El PMIPyME (Purchasing Manager’s Index) es un indicador líder a nivel internacional de monitoreo de la actividad económica, que FOP construye con base en datos recogidos en sus Encuestas Coyunturales.
La Cámara de Diputados comenzará el martes a analizar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre "Compre Argentino, Desarrollo de Proveedores y Compras para la Innovación", que pretende modificar las limitaciones que tiene la normativa vigente para que el Estado pueda utilizar su poder de compra como herramienta para el desarrollo y ahorrar alrededor de 500 millones de dólares por dejar de contratar proveedores extranjeros.
Se debatirá en un plenario de comisiones convocado por el diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto, presidente de la comisión de Industria, para las 13 a una discusión en conjunto con la de Presupuesto y Hacienda, que preside el también oficialista Carlos Heller.
Entre los puntos a resolver se encuentra una débil relación entre los objetivos de la ley y la definición de su alcance, ya que no alcanza a sujetos con marcado poder de compra, cuyas contrataciones son financiadas con fondos del Estado Nacional y con un alto impacto en el tejido productivo industrial local. Además, tiene dificultades para garantizar su cumplimiento, ya que no contempla la obligación de brindar información a fin de garantizar el seguimiento, monitoreo y verificación de su cumplimiento efectivo.
El objetivo de la nueva normativa es mejorar los márgenes de preferencia para empresas locales en las licitaciones públicas y contempla poder ahorrar unos 500 millones de dólares por dejar de contratar proveedores extranjeros y promover la creación de 30.000 nuevos empleos. En este sentido, el PAMI fue incluido en el nuevo proyecto de ley por su rol clave para promover la industria farmacéutica nacional y de equipamiento médico.
El proyecto eleva las preferencias de las MiPymes nacionales de un 15% a un 20% y las demás pasan del 8% al 15%. Las empresas extranjeras tendrán un 12% de preferencia si están integradas por capitales nacionales. Además, habrá un 3% de beneficio para las compañías con composición mayoritaria de mujeres, ya sea en capital social, puestos jerárquicos y plantel general.
Se estima que el 65% de los proveedores del Estado son empresas privadas nacionales y 97% son MiPyMES.
De acuerdo con el texto, la preferencia a las ofertas de bienes de origen nacional se otorgará según las siguientes pautas:
a) Cuando para idénticas o similares prestaciones y condiciones de pago el precio de las ofertas de bienes de origen nacional sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un 20%, cuando dichas ofertas sean realizadas por Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), de acuerdo con la Ley 27.264 y sus modificatorias; y en un 15% para el resto de las empresas.
b) Cuando en el marco de lo establecido por la presente Ley resulte una comparación de precios entre ofertas que no sean de origen nacional, se otorgará un margen de preferencia del 1,5% cada cinco puntos porcentuales de integración local sobre el valor bruto de producción de los bienes alcanzados, hasta un margen de preferencia máximo de 12%, conforme los criterios de cálculo que defina la Autoridad de Aplicación a tal efecto.
A través del proyecto se crea además el Programa Nacional de Compras Públicas para la Innovación, que tendrá por objeto "promover la incorporación gradual de desarrollos y soluciones innovadoras en las adquisiciones que realicen los sujetos alcanzados por la presente Ley".
El programa busca "modernizar y mejorar la calidad de los bienes y servicios prestados por el Estado Nacional y responder a las nuevas demandas de la sociedad". El proyecto lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, el Jefe de gabinete Juan Manzur y del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.