La Justicia reclama de todos los condenados unos 86 mil millones de pesos. Si no devuelven en el dinero, se podría avanzar sobre sus bienes. El pedido de Cristina Kirchner.
El próximo 13 de agosto vence el plazo para que Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los condenados en la causa Vialidad abonen los 685 mil millones de pesos, una cifra que los peritos contables de la Corte Suprema calcularon como el perjuicio que sufrió el Estado Nacional.
A pesar de que Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez fueron señalados como los dos beneficiarios de la defraudación, los jueces determinaron que el daño económico debe ser abonado de manera solidaria por todos los culpables de la defraudación.
Fuentes judiciales confirmaron a A24.com que, hasta el momento, ninguno de los involucrados entregó bienes ni depositado dinero para cumplir la orden del Tribunal. Tampoco el entorno de la ex presidenta dio señales de estar preparando el reembolso que exige la sentencia.
El reclamo judicial se basa en la condena firme que incluye el decomiso de bienes o activos derivados del delito de administración fraudulenta. Este delito se cometió en perjuicio de la administración pública a través del direccionamiento de licitaciones de obras en Santa Cruz a favor del grupo empresario de Lázaro Báez.
La cifra original era de unos 86 mil millones de pesos, pero este año los peritos de la Corte Suprema la actualizaron a 685 mil millones tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, la defensa de Cristina Kirchner presentó sus propios cálculos por 42 mil millones de pesos, lo que representa menos del 10% del monto exigido por la justicia.
Si Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los involucrados no pagan por el perjuicio al Estado, la Justicia activará los mecanismos para proceder al decomiso de los bienes que se encuentren a su nombre.
Para ello, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) tomará en cuenta la Acordada 22/2025 de la Corte Suprema de Justicia, que aprobó el “Reglamento de efectos decomisados en causas penales”.
De este modo, los magistrados deberán tomar las medidas necesarias para que la venta de los bienes embargados se realice sin demora. Para llevar a cabo una subasta, se deberá notificar a la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura del Tribunal, indicando el comprador y las sumas obtenidas. El dinero de la venta deberá ser depositado en las cuentas bancarias de la Corte.
En el caso de bienes muebles registrables y no registrables que puedan tener una utilidad social (por su valor económico y cultural), se ordenará su tasación y podrá asignarlos provisionalmente para el uso del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal o las fuerzas de seguridad.
Si los bienes tienen una utilidad inmediata y concreta para la comunidad, el magistrado interviniente podrá destinarlos prioritariamente a programas de asistencia a víctimas, educativos, de salud, de reinserción social o de contención de personas en situación de emergencia o vulnerabilidad.
Los elementos que se recuperan a través de un proceso judicial como viviendas o vehículos quedan bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que colabora en la subasta, puesta en valor, mantenimiento o aprovechamiento de los bienes decomisados. Actualmente, tiene casi 300 bienes producto de la corrupción.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola elaboraron un listado de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner para su ejecución en caso de que no paguen el dinero en tiempo y forma. Muchas de estas propiedades ya están embargadas en otras causas, como Hotesur y Los Sauces.
La recuperación del dinero por la causa Vialidad podría provenir del decomiso de:
La exmandataria recusó por temor de parcialidad a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Solicitó que se realice el sorteo de conjueces para resolver este planteo.
Asimismo, presentó ante la Cámara Federal de Casación Penal un recurso extraordinario federal para que se revisen las reglas de conducta que deberá cumplir en su prisión domiciliaria. Se quejó porque “resultan lesivas de los principios de legalidad sustantiva, de reserva y de igualdad ante la ley, de los derechos a la intimidad y privacidad y de los principios de razonabilidad y proporcionalidad”.
Reclamó contra el régimen de visitas controlado y por el uso de la tobillera electrónica “que genera a algunos, el morbo de la estigmatización y el ensañamiento de parte de un poder judicial que ha perdido el rumbo y se ha apartado de la aplicación de la ley”.
Sobre el pedido de apartamiento de los ministros de la Corte, para que se atienda el recurso la defensa señaló “severas incongruencias y contradicciones que no solo implican un grave retroceso en materia de garantías constitucionales y convencionales, sino que, además, configuran una situación de temor objetivo de parcialidad”.
Los abogados cuestionaron que en la Máxima instancia, siempre se desestimaron los recursos extraordinarios sin responder ninguna de las quejas, a la vez que para ratificar la condena de Vialidad respondió con una celeridad que -según entendió- la complejidad del caso no precisaba.
