Pero es necesario advertir que el gran problema es la amplia franja de desamparadas empresas muy pequeñas, pequeñas y medianas que están al borde de la quiebra y que, tarde o temprano, se verán obligadas a prescindir de personal.
A ellas no les alcanza con un crédito subsidiado de la banca oficial para pagar uno o dos meses de sueldo. Para ellas, no hay luz al final del túnel. Necesitan soluciones estructurales cuanto antes.
Lo otro que hay que señalar, en el marco de una amplia gama de urgencias sociales, es la escasa respuesta oficial ante el escandaloso aumento de precios en los comercios de cercanía. Poco se ha dicho en ese sentido y menos se ha hecho.
Mientras tanto, en este fin de mes, los jubilados empiezan a tener problemas para acceder a sus haberes y las colas frente a los bancos del conurbano bonaerense son cada vez más largas.
En este contexto, cabe preguntarse si lo que está haciendo el gobierno es lo acertado. Lo segundo, es si es suficiente. Con respecto a la primera pregunta, hay que decir que la gran mayoría de los expertos coincide en que las medidas sanitarias son las correctas y que fueron tomadas a tiempo.
En cuanto a la segunda cuestión, no lo sabemos, no lo sabremos en el corto plazo, y tal vez todo lo que se pueda hacer sea dramáticamente insuficiente.
Empieza a ser oportuno preguntarnos entonces si la clase política está verdaderamente dando todo lo que puede y debe dar en esta crisis.
En este contexto de país, comienza a resultar insólita la decisión de no reunir al Congreso de la Nación.
Médicos, enfermeros, policías y colectiveros, entre muchos otros, siguen trabajando. Diputados y Senadores permanecen aletargados en sus casas. ¿Cómo se puede explicar?
¿No deberían los legisladores empezar a buscar consenso en torno a posibles medidas de rescate social y a un plan de emergencia para ser aplicado inmediatamente después del aislamiento general?
Las situaciones de excepción requieren respuestas políticas excepcionales y no simplemente decretos de necesidad y urgencia del jefe de estado.
El gran interrogante es si la clase política será capaz de dar esas respuestas.
De ella depende (y no tan sólo de lo que pueda hacer el presidente, su gabinete y un puñado de asesores) que la crisis sanitaria no derive en una crisis aún más peligrosa, la de la legitimidad institucional.