Venció el plazo para que Cristina Kirchner y otros ocho condenados en la causa Vialidad pagaran el decomiso de U$S 537 millones. La medida que podrá adoptar el Tribunal Oral Federal 2.
Cristina y otros condenados no pagaron el decomiso millonario en la Causa Vialidad. (Foto: archivo)
Ninguno de los nueve condenados en la causa Vialidad, incluida la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pagó el decomiso millonario que ordenó el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 como parte de la sentencia por administración fraudulenta. La suma, fijada en U$S 537 millones -equivalente a 684 mil millones de pesos al valor actualizado- debía depositarse de manera solidaria en una cuenta judicial antes de las 9:30 de este miércoles.
El plazo venció sin que se registraran pagos ni presentaciones para cumplir la orden, por lo que los jueces quedaron habilitados para rematar bienes y ejecutar el dinero ya embargado. La medida alcanza a todos los condenados, entre ellos el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti.
El TOF 2, integrado por Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, dictó la sentencia en diciembre de 2022 en el marco de la causa que investigó irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
En ese fallo, Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La resolución incluyó el decomiso solidario de U$S 537 millones, monto que se calculó como el perjuicio económico al Estado por la maniobra.
El cálculo fue actualizado por peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, lo que elevó el valor en pesos a 684 mil millones.
El 29 de julio, el Tribunal intimó a los condenados a depositar el dinero en una caja de ahorro del Banco Nación a nombre del TOF 2, fijando un plazo de 10 días hábiles. La advertencia fue clara: en caso de incumplimiento, se procedería a ejecutar bienes y fondos embargados.
Hoy a las 9:30, el plazo finalizó y ninguno de los condenados realizó el pago ni una presentación equivalente. Esto habilita a iniciar el proceso de ejecución, que será coordinado por la fiscalía a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola.
Además, se ordenó a los fiscales que rastrearan e identificaran otros bienes que pudieran ser embargados para garantizar el recupero del dinero.
La única en presentar un escrito antes del vencimiento del plazo fue Cristina Fernández de Kirchner, a través de su abogado Alberto Beraldi. En su presentación ante el Tribunal, pidió dejar sin efecto el decomiso en lo que respecta a su patrimonio.
Argumentó que “toda la evolución patrimonial de mi familia es absolutamente legítima” y que no posee bienes que hayan sido utilizados para cometer el delito o que constituyan producto o provecho del mismo. En sus palabras: “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado… ni bienes o ganancias que resulten producto o provecho del episodio”.
La defensa también apeló ante la Cámara Federal de Casación Penal para cuestionar el cálculo del monto actualizado a decomisar, alegando que el procedimiento adoptado por el Tribunal adolece de “errores fácticos y jurídicos”.
El punto central de la apelación de Cristina Kirchner es la metodología usada para calcular el monto. Los peritos de la Corte utilizaron el IPC del INDEC, mientras que el perito de la ex mandataria aplicó la tasa de interés del Banco Central (BCRA), llegando a un resultado muy inferior: 42 mil millones de pesos contra los 684 mil millones fijados por el Tribunal.
La defensa pretende que el caso pase a la justicia civil y comercial federal, donde tramita un reclamo por el mismo hecho, y que allí se revise el monto.
El decomiso alcanza a un total de nueve personas. Además de Cristina Kirchner, están:
Lázaro Báez, empresario y beneficiario de las adjudicaciones cuestionadas.
José López, ex secretario de Obras Públicas.
Nelson Periotti, ex titular de Vialidad Nacional.
Ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz que intervinieron en las licitaciones investigadas.
Todos ellos tienen bienes embargados en la causa y podrían ser objeto de ejecución inmediata.
Con el plazo vencido, el Tribunal puede avanzar con el remate de inmuebles, vehículos, cuentas bancarias y otros activos de los condenados. El objetivo es cumplir con el mandato judicial de recuperar el dinero que se consideró malversado.
El proceso de ejecución puede ser extenso: requiere tasaciones, publicaciones de subastas y eventuales oposiciones legales. La fiscalía también podría ampliar la lista de bienes a embargar si detecta activos no declarados previamente.
El decomiso es una figura prevista en el artículo 23 del Código Penal, que habilita a confiscar los instrumentos, productos o ganancias obtenidas por la comisión de un delito. En este caso, el Tribunal entendió que la maniobra de adjudicación irregular de obras públicas tuvo como consecuencia un perjuicio económico millonario para el Estado, por lo que ordenó el recupero del equivalente en dinero.
El carácter solidario del decomiso implica que todos los condenados responden por el total, más allá de la cuota de participación que hayan tenido.
En su presentación, la ex presidenta también criticó la labor de los fiscales Luciani y Mola, a quienes acusó de “omitir una investigación patrimonial exhaustiva” para determinar qué bienes se corresponden con el tipo penal del artículo 23.
Sostuvo que en la sentencia no se identificaron de forma precisa los activos que deberían ser decomisados por estar vinculados al delito y que esto vulnera sus derechos de defensa.
La causa Vialidad fue uno de los expedientes de corrupción más resonantes de los últimos años. El juicio oral comenzó en mayo de 2019 y tuvo como eje la presunta adjudicación irregular de obras viales a empresas de Lázaro Báez durante los gobiernos kirchneristas.
La sentencia de 2022 generó un fuerte impacto político, ya que fue la primera condena penal contra una ex presidenta en ejercicio de un cargo público.
