Se pensaba que Cristina Kirchner iba a hablar del tema este sábado. Pero con habilidad prefirió callar. La Justicia seguirá su camino y la política y la campaña irán por otro carril.
Cristina Kirchner: en su presentación del sábado no habló sobre la Justicia
Se pensaba que Cristina Kirchner iba a hablar del tema este sábado. Pero con habilidad prefirió callar. La Justicia seguirá su camino y la política y la campaña irán por otro carril.
Con la reapertura de las causas Memorándum con Irán, y, Los Sauces y Hotesur, se inicia una nueva discusión judicial, cuyo próximo destino será inevitablemente la Corte Suprema de Justicia. El denominador común es Cristina Fernández de Kirchner, que ahora volvió a quedar procesada para ser juzgada en dos juicios orales, por encubrimiento en un caso, y por lavado de dinero en el otro.
Tanto sus abogados como los representantes del resto de los imputados están trabajando en los planteos con los que van a recurrir a la Cámara de Casación Penal, para que habilite la instancia de revisión ante la Corte. Sí Casación lo rechaza, tendrán que acudir en queja ante el Máximo Tribunal, como última oportunidad para evitar los juicios orales.
No obstante, cuando los expedientes lleguen a la Corte restaría saber si aplicarán o no el efecto suspensivo que frenaría todas las actuaciones, hasta que se pronuncie la cabeza del Poder Judicial.
Los defensores de los acusados se preparan para argumentar que de acuerdo a su análisis, durante la fase preparatoria de ambos juicios orales, los resultados de las pericias que se ordenaron como ampliación de prueba permitieron determinar que no había delito. Además pondrían el foco en que la sentencia salió por la votación de solo dos magistrados.
Asimismo deberán opinar el Ministerio Público Fiscal (MPF) y los abogados de las querellas, por lo que antes de un nuevo fallo transcurrirá tiempo indefinido hasta que quede firme la decisión de avanzar con los juicios.
Tras un derrotero de casi dos años, la Cámara de Casación Penal reabrió dos de las causas que tienen en el banquillo de los acusados a Cristina Kirchner. Estos procesos habían sido cerrados por los tribunales orales, que los tenían a cargo, por “inexistencia de delito”: Memorándum con Irán en octubre del 2021, y, Los Sauces y Hotesur en noviembre del mismo año.
Finalmente, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone resolvieron unos días después de que la Corte Suprema de Justicia declarara el cese de funciones de la tercera integrante de la Sala 1, Ana Maria Figueroa, por haber llegado a la edad límite que marca la Constitución Nacional, sin haber obtenido el acuerdo del Senado para continuar cinco años más en su cargo.
Aunque este resultado se veía venir, fue una sorpresa que en los dos sumarios, Casación decidiera remover a los jueces que votaron por el sobreseimiento de todos los imputados. Así las cosas, ninguno de los dos tribunales que tienen estas causas han ordenado el nombramiento de sus reemplazos.
Tanto en el Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) que tiene a su cargo Memorándum, como en el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), con el expediente de Los Sauces y Hotesur, estarían esperando a que queden firmes los fallos de Casación que revocaron los sobreseimientos. En este sentido, primero aguardarán a que se cumplan los 10 días hábiles que tienen las partes para recurrirlos, algo que todos saben que sucederá.
Recordemos que en el momento de dictar los sobreseimientos el TOF 8 estaba integrado por Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y Jose Michilini, mientras que el TOF 5 por Adrian Grünberg, Daniel Obligado y Adriana Paliotti.
Para que los Recursos Extraordinarios sean aceptados en Casación, los abogados deberían indicar presuntas arbitrariedades o absurdos en los fallos cuestionados. Si cumplen estos requisitos, el tribunal le daría vista al resto de las partes, y finalmente los jueces resolverían sobre la admisibilidad de los planteos.
En el supuesto de que los concedan, deberán remitir las actuaciones a la Corte Suprema. De lo contrario, los acusados podrían ir en queja ante el Máximo Tribunal.
En la justicia, nadie se atreve a arriesgar cuánto tiempo tomaría llegar al último paso de este trámite, pero la incógnita principal es si los juicios se podrían llevar adelante sin una sentencia definitiva de la Corte.
En la causa unificada de Los Sauces y Hotesur, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone revocaron los sobreseimientos de Cristina Fernández y su hijo Máximo Kirchner, su sobrina Romina Mercado, el empresario Lázaro Báez, y sus hijos Martín, Leandro y Luciana Báez, Cristóbal López, Carlos De Sousa, el contador Víctor Manzanares, Osvaldo Sanfelice, Patricio Pereyra Arandia, Adrián Berni, Ricardo Albornoz, Edith Gelves, Emilio Martín, Alberto Leiva, César Andrés, Alejandro Ruiz, Jorge Bringas, Julio Mendoza, Martín Jacobs, Claudio Bustos, Carlos Sancho, Norma Abuin y Jorge Ludueña. Por otro lado, sostuvieron el sobreseimiento de Florencia Kirchner.
Barroetaveña y Petrone fallaron a favor de abrir la causa porque consideraron que no se trataba de un caso típico para la aplicación del art. 361 del Código Procesal Penal (CPP), que establece que el tribunal puede dictar el sobreseimiento como una vía excepcional, cuando por nuevas pruebas resulte evidente que revierten la necesidad de realizar el debate oral para confirmar la inexistencia de un delito.
Indicaron que esa solución debe presentarse “como una consecuencia natural, irreversible e inevitable, que torne innecesario el debate”. Agregaron que en la sentencia que dictó los sobreseimientos, por dos votos contra uno, “no se ha justificado suficientemente la necesidad de la conclusión a la que arribaron los jueces que votaron de forma coincidente, dado que su razonamiento, además de haberse fundado en cuestiones de valoración sumamente debatibles, en definitiva, carece de sustento en prueba novedosa alguna”.
En razón de sus argumentos, Casación devolvió las actuaciones al TOF 5 para que reinicie el trámite del juicio oral. Aunque deberá nombrar dos nuevos integrantes, porque en la misma resolución quedaron apartados los jueces que habían respaldado los sobreseimientos: Adrián Grünberg y Daniel Obligado. El fundamento fue que “configura claramente un caso de prejuzgamiento que quebró la imparcialidad como garantía para las partes del proceso”.
En tanto, la jueza Adriana Paliotti fue ratificada, porque había votado en disidencia con el cierre de la causa, en el entendimiento de que la supuesta prueba novedosa que surge del peritaje contable realizado por el Cuerpo de Peritos Especializado en Casos de Corrupción, constituía un examen parcial, y no reunía las exigencias legalmente admisibles para concluir la inexistencia de delito.
Sobre esos peritajes, vale decir que el fiscal del juicio Diego Velazco solicitará que se retomen esas pericias que fueron suspendidas cuando se dictaron los sobreseimientos. Pedira que se incororen otras medidas de prueba utilizadas en Ruta del Dinero, y en el juicio Vialidad, que terminó con la condena de Cristina Kirchner.
Sobre el sobreseimiento de Florencia Kirchner los jueces explicaron que la asociación de la que habría formado parte "se habría conformado cuando aquella era una niña y al momento de su ingreso -tras el fallecimiento de su padre- las operaciones objetadas que se le atribuyen a esa organización ya se encontraban consolidadas, con su madre y hermano mayor con roles preponderantes, en un contexto donde el peso de la autoridad familiar no podía serle indiferente”.
El juez Barroetaveña puntualizó que “no puede soslayarse su temprana edad, su inexperiencia en operaciones financieras y comerciales, como así también que resulta incontrovertible su ajenidad a cualquier actividad política o desempeño en cargos públicos, dado que es de público conocimiento su afición a disciplinas vinculadas al arte. Estas cualidades, en un contexto de afecto y confianza propios de las relaciones de familia, con su padre ex mandatario de la Nación, su madre Presidenta de la Nación y su hermano mayor vinculado a la política en el ámbito del partido de gobierno, condicionan en forma cierta su autonomía personal”.
A todo esto, los abogados de los procesados en esta causa ya están trabajando en los recursos extraordinarios que presentarán ante la Cámara de Casación, con el propósito de llevar el tema ante la Corte de Suprema de Justicia, y evitar el juicio oral, hasta que se pronuncie el Máximo Tribunal, lo que podría postergarse varios meses, incluso años.
Uno de los imputados que evalúa una estrategia diferente es Leandro Báez, el hijo menor de Lázaro. Su abogado Roberto Herrera planteará que su defendido reciba un trato igualitario al que recibió Florencia Kirchner, pues tiene la misma edad que la hija de la vicepresidenta y que tampoco tuvo cargos públicos.
En este expediente, la hipótesis acusatoria se basa en el funcionamiento de una asociación ilícita destinada a cometer ilícitos, ideada entre Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ex funcionarios públicos de distintas agencias estatales y otras personas de su confianza, y sostenida ininterrumpidamente entre el 2003 y el 2016.
Los mismos jueces que resolvieron en Los Sauces y Hotesur, concluyeron en el mismo sentido en la causa Memorándum con Irán. En este fallo, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone hicieron lugar a los recursos interpuestos por Jorge Knoblovits, en su carácter de presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), y los querellantes Luis Czyzewski y Mario Averbuch, que son familiares de víctimas del atentado a la sede de la AMIA.
De este modo, volvieron a estar procesados con vistas a un juicio oral: Cristina Fernández de Kirchner, Eduardo Zuain, Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Angelina María Esther Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Alejandro Khalil y Ramón Allan Bogado.
Los magistrados entendieron que no se cumplieron los términos del art. 361 del CPPN, porque el informe de Interpol que fue presentado como prueba novedosa, ya había sido incorporado previamente al expediente. Ese documento se refiere a la vigencia de las alertas rojas sobre los imputados iraníes en la Causa AMIA.
Pero además, señalaron que aunque ese documento fuera prueba nueva ”no se advierte, ni los jueces a quo logran explicar, cómo la información en aquella contenida, determina la innecesariedad del juicio”.
En esta causa, también devolvieron las actuaciones al TOF 8 a fin de avanzar hacia el proceso oral, pero ordenaron que antes deben apartarse los tres jueces que habían votado a favor de los sobreseimientos. Se trata de Daniel Obligado, José Michilini, y Gabriela López Iñiguez, quienes por ahora no tomaron ninguna determinación para renovar la integración del Tribunal, a la espera de que se cumplan los plazos que tienen los acusados para recurrir el fallo y obtener la respuesta de la Corte Suprema.
Mientras tanto, uno de los abogados de la querella, Tomas Farini Duggan, le dijo a A24.com que “el fallo tiene como eje dos puntos: que no existe una cuestión política no judiciable, y que no existen elementos de prueba novedosos que justifiquen un sobreseimiento sin hacer un juicio oral”.
Destacó que el objetivo de esta denuncia nunca fue demostrar que el acuerdo con Irán pretende hacer caer las alertas rojas, sino que se hacía peligrar su vigencia, y que, de hecho, las morigeró al generar un banner dentro de las alertas que establecía que Argentina e Irán habían firmado un tratado internacional”.
Puso como ejemplo sencillo que el artículo 361 del CPP “sirve en casos donde se juzga un homicidio, y aparece la víctima en condiciones saludables, por lo que queda claro que no hubo delito, y se suspende el juicio, algo que no se dio en este caso”.
Según Farinni Duggan, “no habrá fecha de juicio hasta finales del año que viene. Ahora deben esperar 10 días hábiles para saber si las defensas presentan su Recurso Extraordinario ante Casación, y si ese recurso es rechazado irán en queja a la Corte, pero -subrayó- la queja no tiene efecto suspensivo, así que se deberán sortear los nuevos jueces para que se ocupen de llevar adelante el proceso oral”.