociación ilícita, cohecho pasivo y cohecho activo.
Según la acusación del fiscal Carlos Stornelli, esta rama de la investigación surgió como derivación de la causa principal “Cuadernos”, al detectarse presuntos pagos anticipados a funcionarios a través de Clarens, quien habría retenido un porcentaje de las ofertas de obra pública.
